Las agrupaciones de habitantes de la costa y el Uruguay profundo abajo firmantes repudiamos lo actuado el miércoles próximo pasado por el Presidente de la República y exhortamos a toda la sociedad civil organizada y ciudadanos responsables con el futuro del país a hacer lo propio y a movilizarse en respuesta.
La reciente reunión del presidente con los representantes de la empresa Aratirí–Zamin Ferrous y las declaraciones del primer mandatario sobre una eventual asociación del Estado al proyecto aún en estudio, en sus condiciones, agravan los peligros que venimos denunciando desde hace meses desde diversos sectores de la sociedad civil.
Se viene alertando por este tipo de presiones indebidas ejercidas por Presidencia sobre otros poderes e instancias del estado para la aprobación “express” de este proyecto que está lejos de demostrar su conveniencia para el país. Presiones que agreden cada vez con mayor alevosía los principios republicanos del Estado de Derecho, de la separación de poderes, y de la indispensable independencia técnica de los mismos organismos estatales llamados a entender en delicados aspectos ambientales, sociales, económicos y de ordenamiento territorial. Presiones que esperamos que el Parlamento y la DINAMA, responsables en este momento del estudio de distintos aspectos del proyecto minero, pueda resistir para actuar en beneficio del país y no de un negocio de ocasión.
Esta política de hechos consumados –autoritaria e inconsulta –pretende además ignorar el estado de conmoción social que se vive a diario en los tres millones y medio de hectáreas pedidas para minería en todo el país, así como en las distintas zonas costeras de Rocha en las que se ha anunciado el puerto de aguas profundas asociado al proyecto minero de Aratirí.
Pretende ignorar también una importante corriente de opinión que, a lo largo y a lo ancho del país, crece día a día, y que se ha pronunciado en forma inequívoca contra la instalación de estos megaproyectos. En los plebiscitos que se promueven en varios departamentos, en los más de 400 recursos administrativos presentados para detener la entrada de las empresas a los campos, en los juicios promovidos ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo y en marchas multitudinarias como la del pasado 11 de octubre en Montevideo, que con sus casi 10.000 personas dejó en evidencia la preocupación ciudadana de un grupo mucho más amplio que los supuestamente afectados. En la Asamblea Nacional Permanente, compuesta por más de 35 organizaciones de todo el país, nacida en noviembre como respuesta a la proliferación de proyectos depredatorias e inconsultos, y que sesionó el domingo pasado en Sauce.
Con una responsabilidad que no ha mostrado buena parte del sistema político en todos los niveles, hemos presentado ante la Comisión a cargo de la Ley de Minería de Gran Porte, que habilitaría la instalación de Aratirí y otras empresas mineras, nuestras fundamentadas razones para oponernos a este proyecto y hemos dado cuenta de la situación de conmoción social que reina ante la incertidumbre y la falta de garantías sobre el futuro. Se ha reclamado, con razón, que delicadas decisiones como la sustitución de actividades agropecuarias y turísticas por emprendimientos extractivos de corto plazo comprometen irreversiblemente el uso sustentable del territorio y, con ello, el presente y el futuro de muchas familias, al tiempo que hipotecan sin garantía las posibilidades de las generaciones venideras.
Creemos que estas decisiones clave para el futuro del país deben tomarse por la ciudadanía, libre e informada, en un clima de garantías y respeto por la diversidad de opiniones, y precedida por un serio y amplio debate nacional. Nunca desde el centralismo de los escritorios de la burocracia montevideana y, mucho menos, en los despachos de las empresas interesadas en los mismos proyectos.
Ante la impunidad de los hechos acaecidos* en este largo proceso, vista la importancia de los valores en riesgo y como ciudadanos comprometidos con nuestro país, convocamos a todos los uruguayos a considerar nuevas y más amplias formas de protesta y acción ciudadana, por todos los medios disponibles. Si bien no hay aún un contrato firmado, una ley o un decreto que formalice alguna decisión del gobierno, las declaraciones del presidente ameritan la máxima atención y organización para la defensa de nuestros derechos y de la soberanía.
Con pesar constatamos, una vez más, que nada podemos esperar sino de nosotros mismos.
Mesa Ampliada de Productores y Vecinos de ruta 7 (Contacto: Julio Gómez 099 978 302, Cristina Ramírez 099 064 442, Sebastián Ríos 098134078, Fabiana Campos 091 455 970)
Productores de Cerro Chato y Valentines (Florida)
Productores de Tupambaé (Cerro Largo)
Comisión en Defensa de la Tierra (Treinta y Tres)
Comisión por la vida sustentable y el agua (Rivera)
Grupo No a la minería en Vichadero (Rivera)
Tacuarembó “Por la vida y el Agua”
Grupo de productores y vecinos de San José
Confederación de Pueblos Costeros (Contacto: Ana Alonzo 098 758 710; Matías Seré 094 279 855)
Vecinos autoconvocados de La Paloma y la Pedrera
Vecinos y Amigos de Punta del Diablo
Vecinos Movilizados de Punta del Diablo
Vecinos de La Esmeralda, Coronilla, Cabo Polonio, Punta Rubia.
Cabildo Abierto de Barra de Valizas
Vecinos de Aguas Dulces
Vecinos de Ciudad de Maldonado
Vecinos de Ciudad de la Costa
Vecinos de la Costa Oeste de Montevideo
Colectivo Sauce de Lucha por la Tierra
Apoya: MOVUS
* Un breve repaso de algunos acontecimientos recientes dignos de alarma ciudadana
1. Luego de reunirse por enésima vez con los representantes de la empresa extranjera Zamin Ferrous, el gobierno adelanta como aprobado el proyecto de Aratirí para la extracción de hierro del yacimiento de Valentines, cuando la evaluación del estudio de impacto ambiental por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) está lejos de ser completada, de acuerdo al procedimiento correspondiente según nuestra legislación.
2. Simultáneamente, el gobierno da por resuelta la habilitación del puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, mientras es una decisión a consideración del Parlamento y los estudios técnicos –incluidos los utilizados para justificar este proyecto–, muestran que la localización elegida es altamente inconveniente por sus impactos económicos, sociales y ambientales.
3. La propuesta del puerto de aguas profundas en El Palenque no se sostiene por sí misma con otras cargas o proyectos y –en una política de hechos consumados– el gobierno la asocia a la exportación del hierro, aún cuando el proyecto Aratirí no ha sido aprobado e implica el desplazamiento también definitivo de varias poblaciones y actividades económicas sustentables en la costa rochense.
5. Además de generar un clima institucional inapropiado, el gobierno insiste en ignorar las tensiones sociales originadas por estos proyectos y no escucha los reclamos de amplios sectores de la población, a pesar de las manifestaciones registradas por toda la prensa y las iniciativas en curso para promover plebiscitos en varios departamentos del país.
6. El miércoles próximo pasado, mientras se analiza la Ley de Minería de Gran Porte en el Parlamento, el Presidente impele públicamente a ese órgano representativo a diseñar y aprobar una Ley de Minería a medida de la empresa Aratirí-Zamin Ferrous, adelantando por la vía de los hechos y no del derecho una decisión de importancia país, que viola principios constitucionales como la protección del Medio Ambiente y del agua en particular, y que desconoce la función de planificación estratégica de las leyes de ordenamiento territorial, entre otras.
