Varias organizaciones ambientalistas antimineras de Canadá, celebraron en Otawa los fracasos legales de Infinito Gold, que les impidió abrir una mina de oro a cielo abierto en la Región Huetar Norte de Costa Rica.

El 19 de junio anterior, la Sala Constitucional rechazó por unanimidad la apelación que interpuso Infinito Gold una vez conocido el fallo emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), y por la Sala Primera, en noviembre de 2011, el cual revocó la concesión correspondiente a la mina de oro a cielo abierto que la empresa se había propuesto explotar en Crucitas.

En esa localidad de San Carlos, provincia de Alajuela, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua, la minera y otras empresas, inicialmente pretendían abrir una mina de oro, desde hace unas dos décadas.

Esta decisión correspondió a la tercera y última vez que una instancia de la Corte Suprema de Justicia Rica detuvo los intentos de Infinito Gold de desarrollar la controvertida mina.

Según Jamie Kneen, vocero de MiningWatch Canadá, “Esta es una victoria del pueblo de Costa Rica frente a una minera canadiense agresora que pretendió doblegar al país a su voluntad y silenciar a los opositores a la mina; esta decisión judicial también ayudará a mantener la reputación de Costa Rica como país democrático que se preocupa por el medio ambiente”, sentenció.

Las diversas demandas interpuestas por Infinito Gold son suficientes para catalogar a esta empresa canadiense de “litigante abusivo”, dijo.

Aseguró que Infinito Gold no sólo pretendió intimidar al Gobierno de Costa Rica, sino también silenciar las voces opositoras a través de cinco demandas iniciadas en tribunales de instancia, las cuales se dirigieron contra dos profesores universitarios, contra el abogado de un grupo ambientalista y contra dos diputados del Congreso.

A pesar de haber perdido las primeras tres demandas, la intención de Infinito Gold es apelar los fallos. “Durante años, Infinito ha sido un litigante abusivo en Costa Rica y ahora deberá empacar e irse —pero no antes de pagar todos los gastos que provocaron sus litigios y los daños ambientales que ya causó,” comentó Kneen.

Durante muchos años, Infinito ha enfrentado protestas callejeras respaldadas por periódicas encuestas de opinión, las cuales evidencian que más del 77% de la población se oponía al desarrollo de la mina en Crucitas, y en algunas consultas la condena a la minera sumaba más del 90%.

Kneen sostiene que los costarricenses no sólo están celebrando esta reciente decisión de la Suprema Corte; “también esperan que la odiada empresa canadiense capte la indirecta y se vaya”.

Por su lado, Stuart Trew, del Consejo de Canadienses, advirtió que “Desgraciadamente, una retirada cordial no parece figurar en los planes de la empresa.”

Infinito Gold no ha producido oro y sus operaciones generan déficit. A partir de su estado financiero más reciente, la gerencia confiesa que “existe una duda considerable respecto a que la empresa pueda operar en forma sostenida.”

En los hechos, Infinito Gold se mantiene a flote por decisión de su accionista principal, Ron Mannix, quien, como revela el estado financiero, podría exigir su derecho a cobrar los aproximadamente $25 millones en préstamos que ha realizado a la empresa y que la misma aún le debe, debido a que actualmente infringe las disposiciones relativas al cumplimiento con dichos préstamos.

Asimismo, existe el asunto todavía pendiente en relación con un presunto donativo de $200 mil que fue entregado a la Fundación para la Paz del entonces presidente Oscar Arias.

Dicho donativo fue gestionado, supuestamente, por el accionista principal de Infinito, poco antes de que Arias declarara mediante decreto ejecutivo que el desarrollo de la mina en Crucitas era “de interés nacional.” evitando así las leyes que prohíben la explotación de minas a cielo abierto.

El Ministerio Público (Fiscalía), de Costa Rica, investigó denuncias y a finales del año anterior pidió información al gobierno canadiense.

Al respecto, Trew comentó que “El Departamento de Justicia de Canadá debería informar con transparencia sobre el contenido de los documentos enviados hace poco a las autoridades costarricenses con respecto a la supuesta ‘donación’ de CDN$200 mil”.

Hasta el momento, Ottawa no ha confirmado ni negado la existencia de tal documento, ni siquiera después de que, en febrero de 2013, las autoridades de Costa Rica confirmaron haberlo recibido.

Entre tanto, Rick Arnold, anterior coordinador de Fronteras Comunes dijo: “En apego a las normas del acceso a la información, el gobierno canadiense se ha negado a divulgar cualquiera de los documentos pertinentes. Este asunto de venta de influencias —al más alto nivel— es de primera importancia para ambos países y debe ser divulgado al público inmediatamente”, demandó.

Las organizaciones ambientalistas canadienses resaltaron que “si bien el fallo constituye una victoria para los costarricenses, la pesadilla legal continuará si Infinito cumple con su amenaza de presentar el caso ante el arbitraje internacional en busca de una compensación de $1.092 por su supuesta inversión y por la pérdida de ganancias a futuro”.

“Hacemos un llamado a Infinito Gold para que cese y desista inmediatamente de su prolongado rol de “litigante abusivo” en Costa Rica y que anuncie que abandonará su amenaza de demandar a Costa Rica por $1.092 mil millones por la supuesta violación de los Tratados Bilaterales de Inversión Costa Rica-Canadá”.

Además, exigen dejar sin efecto todas las demandas contra ciudadanos costarricenses que actualmente se encuentran en curso; cubrir todos los gastos judiciales pendientes y los daños correspondientes a la tala arrasadora que realizó ilegalmente en la pretendida explotación en Crucitas; e irse de Costa Rica.

Fuente: http://www.miningwatch.ca/es/