En Argentina son muchas las empresas extranjeras involucradas en proyectos mineros. Entre ellas Cerro Vanguardia de Sudáfrica, Minefinders Corporation Ltd. (de Vancouver, Canadá), MIM Holdings de Australia (que conduce Bajo de La Alumbrera), Rio Algom (de Canadá), North Ltd. (de Australia), Oro Belle Resources (de Vancouver, Canadá), Trelleborn-Boliden, Viceroy Resource Corporation (de Vancouver, Canadá), Atomredmetzoloto (de Rusia), Northern Orion Explorations Ltd. (de Toronto, Canadá), Climax Mining NL, Cambior, Primo Resources, TNR Resources (ex Toscana Resources), Opawica Explorations y Yamana Resources. Estas compañías extranjeras están asociadas con unas 50 empresas argentinas.
Este texto forma parte del “Estudio sobre el Impacto Ambiental y Sanitario de las Minas de Oro. El caso Cordón Esquel.”, por Dr. Raúl A. Montenegro, Presidente de FUNAM. Profesor Titular de Biología Evolutiva Humana en la Universidad Nacional de Córdoba. El estudio completo puede ser descargado como documento PDF en nuestra sección de Documentos > Esquel > Impacto ambiental y sanitario de las minas de oro – El caso Esquel”
Por Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo (*)
Empresas mineras y reacciones ciudadanas.
La producción internacional de oro es liderada por varias decenas de empresas mineras, entre ellas: Acacia Resources Ltd. (South Melbourne, Australia), Agnico-Eagle Mines Ltd. (Toronto, Canadá), Anglogold (Johannesburgo, Sudáfrica), Apex Silver Mines Ltd. (Colorado, Estados Unidos), Ashanti Goldfields Co. Ltd. (Accra, Ghana), Barrick Gold Corporation (Toronto, Canadá), Battle Mountain Gold Company (Texas, Estados Unidos), Berna Gold Corporation (Vancouver, Canadá), Buenaventura (Lima, Perú), Cambio Inc. (Montreal, Canada), Canyon Resources Corporation (Golden, Estados Unidos), Crown Resources Corporation (Denver, Estados Unidos), Dayton Mining Corporation (Vancouver, Canadá), Delta Gold Mines (North Sydney, Australia), Dia Met Minerals Ltd. (Canada), Durban Roodeport Deep Limited (Johannesburgo, Sudáfrica), Echo Bay Mines (Englewood, Estados Unidos), Franco-Nevada (Toronto, Canadá), Freeport-McMoRan Cooper and Gold Inc. (Nueva Orleans, Estados Unidos), Geomaque Explorations Ltd. (Toronto, Canadá), Glamis Gold Ltd. (Reno, Estados Unidos), Goldcorp Inc. (Toronto, Canadá), Golden Star Resources Ltd. (Denver, Estados Unidos), Gold Fields Limited (Johannesburgo, Sudáfrica), Harmony Gold Mining Company Limited (Gauteng, Sudáfrica), Hecla Mining Company (Coeur d’Alene, Estados Unidos), Hill 50 Gold NL (West Perth, Australia), Homestake Mining Company (San Francisco, Estados Unidos), Iamgold Corporation (Markham, Canadá), JCI Gold Corporation (Johannesburgo, Sudáfrica), Kinross Gold Corporation (Toronto, Canadá), Lihir Gold Ltd. (Papua, Nueva Guinea), Meridian Gold (Reno, Nevada, Estados Unidos), Metallica Resources Inc. (Littleton, Estados Unidos), Newcrest Mining Ltd. (Melbourne, Australia), Newmont Mining Corporation (Denver, Estados Unidos), Normandy Mining Ltd. (Adelaida, Australia), Pan American Silver Corporation (Vancouver, Canadá), Placer Dome Inc. (Vancouver, Canadá), Randgold Resources Limited (Southdale, Sudáfrica), Repadre Capital Corporation (Toronto, Canadá), Resolute Ltd. (Perth, Australia), Rio Narcea Gold Mines Ltd. (Denver, Estados Unidos), Royal Gold Inc. (Denver, Estados Unidos), Sons of Gwalia Ltd. (West Perth, Australia), Stillwater Mining Company (Denver, Estados Unidos), Teckgold (Vancouver, Canadá), Viceroy Resources (Vancouver, Canadá) y Vista Gold Corporation (Denver, Estados Unidos) (4).
Muchas de las grandes compañías mineras dedicadas a la explotación del oro en naciones industrializadas fueron cuestionadas en sus propios países por organismos ambientales del gobierno, ciudadanos y ONGs. Este hecho y la creciente demanda internacional de oro favorecieron la mudanza de sus actividades hacia naciones con menores resistencias administrativas y sociales (ver arriba). Una empresa minera como Battle Mountain fue denunciada en Olympia (Washington, Estados Unidos) por descargar cianuro y metales pesados al ambiente. Pero mientras enfrentaba las acusaciones por contaminación en Estados Unidos, Battle Mountain se establecía en Bolivia y otros países. Battle Mountain Gold fué adquirida por Newmont Mining (6).
En América Latina numerosas empresas dedicadas al cateo y la extracción de oro expandieron sus operaciones hacia México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Perú, Chile y la Argentina. Entre las minas activas de nuestro país se encuentran Bajo La Alumbrera en Catamarca (cobre y oro) y Cerro Vanguardia en Santa Cruz (plata y oro). En lo que hace a proyectos con factibilidad podemos citar Agua Rica en Catamarca (cobre y oro), Pascua Lama en San Juan (oro), San Jorge en Mendoza (cobre y oro) y Manantial Espejo en Santa Cruz (oro). Tanto los proyectos de El Pachón (cobre y molibdeno) como los de Pascua Lama (oro) fueron favorecidos por el Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile que se firmó el 29 de diciembre de 1997. Este acuerdo brinda facilidades a las empresas para que exploten yacimientos binacionales en la zona cordillerana.
La revista canadiense “The Corporate Ethics Monitor” indicaba en su número de Julio-Agosto de 1994 que las compañías mineras canadienses emigraban hacia otros países por varias causas principales, entre ellas: (a) Incentivos fiscales del país receptor. (b) Lucrativos depósitos de mineral. (c) Menores costos de producción. (d) Procesos de aprobación menos complicados y rápidos, y (e) Regulaciones ambientales menos estrictas, o que no se aplican. El elevado y creciente precio del oro hace que incluso minas con apenas 0,01 onzas de oro por tonelada de material extraído sean rentables. El pasaje de la minería de oro con mercurio, de alta ineficiencia (60%), e impactos ambientales más visibles en el corto plazo, a la minería de oro con cianuro, más eficiente (97%), se combinó con el alto precio del oro para producir una notable multiplicación de las minas.
En América Latina las crisis de las economías nacionales se combinan peligrosamente con las agresivas estrategias de penetración que despliegan las grandes corporaciones mineras. Este hecho, asociado al uso de información geológica y minera local, multiplicó rápidamente los sitios de cateo y de explotación. En los últimos 5 años el gobierno de Honduras concedió 350 licencias mineras para explorar y potencialmente explotar el 30% de su territorio (7). Este crecimiento de la oferta gubernamental para atraer capitales extranjeros está acompañado por endebles e incompletas legislaciones nacionales sobre ambiente y condiciones de trabajo. Desde Argentina se impulsó uno de los casos más patéticos de convocatoria internacional. Fue organizado por el Ministerio de Economía de la Nación, que durante la primera parte del gobierno de Carlos Menem estuvo a cargo de Domingo Caballo. Una delegación del Ministerio convocó en Denver a grandes empresas mineras de los Estados Unidos, Canadá y otras naciones para que invirtieran en Argentina. Entre los atractivos que invocaron los funcionarios nacionales figuró la debilidad de las regulaciones ambientales y laborales (5).
Lamentablemente esta oscura relación entre empresas mineras de otros países, empresas locales y gobiernos de turno sigue existiendo. De allí que en los últimos 30 años se hayan multiplicado exponencialmente las inversiones mineras foráneas.
En Argentina son muchas las empresas extranjeras involucradas en proyectos mineros. Entre ellas Cerro Vanguardia de Sudáfrica, Minefinders Corporation Ltd. (de Vancouver, Canadá), MIM Holdings de Australia (que conduce Bajo de La Alumbrera), Rio Algom (de Canadá), North Ltd. (de Australia), Oro Belle Resources (de Vancouver, Canadá), Trelleborn-Boliden, Viceroy Resource Corporation (de Vancouver, Canadá), Atomredmetzoloto (de Rusia), Northern Orion Explorations Ltd. (de Toronto, Canadá), Climax Mining NL, Cambior, Primo Resources, TNR Resources (ex Toscana Resources), Opawica Explorations y Yamana Resources. Estas compañías extranjeras están asociadas con unas 50 empresas argentinas.
El listado del AME cita para nuestro país las siguientes empresas mineras como “vinculadas a la explotación de yacimientos de oro”: Anglo Gold Ltd., Barrick Gold Corporation, BHP Billiton, Brancote Holdings Plc. (donde figura junto al nombre “Esquel”), Homestake Mining Company y MIM Holdings Ltd. (de Bajo de La Alumbrera) (8). En base a otras fuentes podemos agregar: Tenke Mining, relacionada con la explotación de oro “Vicuña” en San Juan; Patagonia Gold, dedicada a la exploración aurífera en sus propiedades de Argentina; IMA Exploration Inc. (de Canadá, establecida en Argentina desde 1993); Inlet Resources (búsqueda de depósitos de oro cerca del Veladero); OroPlata Limited de Australia (desarrolla el emprendimiento aurífero de Cerro Negro en Santa Cruz, con 25.199 hectáreas de superficie); Golden Peak Resources (exploración en sus propiedades de Argentina); HPD Explorations (que mantiene un Joint Venture con Patagonia Gold S.A.); IAM Gold Corporation (exploración de sitios auríferos en Argentina); Admiralty Resources NL (exploración en búsqueda de oro y plata); Argentina Gold Corporation; Sikaman Gold Resources; Berna Gold; Consolidated Puma Minerals (prospección en sus propiedades en Argentina; Berna Gold tiene el 33% de su paquete accionario); Crown Resources, dueño del 60% de Solitario Resources (exploración en sus propiedades en Argentina); Black Hawk Mine (exploración, 1998); Meridian Gold de Canadá, y Cardero Resources (oro en sus propiedades argentinas). Los frecuentes cambios por compra y fusión de empresas complica la identificación de las compañías que intervienen en la prospección y explotación de yacimientos de oro. American Gold Corporation, por ejemplo, fue comprada por Homestake Mining Corporation, y ésta, a su vez, fue adquirida por Barrick Gold (6).
El creciente impacto social y ambiental de las minas de oro ha generado numerosos movimientos de resistencia en América Latina. Muchos de estos casos han sido registrados por el “Center for Economic and Social Rights” de Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos) (7). Del 8 al 10 de febrero de 2002 el CESR co-organizó la Conferencia Regional Centroamericana de la “Global Mining Campaign”, donde participaron pobladores afectados y organizaciones de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Este movimiento se está extendiendo también a Sudamérica (7). Un importante trabajo, “Real Cost of Gold. Human Rights Violations in Mining in Ecuador” se presentó en la Sesión 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en Ginebra (Abril de 2001). Actualmente se registran importantes movimientos contrarios a las actividades de las minas de oro en varios países latinoamericanos.
En Argentina las movilizaciones más recientes ocurrieron en Jujuy (2001-2002), desde la comunidad Kolla, y en Esquel (Chubut), contra el proyecto “Cordón Esquel” de la Meridian Gold Inc.
Un estudio realizado por la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos, de Jujuy, determinó que el río Orosmayo está contaminado con plomo y mercurio. El área en la que se muestrearon los sedimentos analizados por la Planta Piloto se encuentra a muy poca distancia de San Pedro, el lugar donde se lava oro con maquinaria pesada. Los vecinos de Liviara venían señalando que “las mojarritas y las truchas que sabíamos cuidar en la zona de Vazcachani, donde teníamos un criadero, ya no queda nada. Todos se han muerto (…) por la contaminación” (27). La comunidad Kolla sigue opiniéndose a la extracción de oro en Liviara y Orosmayo. El 19 de julio de 2002 el Juez de feria José Luis Cardero dispuso una medida de no innovar ordenando, tanto al Estado como a las empresas mineras de la zona que debían “paralizar sus actividades”. Estas compañías han estado extrayendo oro y contaminado el ambiente en abierta violación al Artículo 75 de la Constitución y al Convenio 169 de la OIT. La comunidad aborigen Kolla resaltó en la presentación judicial que conforme al Convenio 169 sus derechos sobre los recursos naturales existentes en sus tierras “deberán protegerse especialmente”. Lamentablemente las empresas siguieron operando, y al finalizar la feria Judicial el Juez Benjamín Villafañe levantó la medida cautelar decretada por Cardero (27).
Para hacer oír sus reclamos y pedir el cese la contaminación producida por las minas de oro, los representantes de todas las comunidades aborígenes de la provincia realizaron a comienzos de agosto de 2002 una “Korpachada” en inmediaciones de los Tribunales. El objetivo era “sensibilizar a los administradores de justicia” sobre los efectos negativos de la explotación del oro. La Asociación de Mujeres “Warmi Sayajsungo” y el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy acompañaron “a los hermanos que en estos momentos se debaten en medio de la injusticia” (27). Invitado por la comunidad Kolla, el autor de este trabajo dictó un curso para más de 140 líderes Kolla y Guaraní dedicado a fortalecer la lucha local contra la explotación irracional del oro y la contaminación de la Puna (28).
La otra gran movilización ciudadana contra los efectos deletéreos de las minas de oro se está desarrollando actualmente en la provincia del Chubut (enero de 2003). Como parte de este proceso ya se tramitaron dos acciones judiciales en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial y Laboral a cargo del Dr. Claudio Alejandro Petris. Una de Amparo realizada por vecinos de Esquel, y la otra una Acción de Daño Temido presentada por la Defensora del Pueblo del Chubut, Marcela Colombini. Ambas acciones ingresaron el 16 de diciembre de 2002. En términos generales procuran detener las obras y trabajos en el Sector El Desquite-Cordón Esquel; declarar su ilegalidad por falta de cumplimiento de la legislación minera y ambiental; lograr una recomposición del ambiente dañado, y que se apliquen multas a los responsables (21).
A comienzos de enero de 2003 se realizó una masiva concentración pública en Esquel. Participaron vecinos de toda la Comarca Andina, de la provincia del Chubut y del resto de la Patagonia “para decirle no a la minería a cielo abierto con uso de tóxicos”. Este movimiento contó en todo momento con el apoyo profesional de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Esquel. Una de sus integrantes, la Dra. Silvia González, fue amenazada por teléfono después de informar públicamente los riesgos que entraña el uso del cianuro en las minas de oro. Los pueblos originarios Mapuche Tehuelche del Chubut y de Río Negro, por su parte, emitieron un duro documento contra las actividades mineras ilegales. Indicaron que se oponen a la intromisión en sus territorios de aquellas empresas u organismos del Estado que pretenden explotar sus recursos naturales “sin la consulta y autorización previa que prevé el Convenio 169 de la OIT” (Ley Nacional n° 24071) (21). Según Quintana la Comunidad de Huisca Antieco presentó un Recurso de Amparo contra la Dirección Provincial de Minas por haber otorgado permisos en abierta violación al Convenio n° 169 de la OIT. También indica que a comienzos del año 2001 “el Fiscal Patricio Romero, de Investigaciones Administrativas de la provincia del Chubut” realizaba una investigación sobre “la usurpación de la titularidad del hallazgo original del yacimiento” (1).
Desde los Municipios este proceso fue acompañado con la aprobación de Ordenanzas que: (a) Limitan o prohíben las actividades mineras que degradan los ecosistemas. (b) Prohíben la instalación de laboratorios de tratamiento químico de minerales. (c) Prohíben la introducción y almacenamiento de cianuro para la minería, y (d) Establecen sistemas de Consulta Popular y Audiencia Pública vinculante previos a la autorización de proyectos que pudieran impactar el ambiente (21). Entre las municipalidades que aprobaron estas normas se encuentran Epuyén, Lago Puelo, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Trevelín (21). Lamentablemente el gobierno de la provincia del Chubut y en menor medida la municipalidad de Esquel “no se presentaron como controladores (…) sino como voceros y difusores” del emprendimiento “limitando y marginando al mismo tiempo las voces disonantes” (1).
Extraído de www.funam.org.ar
