Unas cien cooperativas mineras burlaron la Constitución boliviana al suscribir acuerdos que beneficiaron a empresas transnacionales, denunció este miércoles el gobierno, que enfrenta un conflicto con el sector que en una semana ha provocado dos muertes y cortes de importantes rutas.
Fuente: AFP
Las cooperativas realizaron acuerdos privados sin autorización del Parlamento, amparadas en una nueva ley minera que las autorizaba a ello pero que el gobierno quiere modificar por inconstitucional, lo que desató la ira de los mineros.
El ministro de Minería, César Navarro, dijo que “cerca de 100 cooperativas firmaron acuerdos con diferentes empresas privadas (..), beneficiando fundamentalmente a la inversión privada”.
La denuncia de Navarro surge un día antes de que el presidente Evo Morales, de cuyo gobierno los mineros son un sostén principal, se reúna con los representantes del sector, que levantaron los cortes de rutas mientras negocian una salida al conflicto.
El debate sobre la ley fue suspendido temporalmente en el Congreso.
Navarro, que asumió el cargo el martes en remplazo de Mario Virreira, destituido por el estallido de la crisis en el sector, ordenó el precintado judicial de documentos de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para iniciar una auditoría.
Un informe preliminar encontró irregularidades en “seis contratos mixtos que han firmado cooperativistas con empresas privadas. Ese ha sido uno de los mejores mecanismos de privatización de los recursos naturales”, indico Navarro.
“Por ejemplo, encontramos el contrato que existe entre siete cooperativistas mineras de Potosí (suroeste) con la empresa Manquiri”, filial de la estadounidense Coeur d’Alene Mines.
Según Navarro, “aproximadamente Manquiri tiene un ingreso neto de venta de 200 millones de dólares (anuales) y, si reducimos los costos operacionales y de realización, cerca de 63%, tendríamos una ganancia líquida de 66 millones de dólares”.
En otra dependencia estatal, el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), fueron encontrados otros 35 contratos aparentemente también irregulares de explotación conjunta entre cooperativas y empresas.
“En ese caso, la forma de distribución (es) el 85% para la empresa y el 15% para el titular”, que paga impuestos del 1% de sus utilidades al Estado, agregó Navarro.
“Hay una élite que ha firmado este tipo de contratos en desmedro de una cantidad de cooperativas, pero además beneficiando fundamentalmente a la inversión privada”, subrayó el ministro.
