El reciente fallo de la Corte Apelaciones de Antofagasta sobre el recurso de protección interpuesto por la Junta de Vecinos de Totoral, la Mesa Social de Copiapó y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales-OLCA, impugnando el modo de operar arbitrario del Seremi de salud de Atacama, es sin duda una muy buena noticia para el país, por su contundencia jurídica, por el resguardo de los derechos ambientales en los que se sustenta constitucionalmente, y por el criterio unánime que lo anima.
Por Lucio Cuenca Berger, Director Ejecutivo de OLCA, publicado por Radio Universidad de Chile
14/03/2012. Pero además es una muy buena noticia porque nos abre la posibilidad de resituar en el debate público el modelo de desarrollo que han impulsado tanto los gobiernos de la Concertación como de la derecha y los mecanismos de los que se valen para ejecutarlo, contra la voluntad de las comunidades y contra el espíritu de las leyes que se supone debieran normar nuestra democracia.
El proyecto Castilla estaba pensado para surtir entre un 10 y 15% de la capacidad de generación eléctrica instalada de Chile, siguiendo la meta gubernamental de duplicar la generación eléctrica para los próximos 10 años. Meta, que tal como revela un estudio de Energía Inteligente se justifica en el aumento de la demanda cuyo 70% responde a los requerimientos de los megaproyectos mineros transnacionales aprobados en nuestro suelo. Estos megaproyectos han sido fuertemente cuestionados y resistidos por todas las localidades vecinas a ellos, y como ya ha sido contundentemente demostrado, implican la fuga acelerada de nuestros bienes comunes, en la mayoría de los casos evaden los exiguos impuestos que debieran cancelar y externalizan los costos sociales y ambientales de sus operaciones, con lo cual termina siendo el Estado el que debe invertir para reparar los daños una vez que la extracción concluye.
Pese a esto, el extractivismo sigue siendo la apuesta de los gobiernos, seguramente la falta de políticas de Estado y el funcionamiento en torno a meros planes cortoplacistas de gobierno, tiene mucho que ver con esto. Es que el extractivismo otorga liquidez en el corto plazo, las empresas para lograr la licencia social para operar invierten porcentajes ínfimos de sus operaciones, pero de todas maneras cuantiosos, en programas de salud, educación, cultura, obras públicas, etc, bajo el rótulo de Responsabilidad Social Empresarial, lo que tiene un doble efecto, fortalecer la imagen de las transnacionales como necesarias y responsables, y liberar a los gobiernos de las demandas regionales en el corto plazo.
La perversión de este modelo es tan evidente, como asombrosa nuestra incapacidad de hacerle frente. Por ejemplo, todo el debate energético que se ha sostenido en el país, se ha centrado en qué oferta debe ser la más adecuada para satisfacer la demanda, pero no nos estamos preguntando para qué es esta demanda, si responde o no a los desafíos de desarrollo que como cada región hemos determinado darnos. El centralismo en Chile está demostrando su miopía y absurdo ¿no basta con Magallanes, Aysen, Calama, para que nos demos cuenta?
Como el compromiso con el modelo de desarrollo extractivista es tan ciego en nuestras autoridades, incurren en una serie de despropósitos que contravienen los derechos fundamentales de todos los chilenos y chilenas, y que socavan las bases de nuestra institucionalidad. En este sentido el caso Castilla es sumamente revelador.
En el Informe de Contraloría de Septiembre del 2011 sobre Castilla, requerido por el diputado Robles a instancias de las comunidades afectadas, se dio cuenta de que ya el proceso de modificación del Plan Regulador de Copiapó resuelto por el alcalde concertacionista Marcos López Rivera a fines de 2008, luego de perder la elecciones y justo antes de dejar el mando, había sido completamente irregular. Esto fundamentalmente por dos razones: los estudios técnicos que lo sustentaban no habían sido financiados por la Municipalidad como exige la ley de Urbanismo, sino que por la empresa MPX, hasta el punto de tener el logo de la misma, y además, el municipio no cumplió con los plazos requeridos para asegurar la debida participación e información ciudadana que se exige en estos procesos. Recordemos que esta alteración del plano regulador, fue la que, por presión de la empresa brasilera, cambió la calificación del sector Punta Cachos, Bahía Salados, comuna de Copiapó, lugar donde se quería emplazar Castilla, de zona ecológica protegida con vocación turística, a zona industrial para actividades inofensivas y molestas. Una vez hecho esto, la empresa presionó para que se cambiara la calificación de “contaminante” emanada de la Seremi de Salud Pilar Merino. Con el cambio de gobierno en marzo de 2011 asumió la seremi Raúl Martínez, quien modificó la calificación de la termoeléctrica a “molesta”, en un proceso del todo irregular, lo que fue fallado por la Corte de Apelaciones de Copiapó y la Corte Suprema, de forma unánime, ante el requerimiento de los vecinos que se oponían a la construcción de la central, fallo que motivó de hecho la renuncia del profesional.
En este contexto se encontraba el proyecto cuando asume como SEREMI el ginecólogo Nicolás Baeza, a quien se refiere el fallo de la Corte de Antofagasta, determinando que su accionar fue arbitrario al cambiar nuevamente a través de otro procedimiento administrativo la calificación de esta termoeléctrica, 5 veces más grande que la rechazada Barrancones, como industria solo molesta. Sin embargo, este actuar no fue en solitario, el informe de la Contraloría da cuenta de la constitución durante el gobierno de Sebastián Piñera de un Comité de Agilización de Inversiones CAI, que realizó todas las gestiones pertinentes, incluyendo reuniones fuera de la institucionalidad y presiones a funcionarios para que en marzo de 2011 el proyecto alcanzara una calificación ambiental favorable.
Según Contraloría, este Comité es muy frágil jurídicamente, pues debió ser constituido por decreto ministerial de cada uno de los organismos del Estado involucrados, cuestión que no ocurrió, pero además, al menos en el caso Castilla, hay pruebas suficientes que dan cuenta que se excedió en sus funciones, tomando para sí atribuciones que son de exclusiva competencia presidencial. En carpeta de este Comité no solo estaba Castilla, sino que al menos habían otros 32 proyectos, que nos imaginamos han sido objeto de las mismas presiones que el caso que nos ocupa en esta columna.
Con todo lo señalado, nos parece entonces que aunque el fallo de Castilla es sumamente relevante y auspicioso, y sienta un muy importante precedente en la historia jurídica ambiental chilena, no nos puede llevar a concluir que se ha restablecido el Estado de derecho en nuestro país. Más bien, constituye una muy buena posibilidad para que como sociedad dimensionemos la arbitrariedad del modelo de desarrollo que se impone cada día, la vulnerabilidad de nuestro Estado de derecho frente a las presiones transnacionales, y la necesidad de generar un proceso real de exigencia de nuestros derechos y de fortalecimiento de nuestra escuálida democracia, de manera que, por ejemplo en Castilla no permitamos otra vez más el chantaje y las presiones de los voceros directos o indirectos de los intereses eléctricos y mineros, que seguramente buscarán crear un clima de terror ante un presunto desabastecimiento de electricidad, tal como han hecho con Hidroaysén, durante el tiempo que dure la apelación en la Corte Suprema.
