En un encuentro en el que participó el rector del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Darío Pascual Maiorana, representantes de distintas universidades nacionales acordaron en Salta investigar las utilidades de la minera de La Alumbrera y profundizar los estudios sobre las consecuencias socios ambientales de sus trabajos. El encuentro “Otra minería es posible”, se realizó al término de un año en el que el debate sobre el destino de los fondos de la minera asentada en Catamarca llegó hasta el Consejo Superior de la UNSa, que finalmente desestimó una propuesta de rechazarlos.
El Consejo de esa universidad, en cambio, resolvió apoyar una resolución del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que impulsó una nueva ley de minería y requirió al gobierno catamarqueño y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación un informe detallado sobre el cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de La Alumbrera.
Del encuentro realizado en la UNSa participaron docentes e investigadores de universidades nacionales de Jujuy, Tucumán, Quilmes, Cuyo y San Juan, además de profesores de las facultades de Humanidades, Salud y Ciencias Naturales de la UNSa.
Allí se constituyó una comisión que en los próximo meses elaborará un informe sobre la situación económico financiera de las mineras, en especial de La Alumbrera.
Es que directivos de la Universidad creen que la falta de claridad en las utilidades de la minera ha favorecido que la empresa gire fondos menores a los que estipula la ley.
Una comisión de los docentes e investigadores reunidos en Salta “profundizará” el estudio de las consecuencias ambientales y sociales de la minera y desarrollará proyectos de extensión con las poblaciones afectadas.
Otras dos comisiones elaborarán una propuesta alternativa a la ley de minería vigente, e intentarán dar difusión y “visibilidad” local y nacional de los problemas que surjan de la actividad de la minera y las propuestas para resolverlos.
El encuentro fue realizado en el marco de una resolución del Consejo Superior de la UNSa que, además de pedir una investigación sobre los fondos de La Alumbrera, resolvió apoyar los reclamos de las comunidades afectadas por la mega minería y reclamar a los estados provinciales que resguarden los derechos de las comunidades criollas o indígenas afectas por esa actividad.
Mediante la misma resolución, el Consejo solicitó al Congreso de la Nación “la inmediata revisión” de todos los contratos mineros de las grandes empresas del sector y la aplicación de las sanciones a las que no cumplen con las normativas ambientales.
