Quieren llamar la atención sobre desarrollos mineros en zonas limítrofes o con repercusiones bilaterales. Son activistas latinoamericanos que se reunirán en la capital chilena para “juzgar” proyectos que consideran negativos para las comunidades locales, el ambiente y la seguridad nacional.
Por Daniela Estrada* publicado en IPS
08/09/2010. “Una de las particularidades de la actividad minera hoy es la expansión hacia zonas tradicionalmente no tocadas, donde se impedía el ingreso por razones geopolíticas o de seguridad nacional, como las fronteras de los países”, explicó a IPS Lucio Cuenca, del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), de Chile.
El OLCA es uno de los organizadores del primer tribunal ético contra la minería de frontera, a realizarse el 30 de este mes en Santiago. En esa instancia se analizarán proyectos de Argentina y Chile, Ecuador y Perú, Bolivia y Brasil, El Salvador y Guatemala, México y Guatemala y el de Costa Rica y Nicaragua (mina Crucitas).
El ejemplo paradigmático lo constituyen Argentina y Chile, que en 1997 firmaron el Tratado de Integración y Complementación Minera. Hasta ahora cinco proyectos han recibido de parte de una comisión binacional el protocolo necesario para operar en la limítrofe cordillera de Los Andes, rica en glaciares.
Se destaca la cuestionada mina Pascua Lama, de la corporación canadiense Barrick Gold, en la norteña región chilena de Atacama y la noroccidental provincia argentina de San Juan, además de El Pachón, las Flechas, Vicuña y Amos-Andrés, todos de capitales extranjeros.
Aún está en trámite el proyecto Cerro Cuadrado, en la Patagonia, de la también canadiense Desarrollo de Prospectos Mineros SA.
Todas presentan oposición de comunidades locales y ecologistas.
Según Cuenca, los efectos ambientales, sociales y políticos de esta minería, principalmente en manos de firmas trasnacionales, constituyen una “realidad nueva” que debe ser visibilizada, ya que no está siendo atendida por la “institucionalidad de protección a los derechos humanos, ni bilateral ni internacional”.
Los activistas critican, además, el decidido apoyo de los gobiernos a las empresas. OLCA, por ejemplo, detectó complementariedad entre el tratado minero chileno-argentino y algunos proyectos IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana).
El tribunal ético, conformado por un panel de jueces y personalidades latinoamericanas, enjuiciará en distintos niveles a los Estados, las empresas mineras y a los países de origen de éstas.
CORDILLERA DEL CÓNDOR
En el norte de Perú, en el límite con Ecuador, las concesiones casi se han triplicado si se comparan los mapas de febrero de 2005 y junio de 2010, con dos casos simbólicos: el de la minera Afrodita, de capitales canadienses, y Río Blanco, de la compañía china Zijin.
Afrodita posee una concesión aurífera en plena cordillera del Cóndor, en la región Amazonas, donde habita el pueblo nativo awajún, y conocida por el conflicto bélico que enfrentó a Perú y Ecuador en 1995. Río Blanco explotaría cobre en una zona de campesinos de la región Piura.
Ambos proyectos están en etapa de exploración y son rechazados por la mayoría de las comunidades nativas y campesinas por temor a que se contaminen sus ríos y bosques. Un escenario similar se observa en las sureñas Puno y Tacna, que colindan con Bolivia y Chile, respectivamente.
José de Echave, de la no gubernamental CooperAcción de Perú, señaló a IPS que “el gobierno no tiene una política que considere los riesgos de seguridad y daño al ambiente antes de dar concesiones en zonas de frontera. Todo parece que se deja a la improvisación”.
La Constitución de Perú prohíbe que se otorguen concesiones a capitales extranjeros en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se apruebe un decreto supremo que declare de interés nacional el emprendimiento. Entre 2002 y 2009 se emitieron 23 de estos decretos.
Magdiel Carrión, líder campesino de Piura y presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, se opone al proyecto de Zijin porque considera que afectará los páramos y el río Blanco, que da origen a otros dos cursos de agua en el límite con Ecuador.
Según Carrión, los proyectos generan división y violencia entre los que están a favor y en contra. “Espero que en el Tribunal Ético de Chile se ponga en evidencia lo que hacen estas empresas y se vea una forma de sancionarlas”, planteó.
EL PANTANAL
En Bolivia, preocupa el proyecto siderúrgico del Mutún, en el oriental departamento de Santa Cruz, que limita con Brasil, a cargo de la compañía india Jindal Steel.
Patricia Molina, del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, señaló que el Mutún potenciará el polo siderúrgico de la región de Corumbá, en el sudoccidental estado brasileño de Mato Grosso do Sul, y dejará en segundo plano el interés boliviano por contar con materia prima y productos terminados derivados del hierro.
El gran impacto ambiental será percibido de inmediato en la región boliviana de El Pantanal, el humedal más grande del mundo con función reguladora del clima que se extiende también por Paraguay y Brasil, porque la industria siderúrgica requiere grandes volúmenes de agua para el proceso del hierro en su fase inicial, aseguró a IPS Molina.
A cuatro años de la firma del contrato entre Jindal Steel y el gobierno no existen avances en el proyecto, pero algunas comunidades indígenas ya sufren la prohibición de usar lagunas naturales como fuentes hídricas, afirmó.
EN EL NORTE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, solicitó el 20 de mayo a Guatemala suspender la explotación de oro y plata de la mina Marlin, ubicada en el occidental departamento de San Marcos, fronterizo con México, al acoger una medida cautelar a favor de 18 comunidades indígenas.
No obstante, Montana Explotadora, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, acusada de contaminar varios ríos, continúa operando la mina por retrasos administrativos en el trámite de suspensión.
Mientras tanto Entre Mares, otra filial de la corporación canadiense, está a cargo del proyecto Cerro Blanco en el sudoriental departamento de Jutiapa, limítrofe con El Salvador, al que se oponen grupos sociales salvadoreños y guatemaltecos.
“Existe el riesgo de un conflicto político binacional porque El Salvador tendría los argumentos legales para afirmar que se violan los derechos humanos de sus ciudadanos” debido a la eventual contaminación de los compartidos río Lempa y lago Güija, que surten de agua a la población salvadoreña, sostuvo a IPS Rafael Maldonado, del no gubernamental Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala.
Natalia Atz, de la no gubernamental Asociación Ceiba de Guatemala, dijo a IPS que la realización de un tribunal ético contra la minería supone una gran oportunidad para mostrar los graves daños que esta industria está provocando a las comunidades en América Latina.
La mexicana Ana María Alvarado, de la directiva del no gubernamental Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, confirmó a IPS que expondrá en ese tribunal el caso de la empresa canadiense Blackfire Exploration, que extrae barita en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
En noviembre fue asesinado Mariano Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, reconocido opositor a Blackfire. Desde diciembre la mina permanece cerrada.
Una misión de organizaciones no gubernamentales canadienses que visitó Chiapas este año constató daños ambientales, corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte de la minera.
* Aportes de Milagros Salazar (Lima), Franz Chávez (La Paz), Danilo Valladares (Guatemala), Emilio Godoy (México).
