Guadalajara, Jalusco, México -11/10/07. Concluyó hoy la cuarta sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), con la esperanza de que sus resolutivos y recomendaciones coadyuven en las luchas que poblaciones de México, Chile, Perú y Honduras sostienen para que su derecho a agua limpia y un medio ambiente sano se cumpla y sea protegido por las autoridades por encima de los intereses económicos. Durante los trabajos del organismo internacional en esta ciudad se presentaron siete casos de contaminación y sobrexplotación de acuíferos, cuatro de ellos relacionados con actividades mineras y tres por asentamientos humanos y actividades industriales.
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Fuente: La Jornada, EFE y Eco Noticias
Phillippe Texier, presidente del jurado que sesionó durante cuatro días en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara, aclaró a los denunciantes que las recomendaciones del TLA no significan el fin, sino el seguimiento de su lucha social, y los invitó a continuar ejerciendo presión, porque el Estado debe procurar agua sana a sus pueblos y protegerlos. “Tuvimos testimonios de una realidad muy dura; esto será una gota más de agua para quienes no tienen acceso a un líquido potable y aceptable”, dijo.
En los cuatro casos mexicanos expuestos, referentes a afectación del acuífero Chalco-Ameca por la construcción de proyectos inmobiliarios en el valle de México; posible contaminación del pozo El Calvario, ubicado en Cuautla, Morelos, por la operación de la gasolinera Milenium 3000; amenaza a los recursos hídricos en el municipio del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, por la Minera San Xavier, y los daños a la salud que sufren los pobladores de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, por la excesiva contaminación del río Santiago, el jurado del TLA asentó que la falta de coordinación eficiente entre las autoridades federales, estatales y municipales ha impedido la aplicación efectiva de las normatividades ambientales para una gestión sustentable de los acuíferos y ha propiciado la elusión de obligaciones institucionales.
En el caso de la contaminación del río Santiago – que lleva 30 años– y los daños a la salud de los habitantes de Juanacatlán y El Salto, el TLA responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno por el “alarmante” deterioro de la cuenca y los efectos en la salud y las condiciones de vida de la población de dichos municipios, y los instó a que acuerden los términos para una posible declaratoria de emergencia sanitaria en la zona.
También les recomendó elaborar un estudio epidemiológico e interdisciplinario, independiente y participativo para analizar los daños a la salud de los habitantes; que los consejos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico discutan sobre la degradación del río y se le relacione con los problemas de salud pública; se apliquen medidas de atención médica especializada y se realicen monitoreos constantes en los principales corredores industriales de dicha cuenca.
Para los casos de Cuautla y Cerro de San Pedro, el jurado recomendó suspender las actividades de la gasolinera Milenium 3000 y de la Minera San Xavier, ligada a la empresa canadiense Metallica Resources, por lo que acordó notificar del veredicto al gobierno de Canadá para que promueva mecanismos de vigilancia, indemnización y reparación de los daños causados por las empresas de ese país que realicen actividades en el extranjero. También recomendó la adopción de mecanismos de indemnización por los impactos causados en los sistemas hídricos y el ambiente.
Sobre Cuautla, sostuvo que las autoridades no velaron por el interés intergeneracional de la población, y desestimaron la aplicación del principio precautorio, el cual debe ser incorporado en todos los procesos de evaluación de impacto ambiental.
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Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua: Chile denuncia a minera Los Pelambres
Los desechos que derrama minera Los Pelambres causan una gran contaminación a las aguas, convirtiéndose en una amenaza para la población.
Desde el 8 al 12 de octubre se llevó a cabo la Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, en Guadalajara, México, con el propósito de establecer un espacio de discusión objetiva donde se puedan dirimir controversias relacionadas con la afectación de los recursos hídricos en Latinoamérica.
En la versión 2007 de esta actividad, la cuarta desde el año 2000, se expusieron siete casos que se encuentran relacionados con el tema y que pertenecen a diversos países de la región, entre los que se encuentra Chile.
Manuel Baquedano, Presidente del IEP y uno de los representantes de nuestro país en la audiencia, destaca la importancia de esta actividad, la que entrega la posibilidad de denunciar las amenazas, afectaciones e irregularidades en torno a este importante recurso natural. “Esta audiencia nos da la posibilidad de dar a conocer los peligros y daños actuales que está sufriendo un recurso vital para todos nosotros”, enfatizó desde México.
En esta ocasión, Chile presentó los antecedentes del desastre ecológico que ha ocasionado la minera Los Pelambres en la Región de Coquimbo. La minera está construyendo un depósito para el material tóxico que se desechará por la obra, todo esto muy cerca del estero que abastece de agua a la población, ubicada a sólo 10 kilómetros de distancia.
El depósito El Mauro almacenará 2 mil millones de toneladas de desechos tóxicos, y fue levantado en el Estero del Valle del Pupio debido a sus características geográficas, rodeado de cerros. Así, la minera Los Pelambres concluyó casi totalmente el depósito, sin invertir una gran cantidad de dinero, debido a que por las condiciones del lugar el tranque de relave estaba construido casi naturalmente, según la visión de la empresa. Sólo fue necesario levantar un muro de mil 400 metros de ancho por 237 metros de alto, lo que disminuyó el caudal del agua que llegaba al estero y pronto el acceso de agua a todo el Valle se cerrará, a pesar de que el aprovechamiento del líquido correspondía en su totalidad a la población del lugar.
“La vida de la gente se encuentra amenazada con este proyecto. Además, se viola su derecho a la propiedad pues se le otorgó a la minera los Pelambres los derechos de aprovechamiento en perjuicio de los propietarios”, aseguró Francisco Ferrara, abogado de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) también asistente a la audiencia.
Además de Chile, también presentaron sus denuncias Perú, Honduras y México. Este último expuso varias situaciones críticas que afectan a diversas zonas del país azteca, como la amenaza contra las fuentes hídricas de la población de Cuautla por la instalación de un complejo gasolinerao y la grave contaminación del río Santiago en Jalisco, entre otras.
Los veredictos
Luego de los tres días en que se expuso ante la audiencia los distintos casos que están poniendo en peligro las fuentes hídricas de Latinoamérica, hoy fueron dados a conocer los veredictos, que indican las medidas que se deben tomar para comenzar a resolver cada uno de estos conflictos.
En los veredictos sobre México se trata de cuatros casos en los que se contaminan ríos o mantos freáticos por parte de industrias que arrojan desperdicios a los afluentes. En particular, el veredicto destacó el caso del estado de San Luis Potosí, donde la empresa canadiense Metallica Resources Inc, (Minera San Xavier), amenaza un acuífero que abastece al 40% de la población del lugar.
En relación al caso de El Salto y Juanacatlán, en el que se demostró la grave contaminación del río Santiago, el tribunal resolvió responsabilizar a las autoridades, en los tres niveles de gobierno mexicano, por el alarmante deterioro del río y la cuenca a la cual pertenece, y por las repercusiones sobre las condiciones de vida y la salud de estas poblaciones.
De Honduras, se resolvió que la empresa Minerales Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Gold Corp., ha contaminado las aguas superficiales y subterráneas del Valle de Siria. El Tribunal recomendó que la empresa indemnice a las 40.000 personas que han sido afectadas y que aplique las normas ambientales y sociales vigentes en Canadá.
En cuanto al caso chileno, el Tribunal resolvió exhortar a la empresa y a las autoridades a cancelar de inmediato y en definitiva la obra. Explicó que, además del riesgo ambiental en el norte de nuestro país, pone en peligro la vida de cerca de 20.000 personas que viven en los alrededores y ladera abajo, así como la posible destrucción de sitios arqueológicos.
El tribunal
El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución conflictos relacionados con los sistemas hídricos en América Latina. Fundamenta su actuación en principios de convivencia con la naturaleza, respeto a la dignidad humana y la solidaridad entre personas y organizaciones para la protección de los sistemas hídricos. Es una plataforma para la búsqueda de solución a los conflictos hídricos que suma sus esfuerzos a los que realizan los ciudadanos en otras instancias, administrativas o judiciales, en defensa del ambiente y la protección del Agua.
El Tribunal Latinoamericano del Agua es un organismo de naturaleza ética comprometido con la preservación del agua y garantizar su consumo como un derecho humano para el consumo de las generaciones actuales y futuras. Su legitimidad deriva tanto del carácter moral de sus resoluciones, así como del fundamento jurídico en que se basan. Los convenios, declaraciones y tratados internacionales sobre protección al ambiente son prioritarios en el accionar de esta instancia.
Este Tribunal centra sus actividades en cuatro líneas de trabajo: la creación de nuevos escenarios de justicia, la solución de conflictos, la aplicación de ética exigente y, por último, la educación y sensibilización para la protección de los sistemas hídricos.
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Cuando los estados no atienden a sus pueblos se vuelven cómplices de empresas: TLA
Inaceptable, que gobiernos entreguen recursos hídricos a firmas internacionales
Los países democráticos aceptan las críticas del tribunal, considera su presidente Philippe Texier
Guadalajara, Jalisco, México – 12/10/07. El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) tiene confianza en la actuación de los estados democráticos actuales pero, lamentablemente, cuando hay intereses económicos y sociales en medio de la exigencia al derecho a agua potable y sana, el problema se torna complejo, sostuvo Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia, quien fungió como presidente del jurado del organismo internacional.
No es posible, dijo, que se vendan a grandes compañías los suelos y subsuelos de las naciones y no se atienda la demanda de las poblaciones. “No me atrevo a decir que hay complicidad de los estados en eso, pero no atender el interés de sus pueblos es volverse cómplices de (empresas) internacionales”.
Al concluir las sesiones públicas del TLA y dar a conocer las recomendaciones en torno a siete casos, el también integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, comentó que las denuncias ciudadanas por los daños que provocan compañías extranjeras o industrias de sus respectivos países a los cauces superficiales y subterráneos está aumentando; sin embargo los gobiernos no prestan suficiente atención a ello porque sigue prevaleciendo el interés económico antes que los derechos humanos de los ciudadanos y “eso es grave”.
Como ejemplo Texier mencionó el caso de la construcción del tranque El Mauro donde habrá dos mil 60 millones de toneladas de los desechos de la mina Los Pelambres sobre la vertiente del estero Pupío, de la que dependen mil personas de la comunidad de Caimanes, provincia de Choapa, Chile, cuyo permiso fue negado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, “con la tolerancia de la autoridad, la empresa continuó la obra vulnerando arbitrariamente los derechos de agua, calidad de vida y afectando las actividades agrícolas y turísticas de los pobladores, así como la pérdida de biodiversidad”.
En este como en otros casos, abundó, “vimos que hay una legislación para evitar los daños y también se prevén sanciones, pero no son aplicadas. Entonces, el tema es que los estados no protegen a sus ciudadanos y por eso éstos acuden a la justicia; pero si tampoco cumple, recurren a organismos internacionales, como el TLA, cuyas resoluciones son de carácter ético y moral, pero eso ayuda a la gente que lucha por sus derechos”.
Por eso, asentó el magistrado, “somos incómodos para los gobiernos, pero a mí, en lo personal, no me molesta. Si un estado se reivindica como democrático al menos tiene que aceptar que una reunión como la del TLA –para deliberar y dictaminar en torno a los casos que le son presentados– puede hacerse en su territorio y cuestionar su política. La democracia acepta la crítica”.
Aclaró que el TLA no está en una postura de juzgar ni de condenar sino de ayudar a buscar soluciones, “su espíritu permanente es de, cuando es posible, servir de intermediario para lograr una posible negociación o transacción” entre los demandantes y los demandados.
Texier consideró que los casos presentados en el TLA podrían también llevarse a otros organismos internacionales, como la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales hasta el momento han juzgado únicamente temas de derechos civiles y políticos, y el derecho al agua es económico y social. “El día en que ambas instancias reconozcan su competencia en el campo del derecho al agua se podrá acudir a ellas, pero hasta la fecha no hay una jurisdicción universal en materia de derechos humanos”.
Destacó que el anhelo de quienes participan en el TLA es ayudar a quienes recurren al organismo en busca de justicia. “Los medios que tiene son pocos, pero sus sentencias son importantes. Estoy convencido de que la población afectada –de los siete casos analizados por el jurado– va a ampararse en la sentencia para exigir sus derechos. No tenemos poder vinculante, pero sí un poder moral y ese no hay que descartarlo.”
