Los riesgos de la explotación minera de regiones áridas y semiáridas. Se suma a ello que el déficit de lluvias en la zona llega al 100% y existe una preocupante baja en los niveles de las aguas subterráneas. Un informe sostiene que con los consumos actuales el líquido se acaba en 2012. Para colmo nuevos proyectos mineros constituyen verdaderas amenazas a la sustentabilidad de las cuencas del Huasco y el Copiapó y, por ende, a la subsistencia de la actividad agrícola regional. El auge de la minería y la escasez de agua han creado un mercado del vital elemento.
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Fuente: diario La Tercera
Copiapó, Chile – 05/05/09. La carestía ha llevado a que se paguen sumas astronómicas por el recurso y ha activado un bullante mercado de derechos de agua. También a que peleas judiciales pongan en riesgo el agua potable de Iquique y a que la Región de Atacama corra el riesgo de quedar sin suministro en cuatro años.
En cuatro años más Copiapó se quedaría sin agua. Ni las empresas mineras ni los agricultores contarían con el líquido necesario para sacar mineral o cultivar la tierra. Ese es el caso más extremo de la guerra del agua que se vive en el norte del país y que enfrenta a las empresas entre sí, en una conflagración que ya está en la esfera penal y que ha puesto en riesgo el suministro de agua potable de varias ciudades nortinas.
Aunque la escasez de agua es un problema nacional, en Atacama está su epicentro. Un informe de la firma con base en Canadá Golder Associates, pedido por las empresas de la Región de Atacama agrupadas en Corproa, indica que si se sigue consumiendo el vital elemento al mismo nivel de ahora, el líquido se acaba de aquí al 2012. La entidad sostiene que para poder disponer de agua, las empresas, agricultores y personas deberían consumir menos agua ahora, una misión imposible en una región que tiene en vista cinco proyectos mineros -Caserones, Cerro Casale y El Pachón en Copiapó y El Morro y Pascua Lama en el valle del Huasco- por más de US$ 8.500 millones.
Esta crisis se debe a varios factores. Hace 12 años hubo un sobreotorgamiento de derechos de agua, cuya principal consecuencia fue que “hoy se usa más agua de la que el río Copiapó puede recargar, por lo que poco a poco este acuífero se va secando”, dice un profesional del área minera. A ello se suma que la zona está afectada por la sequía: hoy el déficit de lluvias en la zona llega al 100% y se vislumbra una preocupante baja en los niveles de las aguas subterráneas, informa la Dirección General de Aguas (DGA).
Sin embargo, el director de la DGA, Rodrigo Weisner, pone paños fríos. Sostiene que si bien hay partes del acuífero en que el agua se está acabando, esto no significa que en cuatro años más el vital elemento desaparezca del valle. “Estamos trabajando para que eso no ocurra: fiscalizando las extracciones ilegales e instando a usar agua de acuíferos subutilizados”, señala.
El oro azul
El auge de la minería y la escasez de agua han creado un mercado del vital elemento. El litro por segundo se vende hasta por US$ 60 mil. Con 10 litros se cultiva un campo pequeño; por eso muchos agricultores han optado por dejar de cultivar sus vergeles y vender sus derechos de agua a las mineras. Aunque la considera legítima y legal, Miguel Allamand, presidente de la exportadora Subsole, cuestiona esta práctica.
“Estos valores no tienen lógica agrícola y la rentabilidad de los campos no permite pagarlos. ¿Qué ocurriría si todos los agricultores les venden los derechos a las mineras para aprovechar un valor que la fruta no puede compensar? En este escenario, la agricultura se contraería drásticamente y, por ende, el nivel de desempleo regional se incrementaría dramáticamente, ya que la mano de obra empleada por la minería es infinitamente menor a la que se emplea en la fruticultura”, explica Allamand.
Pero hay algo en que las mineras y los agricultores concuerdan: no hay agua para la actividad actual y menos para la expansión futura de la minería. Y los dardos de Allamand van a los nuevos proyectos. “Constituyen verdaderas amenazas a la sustentabilidad de las cuencas del Huasco y el Copiapó y, por ende, a la subsistencia de la actividad agrícola regional. De ser autorizados, estos proyectos producirían sus inevitables impactos en los próximos años”, dice. Según este agricultor y exportador, “tanto los agricultores como la ciudadanía están convencidos de que los acuíferos de Atacama y principalmente el de Copiapó no están preparados para abastecer nuevas explotaciones mineras de consumo permanente de agua”.
En la otra vereda las mineras dicen que se pueden hacer esfuerzos para racionalizar el uso del agua y que alcance para todos. Hacen ver que ellos usan sólo el 7% del agua de la zona. Un 8% la ocupa la población y el 85% tiene uso agropecuario. Candelaria, de Freeport McMoran y una de las mayores mineras de la zona, asegura que “ha dado pasos tales como utilizar una menor proporción de agua fresca en el procesamiento del mineral que el promedio de la industria minera; hacer más eficientes sus procesos y operaciones e impulsar fuertemente programas de reciclaje para minimizar el consumo”, dice Bernardita Fernández, gerenta de Asuntos Corporativos en Sudamérica de Freeport McMoran.
Otros grupos optaron por soluciones tecnológicas. El Morro, el proyecto minero de US$ 1.400 millones de Xstrata, optó a su turno por una planta desalinizadora para no tener problemas con las comunidades del valle del Huasco.
El Norte Grande
Aunque en la Región de Atacama la situación del agua es crítica, en el resto del norte es apenas un poco más holgada. En Arica, por ejemplo, hay peleas entre la sanitaria Aguas del Altiplano y los agricultores del valle de Azapa, mientras que en Iquique, Collahuasi tiene una gran falta de agua y evalúa depurar agua de mar para usar en sus faenas, pero en Tarapacá hay aún más problemas.
En Antofagasta, la región donde las mineras extraen más agua, se ha evitado el robo de agua usando control satelital. “Tanto Soquimich, como el Ferrocarril Antofagasta- Bolivia, Aguas de Antofagasta (grupo Luksic) y Codelco extraen menos de lo autorizado”, dice Weisner. Estas empresas se unieron para darle agua a un poblado seco: Quillahua.
En esta zona, para obtener agua las compañías han optado por la desalinización (Escondida y Aguas de Antofagasta), los swaps de agua (transferencias del elemento) y la compra y venta. Y se han pagado sumas extraordinarias, como cuando Escondida desembolsó hace cuatro años US$ 200 millones por los derechos de agua de la compañía Zaldívar por 15 años. Hoy esa transacción costaría el triple.
¿Y qué pasa con Codelco? También tiene problemas: el gobierno de Bolivia cuestiona los derechos que la estatal tiene sobre el río Silala.
Iquique sin agua y la pampa sin tamarugos
La guerra del agua en la Región de Tarapacá tiene su epicentro en Pozo Almonte. En este abúlico pueblo se trenzaron, por separado, Aguas del Altiplano (sanitaria de la familia Solari) y Soquimich contra Cosayach, del empresario Francisco Javier Errázuriz. La sanitaria llevó a la justicia la denuncia de la DGA de supuesto robo de agua en la Pampa del Tamarugal, ya que, a juicio de esta empresa, “las extracciones irregulares pueden poner en riesgo el abastecimiento futuro de agua de Iquique” y no sólo eso, sino que también están secando la Pampa del Tamarugal y dejándola sin los árboles que le dan su nombre. En primera y segunda instancia la justicia falló a favor de la Cosayach. El tema se ve ahora en la Suprema.
Un destino parecido tuvo el proceso por usurpación de aguas de Soquimich contra la minera de Errázuriz, también sobre la base de una denuncia de la DGA de que esta última empresa sacaba agua ilegalmente de 68 pozos en plena pampa. Aunque se acreditó que hubo extracción clandestina de recursos hídricos, el juez (s) de garantía Francisco Palacios estimó que sacar agua ilegalmente de fuentes subterráneas no está penado en el Código Penal.
Este fallo conmocionó al mundo jurídico, porque según un informe de la DGA, el 63% de los derechos consuntivos de agua de Chile son de carácter subterráneo. Por eso los abogados que representan a Soquimich interpusieron un recurso de nulidad ante la Suprema. El titular de la DGA, a su turno, hizo gestiones con la Fiscalía Nacional para que el Ministerio Público intente revertir este resultado.
