El campo académico, movilizado por docentes y estudiantes, se une a los pobladores castigados por la actividad minera, y, en frente común, salen a resistir. Todo esto ocurre en algún lugar que nos es tan lejano como si sucediera en Marte; quizá los atascamientos de tránsito en la 9 de Julio, la avenida de Mayo, la General Paz de Capital Federal, de los que estamos tan al tanto por los medios nacionales, minuto a minuto, demoren y traben la circulación de la existencia de este problema, e impidan que su flujo llegue a su lugar de destino, aquí, en nuestra conciencia.
Por Sonia Catela publicado en Rosario/12
La primera universidad del país que en 2009 rechazó esa plata tóxica, la Nacional de Luján. (Aunque había plantado el zapatillazo inicial la sede Esquel de la Universidad Nacional de Patagonia, al debutar el sistema, el año anterior). Siguió la repulsa de la casa académica de Río Cuarto. Luego, se plegó la mismísima Universidad Nacional de Córdoba. Un total de 32 facultades de aquí y allá precedieron o se plegaron a aquéllas. Se niegan a tocar los dineros contaminantes que les corresponden por ley y vienen de la mina La Alumbrera, 87 millones de pesos en juego. Sin embargo, pese a su origen, la Universidad de Rosario sí los tomó. Aunque tres de sus casas difundieron su disenso y repudiaron la aceptación: las Facultades de Ingeniería y Agrimensura, la de Psicología, y la de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
De qué se trata. Se trata de Andalgalá, del ganado y los animales autóctonos que se les mueren a los lugareños, de los pobladores que se enferman, de La Alumbrera, mina a cielo abierto que gana 300 millones de dólares anuales extrayendo allí concentrados de cobre y oro, pero que gasta 100 millones de litros diarios de agua de Campo del Arenal (100 millones diarios) lo que agota una reserva subterránea en esa árida zona catamarqueña, y “disminuye el caudal de los ríos que se nutren de ese acuífero”, según sostiene, al oponerse a recibir su parte, la Facultad de Humanidades de Salta; o, como aduce la facultad de Humanidades de Comahue (Uncoma) los de la minera “depredan los recursos naturales, a los que tienen derecho todos los habitantes, no solamente quienes disponen del capital económico para explotarlos”. O las argumentaciones de Psicología de la UNC y de Humanidades de Salta: “La destrucción del medio ambiente, de la fauna y de la flora, causada por sus actividades es una amenaza directa a la identidad y la cultura de los pueblos originarios que habitan la zona”.
Se trata de que los pobladores de Andalgalá bloquean los vehículos que se trasladan hacia el sitio donde se autorizó ahora y por añadidura una nueva mega explotación faranónica, la de Agua Rica, en la cercana localidad de Potrero. Un centenar de autoconvocados montan su alerta ante los intentos de paso de camiones que transportan insumos o combustible hacia la zona de este flamante campamento minero, (otra maldición), en pleno Nevados del Aconquija.
Resisten. Se trata de negarse a “este modelo saqueador y contaminante”, según se expidió la facultad de Arte de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y de manifestar el rechazo “al despojo de recursos minerales pertenecientes al pueblo argentino llevados adelante por Minera Alumbrera Ltd”, como asevera la Facultad de Ingeniería rosarina. Y debido a que para explotar la mina, se conformó una unión transitoria de empresas que integran corporaciones extranjeras que hoy son Xstrata Plc, de Suiza, Goldcorp y Yamana Gold, de Canadá, la Facultad de Ciencias de la Educación de Entre Ríos denomina al emprendimiento “nueva forma de colonialismo”, por lo que esa casa de estudios también se aparta del dinero distribuido. Se trata de que el transporte de la pulpa de mineral de la Alumbrera se realiza mediante un mineraloducto de 316 Km de largo que corre de Catamarca a Tucumán, acusando roturas que han producido derrames tóxicos, y que en destino, al secarse el concentrado, los líquidos residuales se vuelcan al canal DP2, el que a su vez desemboca en el embalse de Río Hondo en Santiago del Estero, llegando así a la cuenca del río Salí Dulce. “Estos drenajes son la peor amenaza; aumentan el contenido de sulfatos y solubilizan metales pesados facilitando su dispersión aguas abajo”, denuncian los impugnantes.
Y se trata del silencio con que se silencia el tema, que movió a que nuestro premio nobel de la Paz escribiera una carta: “El Centro Interniversitario Nacional (CIN) como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas”, y Pérez Esquivel habla de los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias y de que “la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada”, ya que, después de publicar en 2002 que el número de patologías respiratorias de los niños había aumentado un 63 por ciento, el Hospital Zonal de Andalgalá suspendió toda difusión de datos al respecto.
Se trata de que la mina empezó a producir en 1997 y su vida útil se extenderá hasta el año 2017, en tanto consume “el 25 por ciento de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87 por ciento del consumo total de la provincia de Catamarca”, por lo que, Ingeniería de Rosario rechaza esta “forma de explotación de la Alumbrera ya que en la realización de obras, sistemas, instalaciones, etc. deben primar criterios de sustentabilidad, ética y responsabilidad en la concreción de los mismos”, y que, según impugna la Facultad de Psicología de Córdoba, “en contraparte de todos los beneficios que reciben, las empresas mineras tienen que pagar regalías a las provincias, pero la ley sólo les exige el 3 por ciento del valor del mineral extraído en boca de mina, y en ciertos casos ese monto termina siendo menor a todos los reintegros hechos a estas empresas. Así el Estado Nacional y las provincias pagan a las mineras para que se lleven los recursos minerales afuera del país”, y machaca la de Humanidades de Salta: “el sector minero es beneficiado con la más profusa y hasta absurda liberalidad mediante deducciones impositivas, estabilidad fiscal y cambiaria y otros múltiples beneficios”. Se trata de lo que destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba, “hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal”. En efecto, el vicepresidente de la Minera, Julian Patricio Rooney se halla procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. 32 facultades del país y 3 universidades nacionales rechazan la parte de los 87 millones que les corresponden; “hay que mantener el compromiso con la libertad académica”, señala el comunicado de la Facultad de Arte de Unicen; “repudiar el vínculo entre las mineras y la universidad”, marca Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, “guardar la distancia crítica” puntualizan en Comahue. En su resolución de devolver los fondos que se le asignaran en 2008 y 2009, la Universidad de Córdoba fija realizar una “agenda de tareas académicas, entre ellas sistematizar la información disponible sobre la minería a cielo abierto en Argentina y sobre Alumbrera, proponer cambios en la legislación minera y apoyar a las comunidades afectadas”.
El campo académico, movilizado por docentes y estudiantes, se une a los pobladores castigados, y, en frente común, salen a resistir. Todo esto ocurre en algún lugar que nos es tan lejano como si sucediera en Marte; quizá los atascamientos de tránsito en la 9 de Julio, la avenida de Mayo, la General Paz de Capital Federal, de los que estamos tan al tanto por los medios nacionales, minuto a minuto, demoren y traben la circulación de la existencia de este problema, e impidan que su flujo llegue a su lugar de destino, aquí, en nuestra conciencia.
