Costa Rica – 27/10/08. Los opositores a la minería a cielo abierto llegaron hasta el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet),a exigir la destitución del ministro, Roberto Dobles, y la derogatoria del decreto que declaró de interés publico el proyecto minero Las Crucitas, en Cutris de San Carlos. Entre tanto, el ministro Dobles recibió una enorme lluvia de preguntas en la Asamblea Legislativa, donde un diputado le pidió la renuncia, casi todos cuestionaron severamente su decreto y algunoslo amonestaron por “no ser un ministro defensor del ambiente, sino un defensor de los intereses económicos de las transnacionales”.También hubo se presentó una Acción de inconstitucionalidad contra decreto minero que permite la construcción de la mina de oro a cielo abierto en Crucitas, a menos de tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
Fuentes: diarios Extra, Informa-Tico y El País
Con pancartas, instrumentos y tumbacocos, los manifestantes se concentraron en las afueras de la sede del Minaet, en San José, para externar su descontento por la actividad minera. “Si no son capaces de defender el ambiente entonces que dejen sus espacios por un mínimo de dignidad, tras este vergonzoso decreto”, dijo Heidi Murillo, presidenta de la Federación Ecologista Costarricense (Fecon). A la manifestación también llegaron los diputados del Partido Acción Ciudadana y del Frente Amplio, así como líderes sindicales.
Daños cuantiosos
Los manifestantes insisten en que la minería a cielo abierto es una de las actividades más destructivas para el medio ambiente.
Murillo dijo que además de la contaminación del agua con cianuro, el uso excesivo del líquido podría dejar a muchos vecinos de la zona sin agua para el consumo humano.
Marvin Rojas, diputado del PAC, afirmó que esta mina lo único que va a dejar es destrucción, deforestación y contaminación, ya que el dinero producto de la extracción del oro será para una empresa privada que obviamente lo sacará del país. “En la zona de Las Crucitas, los vecinos no tienen cañería, ni agua potable y utilizan agua de las quebradas que, cuando la extracción del oro esté en lo mejor, van a estar contaminadas con cianuro y con diferentes químicos”, afirmó el diputado.
Por su parte Gino Biamonte, presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), advirtió que esta manifestación es solo el inicio de la lucha contra la actividad minera en el país.
“Creo que todavía estamos a tiempo, yo espero una actitud responsable del Estado y que detenga esto antes de que hayan algunos focos de violencia porque hay gente que está enardecida, y esto no es ninguna amenaza”, aclaró.
Doble cara
El legislador afirmó que la terrible deforestación y daños ambientales que se dan en San Carlos no son acordes a la imagen que al presidente de la República, Óscar Arias, le gusta tener a nivel internacional.
“El presidente se va a promover su proyecto de Paz con la Naturaleza, pero aquí a lo interno lo que viene es a declararle la muerte a la naturaleza y a decirle que muera en paz”, indicó Rojas. El diputado denunció que tan pronto fue publicado el decreto que declaró de interés publico el proyecto Las Crucitas, 200 personas con sierra en mano ingresaron a la montaña y empezaron a talar los árboles de almendro.
Ministro Dobles bajo fuego en el Congreso
Fuente: Informa-Tico
Bien entrenado en las respuestas, el ministro Dobles repitió una y otra vez los mismos mensajes claves: que todo se había realizado en apego a la ley, que se habían hecho los estudios técnicos correspondientes, que se tomaron todas las previsiones y compensaciones, y que el proyecto de explotación minera en Las Crucitas goza de las tres viabilidades: ambiental, social y económica.
El funcionario fue llamado a comparecer al Congreso por una moción que recibió aprobación unánime de los diputados. La interpelación surgió ante la acción del Poder Ejecutivo que declaró de interés público, mediante decreto, la explotación minera en Las Crucita. Con base en ese decreto, de inmediato se talaron unas 50 hectáreas de almendros en la zona, árboles que sustentan la vida de las lapas verdes, una especie en peligro de extinción.
Desde la fracción oficial
Desde la fracción de gobierno, la diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Ambiente del Congreso, Maureen Ballestero, fue de las más duras interpeladoras del ministro.
“Quizás el decreto no refleja lo que Costa Rica quiere. Este pueblo ha apostado por el uso inteligente de los recursos naturales, de manera sostenible, son preceptos del plan de paz con la naturaleza, que usted, y yo, el PLN, debemos defender” le dijo en el plenario la parlamentaria.
Como socialdemócrata comprometida con el ambiente y como miembro del PLN, Ballestero dijo que Costa Rica “necesita aceleración económica pero no cualquier crecimiento económico, apoyamos el uso de los recursos naturales de manera sostenible y no la depredación”.
Sinfín de cuestionamientos
La diputada liberacionista, Maureen Ballestero, quien preside la Comisión legislativa de Ambiente, afirmó que había recibido cientos de comunicaciones de todas partes del mundo y se quejó del daño a la imagen internacional de Costa Rica y su liderazgo en materia ambiental.
Aseguró que el turista viene al país a ver los ríos, las lapas y los parques y que esa industria genera más dinero que las exportaciones de café, banano y piña juntas. Según dijo, el país desea un desarrollo sostenible y éste debe trazarse a largo plazo.
“Estamos en contra de la minería a cielo abierto -dijo- porque en la realidad no cumplen con los compromisos y tenemos muchos ejemplos de ello en el país, donde han sido un desastre ambiental, suficientes para escribir un pequeño Macondo”.
Admitió que en la zona donde se ubica la mina no existen muchas opciones para las comunidades pero aseguró que “esta discusión no es sobre empleo y deberían buscarse soluciones menos controversiales que la minería a cielo abierto”.
Cuestionó “si el Minaet tuvo la rigurosidad y visión de país que queremos los costarricenses a la hora de emitir el decreto de interés público”.
Interrogó a Dobles acerca de si es ambientalmente viable este proyecto, en una zona donde no solo las lapas están en peligro de extinción, sino 16 especies consideradas raras, 39 especies endémicas y cuatro en peligro de desaparecer.
La diputada le dijo a Dobles que “la ley forestal, otras leyes sobre ambiente, y los convenios internacionales no favorecen su decisión” sobre el decreto.
Se refirió al peligro del uso del cianuro, preguntó si se hicieron los estudios sobre el impacto social y el impacto ambiental de este proyecto, y aseguró que tiene entendido que en ocho semanas se resolverá un recurso que duplica el tamaño del proyecto, porque puede profundizar la explotación a 60 metros, y entonces también duplica el cianuro.
Cuestionó el impacto transfronterizo, ya que las aguas del río Crucitas van al río San Juan. Preguntó si Minaet cuenta con los controles y la capacidad “para supervisar esta riesgosa actividad”.
¿Cuánto es el ingreso bruto que recibirá el país, no la empresa? ¿Hay control sobre los impuestos que deberá pagar? Respecto al empleo, ¿cuántos serán de la zona y cuántos extranjeros? ¿Por qué se consideran los caminos y la electrificación como beneficios, si son inversiones de la empresa para operar?, fueron otras de sus interrogantes.
Muchos de los diputados reiteraron estos cuestionamientos, y otros aprovecharon para fustigar la política de paz con la naturaleza del gobierno, calificar el decreto ejecutivo como una vergüenza nacional e internacional, así como amonestaron verbal y fuertemente al ministro.
Que renuncie
El diputado Alberto Salom (PAC) sostuvo que el decreto emitido por el Ministro Dobles y el mandatario es “una barbaridad e ilegalidad”, dijo que violaron el artículo 19 de la ley forestal “en una ilegalidad que no tiene parangón”, y que “le mintieron al país para favorecer a una empresa privada y eso exige la renuncia al cargo”.
No se había secado la tinta con la que firmaron el decreto, aseveró Salom, cuando ya estaban cortando los almendros y acabando con varias especies en peligro de extinción.
La diputada Grettel Ortiz (PAC) le preguntó a Dobles si estaría dispuesto a derogar el decreto por el bien y la paz de Costa Rica.
También interrogó al funcionario acerca de si son tan grandes los compromisos con la industria minera, que se llegó incluso a eliminar la moratoria y la salvaguarda.
El jefe de fracción del PAC, Francisco Molina, cuestionó que en 10 años al país le quedarán terrenos devastados, ríos contaminados, ya no habrá oro ni los 200 empleos, y el bosque habrá desaparecido, y preguntó si ese era el modelo de país a largo plazo que impulsa el gobierno.Los diputados del PAC colocaron fotos en sus curules que exponían la deforestación generada por las minas. La fracción entregó al ministro una carta dirigida a él, y al mandatario Oscar Arias, donde reclamaron que “el gobierno de la República debe asumir sus responsabilidades, ocuparse de estimular el desarrollo verdaderamente sostenible y no dejarse intimidar por posibles demandas o arbitrajes”.
En la misiva, firmada por los diputados del PAC, reiteraron al Presidente y al ministro “que se revoque el Decreto Ejecutivo número 34801-Minaet, en el que se declara de interés público y de conveniencia nacional el proyecto minero Las Crucitas, a la brevedad posible y que se inicie un diagnóstico de alto nivel técnico de todas las minas del país, para conocer la realidad costarricense con respecto a los impactos de la minería de metales”.
Tensa sesión
La comparecencia del ministro sorprendió al plenario sin que los jefes de fracción y el directorio hubiesen establecido las reglas del juego para la interpelación, asignando cuotas de tiempo por fracción, por diputado o por temas. Ante el intento de resolver unilateralmente desde la presidencia legislativa, los diputados protestaron y debió decretarse un receso para que acordaran un procedimiento.
El ministro Dobles pretendía realizar una exposición de 45 minutos al inicio de la sesión, pero finalmente la hizo en 25 minutos, para luego dedicarse a contestar ampliamente las interrogantes que le plantearon los legisladores, cada uno de quienes contaba con cuatro minutos para hacer sus planteamientos.
Los diputados protestaron repetidamente por el poco tiempo asignado y no faltaron los exabruptos. José Merino llamó “depredador” al ministro y le espetó que “aquí no viene a darnos atolillo con el dedo”. Llamado al orden por el directorio, respondió que no era “una verdadera interpelación, sino una tomadura de pelo”, y retó a Dobles a un debate. El presidente legislativo fue enfático y cortante, e hizo respetar su posición de cabeza del directorio.
A las 6 y 5 minutos se rompió el quórum, pero logró restablecerse, aunque los diputados habían iniciado sesiones ayer desde las 9 y media de la mañana.
A las 7 p.m. de nuevo se rompió el quórum, mientras hablaba el diputado Luis Barrantes. Ante una viva discusión del jefe libertario con el presidente legislativo por el alcance del tema, Francisco Antonio Pacheco lo interrumpió y levantó intempestivamente la sesión.
Acción de inconstitucionalidad contra decreto minero Crucitas
Fuente: diario El País
San José, (elpais.co.cr) – Dos abogados presentaron este lunes una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV contra el Decreto Ejecutivo 34801-MINAET, que permite la construcción de una mina de oro a cielo abierto en Crucitas, a menos de tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
La acción fue presentada por los abogados Alvaro Sagot Rodríguez, vecino de Palmares, Alajuela, y por Mario Peña Chacón, vecino de Ciudad Colón, cantón de Mora, provincia de San José. Ambos son dirigentes de organizaciones ambientalistas de Costa Rica.
“Nos apersonamos ante su Autoridad a efecto de presentar acción de inconstitucionalidad, por violación al derecho a un ambiente sano y equilibrado, por violación al derecho al paisaje y al principio de irreductibilidad del bosque, contemplados en los numerales, 21, 50 y 89 de la Constitución Política y al derecho internacional suscrito y ratificado por Costa Rica”, declararon ante la Sala IV.
El daño ambiental es evidente en los alrededores del lugar donde se establecería la mima a cielo abierto.
Justificaron que “conforme lo establece el numeral 50 y el 89 constitucionales, en relación con la materia aquí discutida y lo dispuesto en el artículo 75, segundo párrafo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, consideramos que al haber un manifiesto interés difuso de por medio, que es el respeto al derecho a un ambiente sano y equilibrado, derecho a un paisaje, respeto al principio de irreductibilidad del bosque, estamos legitimados para interponer esta acción”.
Ambos consideraron que el fundamento de la norma reglamentaria ahora cuestionada, violenta una lógica racional ambiental y por supuesto que los criterios de proporcionalidad que deben estar presentes, para cuando hablamos del “concepto indeterminado” de “Conveniencia Nacional” o del de “interés público”,
Ganancia
Tras citar el artículo tercero de la Ley Forestal indicaron que se debe estar ante una ponderación y posterior toma de decisión, donde se mida la conveniencia social, sobre lo socio – ambiental.
“Por ende, debe haber una posterior toma posición, deben existir estudios científicos, donde lo precautorio debe imperar y como podemos leer en el decreto, en ninguno de sus “considerandos”, citan el estudio que echará luz, sobre si lo social, estaba por sobre lo socio-ambiental y por esto, es que el decreto tiene un serio vicio de inconstitucionalidad por violación, entre otros, al principio precautorio o cautelar ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Sala”, precisaron,
Además, recuerdan que dicho decreto viola el contenido entre otros instrumentos internacionales, tales como: Principio 15 de Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Principio 11 de la Carta de la Naturaleza y en el preámbulo de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que significa, que ante la incerteza absoluta, por falta de estudios, el criterio se debe inclinar por no otorgar una autorización, o como en este caso, una declaratoria de conveniencia nacional y de interés público y así pedimos declararlo.
Al respecto explicaron que “aquí que no se confunda los estudios ambientales de viabilidad del proyecto en sí, con los estudios socio-ambientales necesarios para la declaratoria de conveniencia nacional e interés público, pues son cosas muy diferentes”.
Más dudas
Sagot Rodríguez y Peña Chacón sostienen que es groseramente evidente que la norma reglamentaria no tiene fundamento en el estudio, pues solo se ponderó “posibles e inciertos” ingresos económicos.
Como prueba de ello, remiten a los magistrados al considerando VII del decreto sobre los posibles ingresos para el Estado, la municipalidad de San Carlos y los comerciantes, entre otros, donde se establecen cálculos no precisos y se maneja un lenguaje ambiguo con términos de inversión cercana, se calcula, se estima, entre otros.
“Con lo reseñado vemos una gran cantidad de términos que no son confiables por inciertos y es que esas palabras están en el vacío y no son concretas”, aseguraron.
“Dentro de los compromisos sociales se procurará que al menos el 75% de los empleados sean de la zona cercana a Crucitas”, según el Decreto.
De inmediato cuestionan: “Por qué el Poder Ejecutivo dice como “procurará” un asunto de empleo, pero ese actuar, en la realidad será finalmente la toma de decisión de un tercero, donde el Estado no tiene potestad de intervenir? Y qué pasa si esa compañía decide otra cosa y no procura lo esperado en el decreto? A quién se le reclama cuando ya el ecosistema boscoso esté destruido y se dé un incumplimiento de ese tercero, que hizo lo que el Poder Ejecutivo quería que se procurara?”.
Cuestionan también “dónde están los estudios del impacto social a la zona en cuanto a cantinas, bares? Existirá migración y hacinamiento en la zona? Cuánta mano de obra existe en la región cercana a Crucitas?”.
“Cuándo es el costo ambiental de talar especies incluso que están en veda? Cuánto es el costo ambiental de destruir y alterar los ciclos vitales de los ecosistemas eliminados? Cuánto es el costo ambiental y dónde están los estudios que dicen que no habrá impacto en la población de lapas por
la tala de los almendros que conforman sus sitios de anidamiento y que generan el alimento de estas aves que están en peligro de extinción? Dónde están los estudios previos que debieron existir para darnos certeza de que lo social iba a estar por sobre lo socio ambiental? Qué es socio-ambiental? Qué pasa con el recurso hídrico y los mantos acuíferos de la zona en relación con los costos sociales? Por qué no se cita nada de ello en el decreto?”, son otros cuestionamientos.
“Como se puede leer en el fundamento del decreto cuestionado, se tiene que se ha hecho una enumeración de “posibles” ingresos en dinero, pero en ningún momento, se menciona los efectos ambientales e incluso de valor económico del costo ambiental de realizarse la obra pretendida por una empresa minera”, agregan.
Entrega
Cuestinan también que “ante ello, es que se aprecia el vacío que genera una gran incerteza y es que la falta de fundamentación en criterios como CONVENIENCIA NACIONAL o interés público, no pueden ser tal y como han sido concebidos en el decreto relacionado, pues en ese caso, todo podría ser de conveniencia y de entrega de riqueza de la colectividad y de generaciones futuras, a una empresa transnacional.
Al final, “nos podría dejar con perdidas irreparables en la biodiversidad y es por ello, que insistimos que esa falta de fundamentación, genera un vacío, que deja al mismo decreto sin contenido real de balance, objetivación de la necesidad y de ponderación, de bienes que son de todas y todos los costarricenses, por lo que es manifiesto un vicio de constitucionalidad y a los principios de racionalidad ambiental, proporcionalidad y al precautorio”.
Aquí debe recordarse que en nuestro Ordenamiento Jurídico existe un interés público establecido incluso a nivel legal en materia ambiental, al señalarse en el numeral 11 de la Ley de la Biodiversidad que: “El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”.
Entre otros cuestionamientos a la legalidad del decreto analizan lo que corresponde a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, entre diversas leyes nacionales.
Por otro lado, Sagot y Peña fundamentan su acción en el campo internacional, con los convenios debidamente ratificados y violentados, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural ( Ley No. 5980 de 26 de octubre de 1976) que en su artículo 4 establece la obligación estatal de Costa Rica por “identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en nuestro territorio…”.
Ambos juristas analizan la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de la Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Ley No. 3763 del 19 de octubre de 1976).
Como fundamento de esta Acción también consideran que el decreto relacionado violenta el espíritu del Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de 1996, que establece el compromiso de los Estados centroamericanos a “asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente del país, ni a otros países de la región.
En cuanto a Declaraciones Internacionales, consideramos que se contraviene con la norma reglamentaria el principio 4 de la Declaración de Estocolmo que señala:
“El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su habitad, que se encuentra actualmente en peligro por una combinación de factores adversos…”, citaron Sagot y Peña.
