Con una situación fiscal cada vez más complicada, las provincias están haciendo uso de su creatividad para mejorar su recaudación por fuera de la coparticipación nacional. Tal es el caso de Santa Cruz, que finalmente confirmó ayer que comenzará a gravar con una alícuota del 1% a las reservas que las mineras tienen bajo tierra.
La medida, sin embargo, podría costarle a Santa Cruz acciones legales por parte de las empresas que operan en la provincia. Y es que, según coinciden los especialistas, el Estado provincial no sólo estaría violando la ley de estabilidad fiscal de la que gozan las mineras, sino que además estaría haciendo prácticamente inviable algunos de los proyectos que hoy están en curso.
A grandes rasgos, la legislación vigente contempla que, una vez que las empresas mineras logran la autorización de su estudio de factibilidad, entonces se le congelan las alícuotas provinciales y nacionales correspondientes a ese proyecto. En ese sentido, según destaca en un informe el ex secretario de minería Carlos Saravia Frías, socio del Estudio Saravia Frías, Mazzinghi Abogados, “la aplicación de este nuevo impuesto resulta violatorio de la estabilidad fiscal en los casos de aquellos emprendimientos que tengan dicha estabilidad concedida”. “[El impuesto] es inconstitucional por ir en detrimento del Código de Minería de la Nación, de la ley de inversiones mineras y del compromiso asumido por la provincia de Santa Cruz mediante el Acuerdo Federal Minero”, sentencia Saravia Frías.
Más allá de los cuestionamientos legales, Mario Capello, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, advierte que el impuesto pone en riesgo todos los proyectos que todavía no están operando.
“Como el tributo grava las reservas -explica el técnico-, las empresas que más deberán pagar son las que todavía no están en operación, porque son las que tienen más cantidad de reservas, mientras que las que ya están en operación, poco a poco se las fueron comiendo.”
Según sus cálculos, en un año, el Estado santacruceño estaría recaudando por este nuevo impuesto por los menos US$ 172 millones adicionales. Entre las compañías más afectadas estarían Goldcorp, con su proyecto Cerro Negro, y Yamana Gold, con Cerro Moro. La primera acaba de empezar la construcción de la mina, mientras que Yamana recién habría presentado el estudio de factibilidad. Pero también impactaría sobre las compañías que ya tienen minas en operación, como Mina San José y Manantial Espejo. No así Cerro Vanguardia, la otra mina que está operando en la provincia, debido a que el derecho minero en este caso es de Fomicruz, la sociedad propiedad del Estado provincial.
En rigor, según la ley, el impuesto se aplica en función del titular del dominio sobre la concesión de una mina situada en el territorio de Santa Cruz. Quedan exentos los concesionarios que se encuentren en etapa de prospección o exploración hasta que presenten el estudio de factibilidad y las propiedades mineras que pertenezcan a las empresas y sociedades del Estado provincial.
“Para un proyecto como Goldcorp, que requiere una inversión de unos 1000 millones de dólares, el impuesto le representa casi unos 200 millones adicionales en los próximos dos años. ¿Cómo se lo explica a sus accionistas?”, ilustra Capello. “Se termina la minería en Santa Cruz con esto”, dice, tajante. Ya de por sí, advierte, la Argentina tiene, en minería, la carga tributaria más alta de América.
La ley, por su parte, promete utilizar lo recaudado en el “financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de la provincia”, aunque “se destinará el porcentaje del 0,25% para desarrollo técnico e informático, necesidades edilicias y equipamiento mobiliario de la Secretaría de Ingresos Públicos”.
Funte: La Nacion
