Las organizaciones ecologistas mantuvieron hoy sus duras críticas al polémico decreto del Gobierno de Brasil que permite la minería en una gigantesca reserva en la Amazonía, pese a que el presidente del país, Michel Temer, publicó una nueva medida para supuestamente ofrecer garantías ambientales.

Fuente: EFE

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«Nada cambia. El nuevo decreto tan sólo citas medidas de protección ambiental que ya eran obligaciones del Gobierno», dijo a Efe el director de Campañas de Greenpeace en Brasil, Nilo D’Avila.

El decreto publicado la semana pasada extingue la Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), un área amazónica de más de 47.000 kilómetros cuadrados (superficie mayor que Dinamarca), para permitir que empresas privadas puedan explotar minerales en el área, algo reservado hasta ahora sólo al Estado.

La decisión generó una gran polémica, fue criticada por organizaciones no gubernamentales como WWF y Greenpeace y provocó una campaña en las redes sociales, secundada por varias celebridades, para exigir al Gobierno que diera un paso atrás.

En sólo tres días de campaña, la organización de defensa de la Amazonía Avaaz reunió casi 600.000 firmas en una petición ciudadana dirigida al Gobierno para que «Impida que la Amazonía se convierta en un desierto».

El principal temor de los ecologistas se debe al grave impacto social y ambiental en un área que también abarca tres unidades de conservación, tres reservas ambientales y dos reservas indígenas.

Las reservas indígenas y ambientales equivalen a cerca del 69 % del área total de la Renca, creada en 1984, durante la dictadura militar, para proteger yacimientos de oro, cobre y otros minerales en una zona en los estados amazónicos de Amapá y Pará.

«El objetivo de la Renca era garantizar la soberanía nacional, pero en la época de su creación no había ninguna reserva en su interior y hoy casi toda el área está preservada. Es imposible impedir que un proyecto minero amenace áreas vecinas protegidas», dijo el senador Randolfo Rodrigues, legislador de Amapá y uno de los principales críticos del proyecto.

Las críticas obligaron al Gobierno a revocar el decreto original y a publicar hoy uno nuevo, en el que matiza que las actividades minerales estarán estrictamente prohibidas «en las áreas de la extinta Renca que estén superpuestas con unidades de conservación de la naturaleza o con tierras indígenas».

Según el ministro brasileño de Medio Ambiente, José Serney Filho, el nuevo decreto deja claros los límites de las actividades mineras y ofrece garantías para preservar las reservas existentes.

«Hubo un señalamiento de que estábamos abandonando la Amazonía y dándola al sector mineral y eso no es cierto. El nuevo decreto deja bien claro que la medida no reduce las reglas ambientales», dijo.

Pero el supuesto «paso atrás» del Gobierno no ha frenado las críticas.

«Nada cambió. El decreto dejó claro que aún hay 1,8 millones de hectáreas susceptibles a la explotación mineral, por lo que el Gobierno lo único que hizo fue convocar a una nueva carrera por el oro en la Amazonía», a juicio del responsable de Greenpeace.

«La mayor amenaza es el ruido que se hizo y que va a atraer a miles de garimpeiros (mineros artesanales). La segunda es que se permite la minería sin que haya un corredor ambiental que proteja las reservas existentes en su interior», agregó D’Avila.

Para el senador Rodrigues, el nuevo decreto es un intento de un Gobierno arrinconado para «engañar a la sociedad brasileña y a la comunidad internacional».

«Nada cambia con el nuevo decreto, ya que mantiene la extinción de la Renca y vulnera áreas indígenas y ambientales», dijo a Efe.

El vicepresidente de Conservation International en Brasil, Rodrigo Medeiros, opinó que la revisión es un intento de Temer de limitar el problema a un fallo de comunicación.

«Pese a que la minería estará limitara a menos del 30 % de la Renca, todo proyecto minero atrae otras actividades, como minería ilegal, comercio y prostitución, que amenazan la integridad de las áreas vecinas», afirmó Medeiros.

El director ejecutivo de WWF Brasil, Mauricio Voivodic, aseguró que la prohibición de la minería en las reservas ambientales ya estaba prevista en el primer decreto, aunque no tan explícitamente, pero el problema son los efectos ambientales indirectos en las áreas aledañas.

La Procuraduría General de Brasil tampoco quedó convencida por el nuevo decreto y mantuvo su petición a la Justicia para que suspenda de forma inmediata todos los efectos de la polémica decisión.