El conflicto entre la industria extractiva trasnacional y la que representa a grandes capitales de los países de América Latina, con los campesinos y pobladores de las zonas de extracción de minerales, ha generado una poderosa intervención de la Iglesia católica, que se ha constituido, en muchos lugares, como la gran defensora de los derechos humanos de quienes se ven vulnerados por un capital que, muchas veces, no tiene rostro.
Ante la “globalización de la indiferencia”, la Iglesia latinoamericana, respondiendo al Papa Francisco, ha asumido la defensa legítima de los derechos humanos de los pobres y ha querido llevar esa defensa a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
Por ello, representantes de la Iglesia católica latinoamericana serán recibidos en audiencia pública en la CIDH, para exponer ahí su visión en torno a los “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en América Latina”. La audiencia pública se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo, en el marco del 154 período de sesiones de la CIDH.
Los derechos de los pobres sí cuentan
Tanto el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), como el Secretariado Latinoamericano de Caritas (SELACC), la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR), la Comisión Amazónica de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM,) presentarán la posición de la Iglesia católica ante la vulneración de los derechos humanos de poblaciones indígenas y campesinas, afectadas por las industrias extractivas en América Latina.
También darán cuenta en particular de algunos casos emblemáticos en Brasil, Ecuador, Honduras, México y Perú, en los que la Iglesia cumple un papel relevante y formularán algunas recomendaciones a los Estados y sociedad civil del continente para evitar este conflicto y para la defensa de los más débiles dentro de la sociedad, muchas veces “descartados” por las exigencias del capital, el rendimiento y la ganancia.
Durante la audiencia, la delegación de la Iglesia católica latinoamericana, entregará un informe donde se incluyen casos en los que la Iglesia católica ha tenido un papel relevante ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas extractivas. Asimismo, el informe indica que muchos Estados de la región permanecen indiferentes a estas prácticas.
El informe destaca como prácticas usuales la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y las afectaciones graves a la salud, integridad y vida, especialmente de comunidades indígenas y campesinas.
Finalmente, el informe destaca la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo en América Latina que sea sostenible, en donde esté en equilibrio el desarrollo económico, los derechos humanos y el ambiente, algo que no suele producirse en los países con mayor potencial extractivo como lo son México, Ecuador o Brasil.
Todo el peso de la doctrina social en juego
Para mostrar el “músculo” de la Iglesia en la defensa de los principios de la doctrina social cristiana con respecto a la opción preferencial por los pobres y los excluidos, los “descartados”, irán a Washington varios actores de peso en el tema de Justicia y Paz en América Latina.
Según informa la Agencia SIGNIS, participarán en la audiencia pública monseñor Pedro Barreto, S.J., arzobispo de Huancayo (Perú) y presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM; Dom Roque Paloschi, obispo de Roraima y miembro de la Comisión; monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango (Guatemala) y presidente la Comisión de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Mauricio López Oropeza, director nacional de Caritas Ecuador y secretario ejecutivo de la REPAM; David Lovatón, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y asesor del CELAM para esta audiencia.
Acompañarán esta delegación: monseñor Donald Bolen, obispo presidente de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Brasil (CCCB); Richard Coll y Cecilia Calvo, asesores del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), entre otras personalidades que intentarán sensibilizar sobre los derechos humanos de los más pobres del continente y la necesidad de respetarlos íntegramente a partir de convenciones internacionales como, por ejemplo, el Pacto de San José (de Costa Rica).
