El fiscal federal Ramiro González se opuso al apartamiento del juez Sebastián Casanello que pidió la empresa Barrick en la causa que investiga la responsabilidad de funcionarios nacionales en los derrames ocurridos en la mina Veladero, en San Juan. Según se indicó en Tribunales, González reclamó que se rechace el planteo de nulidad de los abogados del presidente de la firma Barrick Exploraciones Argentina S.A. y Minera Argentina SRL, Fernando Hugo Giannoni, por entender que eran “infundados los tintes de falta de objetividad e imparcialidad que se pretendieron introducir” contra el juez.
Fuente: Río Negro
La causa se inició en octubre de 2016, en el marco del expediente donde se investiga el comportamiento realizado por Sergio Lorusso, secretario de Ambiente de la Nación, y Jorge Mayoral, secretario de Minería de la Nación, y las participaciones de Santiago Bergé, presidente de la Cámara de Minería de San Juan, y de Domingo Tello, secretario de Ambiente de la provincia de San Juan.
También se investiga a los representantes de la firma Barrick Gold, en el marco de los posibles incumplimientos, falta de control y otras irregularidades respecto al derrame de cianuro ocurrido el 12 y 13 de septiembre de 2015.
Más tarde, el objeto de la causa fue ampliado y la investigación abordó a los funcionarios del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En marzo último la causa sumó al análisis la presunta violación a la Ley de Glaciares (ley 26.639) en el proyecto Pascua Lama.
Fue a partir de los últimos hechos incluidos en el expediente que los abogados de Barrick sostuvieron que debían remitirse a la Mesa de Entradas de la Secretaría General de la Cámara Federal para que se realice el sorteo correspondiente. Y remarcaron que el juez Casanello “avanzó en el conocimiento de hechos manifiestamente ajenos a su competencia y que había omitido cumplimentar con el procedimiento de sorteo informático de causas”. Manifestaron que la intervención del juzgado a su cargo le “generaba francas dudas acerca de su ‘objetividad’ e ‘imparcialidad’, motivo por el cual planteó la nulidad de todo lo actuado”.
Frente a esto, el fiscal González explicó en su dictamen que el magistrado oportunamente resolvió reasumir parcialmente la instrucción sobre hechos que resultaban ser objeto procesal de la causa madre, es decir, el derrame de cianuro en la mina Veladero en septiembre de 2015. En ese sentido señaló que no existió la necesidad de dar curso al sorteo informático de la causa a los fines de respetar la garantía del juez “natural”. “Ambos proyectos mineros (Veladero y Lama) no sólo se encuentran a escasos kilómetros de distancia, sino que también desarrollan sus actividades en el Departamento de Iglesia de la provincia de San Juan, motivo por el cual las pertinentes decisiones que funcionarios nacionales podrían adoptar en uno de ellos indefectiblemente podrían impactar en el otro”, dijo González.
