La suspensión de un juez federal de la Ley de Glaciares en San Juan abre las compuertas a presentaciones similares del resto de las provincias andinas, que aprueban y permiten el saqueo de la megaminería en sus territorios.  Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz, que como San Juan aducen que la norma nacional no es compatible con los intereses locales, buscarán en la Justicia lo que no lograron de la mano de sus representantes en el Congreso nacional a fines de septiembre.

 

Fuente: diario Ámbito Financiero

03/11/2010. En rigor, el juez federal Miguel Ángel Gálvez decidió ayer suspender la aplicación de la ley que protege las masas de hielo en San Juan tras aceptar una medida declarativa de inconstitucionalidad presentada por empresarios y gremios vinculados al sector minero en la provincia, pero no por el Gobierno de José Luis Gioja, que si bien apoyó la iniciativa, no participó formalmente de la acción.

«Sostenemos la misma posición, pero aún no somos parte del proceso. Seguramente San Juan sea citada por el magistrado como el tercer actor obligado y, a partir de ese momento, el litigio entra a la Corte Suprema de la Nación, porque involucra a un Estado provincial y al nacional», explicó a Ámbito Nacional el asesor gubernamental del Ejecutivo sanjuanino, Guillermo De Sanctis. «Entendemos que la ley es excesiva, porque una norma nacional de presupuestos mínimos de ninguna manera puede prohibir. Nos consideramos invadidos», estimó.

Expectativa por el saqueo

La medida judicial fue recibida con beneplácito por todos los mineros. Desde el ámbito empresario, vislumbran que «se viene una guerra legal de idas y vueltas». «Es que es muy difícil la aplicación de la ley», argumentaron, al tiempo que remarcaron que el hecho de contar con el apoyo oficial de los sindicatos de obreros vinculados a la actividad aportó el ingrediente fundamental para lograr que el primer paso ante la Justicia los acerque a sus objetivos. La Cámara de Empresarios Mineros de San Juan, de Servicios Mineros y de la Construcción llevaron adelante la presentación junto a los dirigentes de la CGT, de la UOCRA y de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos.

En el otro rincón, la suspensión fue criticada por grupos ecologistas y organizacionas sociales que respaldaron la norma nacional al advertir que «el sector minero no admite la existencia de la ley y todo indica que no pueden cumplirla, es decir, que están operando en áreas que deben ser protegidas».

En tanto, los mineros quieren hacer minería y las provincias con sus gobiernos se subordinan directamente a tales intereses económicos y aducen que cuentan con normas de regulación de los recursos mineros. Así las cosas, en ese ítem se basa el principal argumento del planteo -hasta ahora, exitoso- de inconstitucionalidad de las cámaras empresariales sanjuaninas y de los gremios, «porque avasalla los derechos de la provincia y porque no tuvo en cuenta las leyes locales». Sin embargo, la Constitución Nacional reformada en 1994 aunque entregó a las provincias el dominio de sus recursos naturales también le encomendó al Congreso Nacional sancionar los «presupuestos mínimos ambientales» a partir de los cuales se puede realizar la explotación industrial.