La justicia brasileña ha decidido este miércoles suspender la decisión del Gobierno de Michel Temer de acabar por decreto con una norma que destinaba una inmensa reserva de cobre en la Amazonia solo a la explotación estatal. La medida abría el camino a que se instalen mineras privadas para extraer otros metales. El área posee un alto potencial de oro y otros metales preciosos y está situado entre los Estados norteños de Pará y Amapá, donde cubre una superficie de 26.450 kilómetros cuadrados, poco mayor que Dinamarca. La decisión del Ejecutivo de Temer ha levantado una enorme polémica. El juez del distrito federal de Brasilia que ha decidido suspenderla entiende que no se puede modificar una reserva mineral mediante un simple acto administrativo del presidente.
Fuente: El País
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La reserva fue creada en 1984, al final de la dictadura militar en Brasil, mediante un decreto que determinaba que solamente la Compañía Investigación de Recursos Mineros, una empresa pública perteneciente al Ministerio de Minas y Energía, podía hacer prospecciones en el área. La decisión del Gobierno abría la posibilidad de que grandes empresas -algunas ya han reconocido públicamente su interés- instalasen allí explotaciones mineras. Grupos ambientalistas y numerosos expertos denuncian que la medida amenaza dos reservas indígenas, un parque nacional, dos bosques protegidos y cuatro reservas ecológicas en la zona.
Liberada el área para la explotación minera, el paso siguiente sería subastar las licencias. El Gobierno afirma que todas las áreas de protección continuarían siéndolo, ya que la legislación no permite realizar prospecciones en esos lugares. Pero en la práctica las salvaguardas ambientales pueden verse sensiblemente relajadas, según Luiz Jardim, profesor de Geografía de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y miembro del Comité Nacional en Defensa de los Territorios frente a la Minería. “El Gobierno sabe que esa es una área de intensa biodiversidad y altamente preservada. Y aún así está mostrando que tiene interés en abrir el lugar para grandes proyectos”, dice. “Sabemos que la minería es la puerta de entrada para otros intereses, como abrir carreteras, atraer madereros…. Es una amenaza para esas unidades de conservación”.
La iniciativa forma parte de un paquete de medidas que el Gobierno de Temer viene lanzando como parte de un programa para reactivar la minería. El Ministerio de Minas y Energía sostiene que la decisión “permitirá que la región se beneficie de una explotación mineral racional y organizada”. “El objetivo de la medida es atraer nuevas inversiones, con generación de riqueza para el país y de empleo y renta para la sociedad”, sostiene el Gobierno, que también argumenta que la minería organizada podrá ayudar a acabar con los garimpeiros (buscadores ilegales de oro) que actúan en la zona. “El Gobierno ha enviado un mensaje político”, afirma el profesor Luiz Jardim. “Es un gesto al sector de la minería en el sentido de indicar que va a flexibilizar cualquier barrera que impida o dificulte la explotación”.
En las últimas semanas el Gobierno de Temer ha adoptado otras polémicas medidas que reducen la protección ambiental en áreas de la Amazonia, donde la deforestación ha vuelto a avanzar en los dos últimos años, y que ponen freno a la demarcación de tierras indígenas, por lo general vírgenes pero codiciadas por empresas agrícolas y energéticas.
Desde la aprobación de la medida, se han sucedido las reacciones contrarias, no solo de ecologistas y grupos de la oposición, sino incluso de uno de los principales apoyos del Gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) . Un personaje muy popular en Brasil, y entusiasta defensora de la tesis ambientalistas en la Amazonia, la modelo Gisele Bündchen, residente en Estados Unidos, llegó a decir en su cuenta en el Twitter que la medida es “una vergüenza”. “Están subastando la Amazonia”, escribió. Tras la intervención de Bündchen, Temer divulgó una nota en la que asegura que el área que el área que pretende abrir a la minería “no es un paraíso”.
