«Pesadilla de caos y horrible violencia» en minas de diamantes. Las fuerzas armadas zimbabuenses obligan a realizar trabajos forzados a niños y adultos y torturan a los pobladores de los yacimientos diamantíferos de Marange, en el este de Zimbabue, donde en octubre pasado mataron a más de 200 personas, denunció hoy Human Rights Watch.

Buscadores de diamantes en Margue, Zimbabue Fuente: EFE
Johannesburgo, Rep. Sudafricana – 26/06/09.
En un comunicado de 62 páginas titulado «Diamantes en bruto: Abusos de los derechos humanos en los yacimientos diamantíferos de Marange de Zimbabue», divulgado en Johannesburgo, la organización humanitaria afirma que la policía y el ejército zimbabuenses han convertido al área en una «pesadilla de caos y horrible violencia».

Tras el descubrimiento de diamantes en Marange en 2006, los militares, siguiendo órdenes de la gubernamental Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), usaron a finales de 2008 una «fuerza brutal» para controlar el acceso a los yacimientos y en esa operación, llamada «Hakudzokwi» (No retorno, en idioma shona) mataron a decenas de personas, añade la ONG.

Con el declarado objetivo de «imponer orden» en los yacimientos, la operación «Hakudzokwi» comenzó el 27 de octubre de 2008 con vuelos rasantes de helicópteros transportando a soldados armados con fusiles automáticos sobre Marange para expulsar a los mineros locales, señala el documento de HRW.

Desde los helicópteros, los soldados dispararon indiscriminadamente y arrojaron gases lacrimógenos contra los campos diamantíferos y las aldeas circundantes, mientras que efectivos de infantería hacían lo mismo sobre el terreno y en el pánico y en las estampidas desatadas por el ataque, algunos de los mineros quedaron atrapados y murieron en los túneles de las minas.

Los ataques de los militares continuaron durante tres semanas y dejaron un saldo de más de 200 muertos y centenares de heridos. Los soldados forzaron a los mineros a cavar fosas comunes para muchos de los muertos.

Según HRW, el objetivo oficial de la operación militar era hacerse cargo de las operaciones de minado y comercialización que no tenían licencia para ello, aunque en la práctica, parte de los beneficios de la explotación diamantífera de Marange han ido a parar a los bolsillos de algunos altos cargos de la ZANU-PF, que continua en el poder a través de un gobierno de unidad con la oposición.

«El nuevo gobierno de Zimbabue debería retirar al Ejército de los yacimientos, poner fin a los abusos y enjuiciar a los responsables», recalca Georgette Gagnon, la directora para Africa de Human Rights Watch.

En febrero pasado, investigadores de HRW entrevistaron a más de un centenar de personas, entre mineros, víctimas y sus familiares, policías, soldados, líderes comunitarios locales, personal médico, abogados y activistas de derechos humanos en Harare, Mutare y el distrito de Marange.

De esas entrevistas se desprendió que los efectivos policiales desplegados en los yacimientos entre noviembre de 2006 y octubre de 2008 para poner fin al contrabando y venta ilícita de diamantes, fueron, en realidad, los responsables de asesinatos, torturas, malos tratos y acosos contra los mineros ilegales.

Sin embargo, según el documento, esas actividades de los llamados «equipos de reacción» de la policía, fueron sólo un anticipo de la «brutalidad» que se desataría sobre Marange a partir de octubre pasado.

Según HRW, las Fuerzas Armadas aun siguen en la localidad y bajo su control cientos de niños y adultos realizan trabajos forzados para sindicatos que operan al amparo de los militares, mientras los soldados continúan torturando y golpeando a los aldeanos, a los que acusan de ayudar a «mineros ilegales» que no trabajan para el Ejército.

HRW puntualiza que mientras la policía, los militares y los altos cargos de la ZANU-PF se benefician personalmente de la riqueza mineral de Marange, el Gobierno de unidad, formado en febrero pasado, no puede pagar los sueldos de la administración pública y su primer ministro, Morgan Tsvangirai -líder de la oposición- ha recorrido Europa tratando de conseguir ayuda para el desarrollo.

Human Rights Watch insta al gobierno zimbabuense a retirar a los militares de Marange y poner fin a los abusos de los derechos humanos, al mismo tiempo que hace un llamamiento al Esquema del Proceso de Certificación de Kimberley (KPCS, en inglés) para presionar a Zimbabue a asegurar que todos sus diamantes exportados sean legales.