Cartagena. El Código Minero, del que la intención del Gobierno Nacional es sacarlo adelante en el Congreso de la República con el ánimo de reglamentar la explotación minera en Colombia, requiere del concurso decidido de las comunidades indígenas y afrodescendientes para que no se frene el desarrollo en el país.
Fuente: El Meridiano de Córdoba
Así lo indicaron los congresistas Nora García Burgos y Juan Diego Gómez Jiménez, presidentes de las comisiones Quinta de Senado y Cámara, respectivamente, quienes asistieron al Segundo Congreso del Sector de la Minería a Gran Escala, que se desarrolla en Cartagena.
El Gobierno Nacional, en cabeza de los ministerios de minas y energía y del Interior, vienen inmersos en extensos debates con las comunidades indígenas de Colombia en el sur del país y los afrodescendientes, mecanismo que se denomina consulta previa. Las primeras ya cedieron en la especie de veto levantado al tema, mientras que las segundas se han fragmentado de tal forma, que no ha sido posible reconocer una vocería única para avanzar en el proceso de socialización y construcción de las dos leyes.
La senadora cordobesa, Nora García precisó que “mientras el Gobierno no cuente con una ley con dientes para reglamentar al sector minero en Colombia, el país será vulnerable, tal como ha venido sucediendo hasta ahora, frente a los intereses de estas multinacionales”.
Por su parte, el representante a la Cámara, Juan Diego Gómez Jiménez sostuvo que “aquí no se le quieren violar los derechos a nadie, por el contrario, queremos un desarrollo sostenible para el país”.
Los congresistas coincidieron en que hay que buscar un equilibrio lógicamente entre lo que pagan las empresas mineras en impuestos, regalías y lo que cubren por responsabilidad social, frente al recurso colombiano que extraen las mineras de los territorios del país, donde están asentadas las comunidades mencionadas. Y puntualizaron que el Código Minero así lo contempla.
Con relación al tema el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, precisó que “las consultas previas han tenido inconvenientes, pero vamos avanzando. Como la Corte Constitucional dio plazo hasta mayo para extinguir la vigencia legal del actual código minero (por inexequibilidad), indígenas y Gobierno acordaron pedir la prórroga de ese tiempo para evitar vacíos institucionales y presentar el nuevo proyecto al Legislativo en julio próximo”.
