Aunque el Gobierno decidió suspender la exploración de uranio en La Ciénaga, los jachalleros seguirán la lucha a pesar de las amenazas. El rechazo generalizado hacia la minería a espaldas del pueblo y el misterio de mantener a Saavedra a pesar de los escándalos.
Fuente: Diario Urbano
“Quédense tranquilos, que acá no va a pasar nada” dijeron desde el Gobierno de San Juan cuando el pueblo jachallero levantó la perdiz sobre las maniobras que realizaba la empresa Latin Uranium en ese departamento. Sin embargo, los vecinos no se quedaron tranquilos. Sin miedo a las consecuencias que su rebeldía podía tener, se organizaron en asamblea y dieron pelea hasta hacer saltar la verdad: el Gobierno había otorgado el permiso a la firma de capitales australianos para buscar uranio en La Ciénaga, a pesar de que ésta constituye un área protegida por la Ley 7.640, que expresamente prohíbe actividades que pongan “en peligro la integridad o valor de las especies del lugar, así como su patrimonio geológico y arqueológico”.
Ante la fuerte adhesión que generó la protesta, los responsables salieron a dar explicaciones poco claras que se acercaron más a un manotazo de ahogado que a una respuesta seria de un organismo oficial. El primero fue el intendente Jorge Barifusa, quien aseguró estar “recaliente” por ser el “último en enterarse” de los trabajos que se realizaban en su propia tierra. Después siguió el jefe de Asesores de la Secretaría de Ambiente, José Luis Espinosa, quien se limitó a pedir la confianza de la gente, diciendo que “no va a dañarse nada” y “que la gente se quede tranquila”. Otro de los que pidió comprensión fue el propio ministro de Minería de la Provincia, Felipe Saavedra, quien realizó contradictorias declaraciones que oscurecieron aún más el panorama: que La Ciénaga es un área preservada pero no tanto, que el Gobierno declaró como Área Protegida a una zona en la que de todas formas iban a realizarse trabajos mineros y que Latin Uranium no había cumplido con los requisitos para obtener los permisos, a pesar de que estos ya habían sido dados.
Para completar la cadena del desconocimiento y del sálvese quien pueda, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, declaró que “no corresponde hacer minería en ese lugar por tratarse de un área protegida por ley provincial” y para no desentonar, recurrió a la palabra tranquilidad para calmar a los molestos manifestantes.
Aunque finalmente el Gobierno anunció la suspensión de la exploración en La Ciénaga, los asambleístas no se fueron a sus casas. Por el contrario, se organizaron para llegar a la ciudad a presentar sus reclamos por escrito y exigir una garantía, también escrita, de la protección para una tierra inmensamente rica a nivel geológico, botánico y turístico.
Ante esta medida, surgieron varias preguntas. ¿Por qué no se calmaron? ¿Por qué no fueron suficientes las palabras de sosiego que recibieron y por qué no les bastó la suspensión de la exploración? Aunque muchos dijeron de forma simplista que “se quedaron con ganas de pelear”, los asambleístas explicaron que la resistencia obedecía al temor sobre una posible estrategia destinada a desconcentrarlos, apostando al olvido y a la llegada de nuevos problemas que desviaran el foco de atención. Y es en este punto donde debemos reconocer las bases que alimentan ese miedo, si se tiene en cuenta la cantidad de veces en las que el gobierno apeló a la fórmula tiempo-olvido para distraer a la opinión pública y perseguir sus objetivos por otros carriles.
Por estos motivos, los jachalleros ratificaron que la pelea contra la exploración y explotación de uranio no se circunscribe a un área determinada o a una empresa en particular, sino “a todo el territorio jachallero y a todo ente privado o estatal”. Y entre otras cosas, pidieron que se respete el principio de autodeterminación de los pueblos, para lo cual consiguieron más de 5000 firmas que avalan el proyecto que presentaron en Diputados.
Dudas, sospechas y amenazas
Las contradicciones en el discurso oficial no solo mostraron la incoherencia de permitir la exploración minera en un área protegida o la rareza de preservar una zona previamente comprometida para un fin productivo. Las fallas en el discurso revelaron la insostenible maniobra que realizó el Ministerio para justificar por qué se otorgó un permiso a quien no cumplía con los requisitos. “La Ciénaga no tiene las condiciones de un área de reserva estricta y pueden hacerse actividades bajo ciertas condiciones”, aseveró el Ministro, causando estupor en quienes lo oían.
¿Cuáles son entonces las condiciones en las que se puede explorar y explotar uranio sin dañar el valor geológico y arqueológico, el equilibrio ecológico y el patrimonio autóctono del lugar, tal como establece la ley? ¿Qué parte de la norma autoriza a buscar uno de los metales más contaminantes en una zona considerada un “aula a cielo abierto” por su enorme riqueza geológica? ¿Qué hacemos con la parte de la ley que dice que se “prohíben actividades que pongan en peligro la integridad o valor de las especies botánicas y zoológicas del lugar”?
Estas contradicciones no solo levantaron sospechas en la población de Jáchal sino también en la oposición política, que llegó a atribuir al gobierno la intención de realizar una ley modificatoria de la anterior, para posibilitar la explotación del metal.
En medio de las acusaciones, los asambleístas denunciaron haber recibido amenazas anónimas para cortar con el escándalo. Pero a pesar de los intentos por frenar el reclamo, los vecinos aseguraron que no pararán hasta conseguir una ley que proteja su tierra.
El enigma de Saavedra
Los extraños manejos en el uranio-gate no solo volvieron a sensibilizar a la opinión pública sobre el tema minería sino que elevaron los niveles de alerta sobre las estrategias que realizan algunos organismos del gobierno cuando nadie los ve.
Durante los últimos días, fueron muchos los que salieron a pedir la renuncia de Felipe Saavedra. Como eso nunca sucedió, los interrogantes volvieron a multiplicarse. ¿Por qué se mantiene a un hombre tan fuertemente cuestionado, envuelto tanto en escándalos de acoso sexual como en los “errores técnicos” que tan caro le están costando al Gobierno? ¿El apoyo irrestricto a un funcionario de este tipo obedece a una confianza extrema en su capacidad o a una alianza con intereses ocultos a los ojos del pueblo? ¿Serán simples “errores” cometidos de manera aislada por un ministro torpe o una estrategia avalada por la cúpula del Gobierno? Así como no hay pruebas para sostener esta última opción, tampoco hay explicaciones creíbles del aval ilimitado que el Gobierno otorga a una persona que no solo hace minería entre gallos y medianoche sino que juega en contra del propio proyecto provincial.
A contramano del mundo
Mientras en San Juan las decisiones se toman a espaldas del pueblo, en el mundo ganan terreno otros modelos, que toman a la apertura y la transparencia como valores fundamentales de la actividad productiva. Sin ir más lejos, desde Chile, el presidente del directorio de la Comisión Nacional del Cobre (Codelco), Óscar Landerretche, aseguró que a nivel internacional se están endureciendo los estándares mínimos para los proyectos mineros y reconoció “un cambio paradigmático desde la premisa que antes era posible hacer ciertas cosas que hoy no, teniendo en cuenta que la ciudadanía y la democracia no lo permiten”.
En este contexto y después de los años de minería en San Juan, no se trata de rechazar ciegamente esta actividad. Si la gente se enfrenta a este tipo de manejos no se debe a una reacción antojadiza contra los proyectos mineros, especialmente en poblaciones que necesitan trabajos que sienten las bases del progreso. Se lucha para buscar las garantías mínimas para un desarrollo digno y verdadero, que no implique hipotecar el futuro con la entrega irrestricta o la probable contaminación de las tierras. Y fundamentalmente se exige seguir los caminos previstos por la ley, sin quedarse “tranquilos” con palabras vanas, cuando en los hechos se violan las normas para hacer acuerdos mientras todos duermen.
