Denuncian al secretario de minería argentino por vinculaciones con empresas del sector. Jorge Mayoral p presuntamente tiene nexos con la canadiense Barrick Gold, a cargo de la explotación binacional de Pascual Lama. Esa firma comparte oficinas y directivos con una compañía en la cual el funcionario kirchnerista mantiene participación accionaria.
Fuente: diario Crítica de la Argentina
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, denunciará hoy ante la Justicia al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, por “tráfico de influencias” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.
La legisladora aportará ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, una investigación de la que surgen reiterados nexos entre la multinacional canadiense Barrick Gold y el funcionario kirchnerista.
El informe de Reyes recuerda que, según consta en su propia declaración jurada, Mayoral tiene participación accionaria en tres empresas mineras: Micas Argentinas SRL, Minvail SA y Millstone, y señala que esta última comparte domicilio con la sede argentina de la multinacional Barrick Gold.
Mayoral reconoció que es dueño del 15 por ciento de las acciones de Millstone, una compañía radicada en la provincia de San Juan que, según el directorio de empresas que figura en la página de la Secretaría de Minería, tiene domicilio también en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Marcelo T. de Alvear 624 1º piso. Allí mismo, figuran las empresas Barrick Exploraciones Argentina S.A., J. S. Redpath, Rodeo S.A., Newcrest Minera Argentina SA y Minera Peñoles.
Las coincidencias no terminan ahí. De acuerdo al informe que aporta Reyes, el presidente de la empresa de Mayoral es Hernán Atanasio Celorrio, quien fue durante diez años directivo de Barrick Exploraciones Argentina S.A. Celorrio es un consultor en derecho administrativo y minero que se desempeñó como presidente de Barrick hasta 2006 y fue uno los gestores de Veladero en San Juan y sentó las bases del lado argentino para el proyecto binacional Pascua Lama, que se está iniciando junto con Chile. En la década del 90, ya había sido uno de los artífices de la legislación que aprobó el menemismo para brindarles a las mineras un marco impositivo de privilegio aún vigente.
Sin embargo, el experimentado Celorrio no es el único empresario que aparece mencionado en el informe. Eduardo Represas, su socio en la compañía Novus Argentina, integra además el directorio de Minera Río Tinto junto a Igor Alcides González Galindo, nada menos que el actual presidente para Sudamérica de la Barrick. Todas las compañías tienen domicilio en el primer piso de Marcelo T. de Alvear 624.
Cuando, en 2006, se supo que Mayoral era dueño de tres empresas mineras, el secretario de Minería relativizó la importancia de las firmas: “Ni siquiera llegan al volumen de una pyme y la mayoría ni tiene actividad desde que estoy en Buenos Aires”, aseguró.
“Las empresas cuentan con los beneficios fiscales otorgados por la Ley de Inversiones Mineras. No obstante esto, la Oficina Anticorrupción resolvió que el funcionario puede seguir en sus funciones absteniéndose de intervenir en los asuntos atinentes a las mencionadas compañías”.
La diputada viene trabajando hace tiempo sobre la trama de intereses que gira en torno a la explotación minera. Después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara, en noviembre pasado, la Ley de Glaciares que había sido sancionada por unanimidad en el Congreso, la diputada nacional realizó el informe titulado “La punta del iceberg”. Allí, denunció la vinculación entre la empresa Bentonita Santa Gema, propiedad del senador nacional Cesar Gioja, y la minera Barrick Gold, dado que la compañía del hermano del gobernador sanjuanino se jactaba en su propia página web de ser proveedora de la multinacional minera.
Sobre la base de ese informe, el fiscal Federico Delgado realizó la primera denuncia penal correspondiente que quedó radicada en el juzgado de Martínez de Giorgi quien investiga “tráfico de influencias” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, delitos que figuran en el artículo 265 y 265 bis del Código Penal.
“Es la primera vez que una investigación hace evidente la relaciones existentes entre Mayoral con importantes empresas mineras, entre ellas la Barrick Gold, una de las mayores interesadas en el veto presidencial a la Ley de Glaciares”, le dijo Reyes a Crítica de la Argentina.
El secretario de Minería fue secretario de la Cámara Minera de San Juan y llegó a la función pública durante el interregno de Eduardo Duhalde, recomendado por José Luis Gioja. Sin embargo, cuando los Kirchner arribaron al poder rompió lanzas con sus promotores, pasó a responder al ministro de Planificación, Julio De Vido, y comenzó a trabajar en un proyecto propio para ser gobernador de San Juan. Por eso, pese a sus coincidencias filosóficas, ahora el clan Gioja intenta desplazarlo.
La Barrick deberá reincorporar a un dirigente gremial
La jueza laboral Liliana Tarbuch ordenó ayer a la multinacional canadiense Barrick Gold que reincorpore a un trabajador al que despidió “arbitrariamente”. Se trata de José Leiva, secretario general de la Organización Sindical de Mineros Argentinos (OSMA), quien deberá ser reincorporado con carácter “preventivo” y en similares condiciones a las que tenía cuando fue cesanteado del proyecto Veladero, en San Juan. Si no cumple con la orden judicial, la Barrick deberá pagar una multa diaria de 100 pesos para la minera.
Ayer, a través de un comunicado, Barrick desconoció la representación sindical de Leiva. “Desde el inicio de la operación minera de Veladero, sus obreros se encuentran representados por el gremio AOMA, que es el único en Argentina habilitado para representar a trabajadores de la actividad minera”, afirmaron.
