Fiscal pidió juicio oral y público a quienes cortaron el paso a camiones mineros. El 24 de junio pasado el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al gobernador Juan Manuel Urtubey para que «tome las medidas necesarias para levantar el pedido de juicio en contra de once vecinos de Cafayate», encausados por impedir el paso de camiones que se dirigían a Minera Alumbrera, en Catamarca.

Corte a los camiones de Minera La Alumbrera en Valles Calchaquíes (archivo 2008) Salta, Argentina – 02/03/09. Pérez Esquivel envió la misiva entendiendo que el Estado Provincial «tiene el deber de velar por los derechos de las personas, y en particular por su libertad de actuar cuando ven sus derechos vulnerados». El pedido de juicio oral y público contra los vecinos fue hecho por el fiscal correccional Nº 6, Facundo Ruiz de los Llanos. Pérez Esquivel indicó al gobernador que las notificaciones del proceso en contra de los cafayateños » son verdaderamente absurdas e insensatas por varias razones». Desde esta consideración, enumeró que en primer lugar «el derecho a manifestar es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y el ejercicio de este derecho no debería llevar a ningún tipo de judicialización». Comentó en la carta que desde el Servicio por la Paz y la Justicia (SERPAJ), del que es titular «y personalmente, venimos recibiendo cada vez más denuncias, y observamos una creciente criminalización y represión en todo el país, en contra de organizaciones sociales, trabajadores, comunidades indígenas y militantes populares, quienes únicamente están pidiendo que se respeten sus derechos». En segundo lugar, el Premio Nóbel sostuvo que «como consta en el informe realizado por la policía local, los vecinos en ningún momento impidieron el avance de los camiones, sino que lo único que hicieron es manifestarse frente a ellos mientras estaban bloqueados por su propio tamaño». Como lo hicieron los vecinos en sus momento, recordó que fueron los vehículos los que perturbaron «el normal funcionamiento del pueblo» e «infringieron la ley». Y es que esta normativa establece que está prohibida la circulación de vehículos que excedan los 2,60 metros de ancho. Los camiones de la empresa Carmona (de Chile), que se dirigían a Alumbrera «llevaban cargas de entre 7 y 8 metros de diámetro», que produjeron incluso problemas en las salidas del Hospital de Cafayate.

Recordó que entre los procesados se encuentran vecinos de la Asamblea de Autoconvocados del Valle Calchaquí que luchan por un medio ambiente sano, y por otro vecinos que decidieron manifestarse espontáneamente ante la irrupción de estos camiones.

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Buenos Aires, 24 de junio de 2009.-

Señor
Gobernador de la Provincia de Salta
Dr. Juan Manuel Urtubey
S / D

Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien.

Me dirijo a usted a fin de expresarle mi preocupación, acerca de una denuncia que recibimos de parte de ciudadanos de su provincia.

Hace casi un año, el 6 de agosto de 2008, cuatro camiones de la empresa Carmona, con destino a la mina Bajo la Alumbrera ubicada en Catamarca, ingresaron a la ciudad de Cafayate sin permiso de la dirección de transito. Este hecho por sí solo constituye una violación de la ley nacional de transito, según la que, sin permiso especial, es prohibido circular con vehículos que excedan los 2,60 metros de ancho[1] (esos camiones llevaban cargas de entre 7 y 8 metros de diámetro).

Estos camiones se encontraron detenidos en una arteria del pueblo, ya que su propio tamaño les impedía seguir avanzando, dada la presencia de un vehículo estacionado más adelante. Los vecinos de Cafayate, escandalizados, salieron a la calle de manera espontánea, para manifestar pacíficamente su desacuerdo con la circulación sin controles de este tipo de vehículos. Cabe destacar que los camiones no sólo bloqueaban todo una cuadra, sino también que en esta cuadra se encuentra la guardia de un hospital local, el Hospital Nuestra Sra. del Rosario.

El hecho fue tan impactante que dos meses después, el Consejo Deliberante de Cafayate sancionó por unanimidad la ordenanza nº13/08 que prohíbe el ingreso de tales vehículos al ejido urbano, así como el ingreso de sustancias peligrosas al municipio, salvo algunas excepciones.

Expuestos estos hechos, el motivo de mi carta es la recepción por parte de once vecinos de Cafayate, de notificaciones de pedido de juicio oral y público, por delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre (art. 194 del C. P.). Estas notificaciones son verdaderamente absurdas y insensatas por varias razones.

En primer lugar, el derecho a manifestar es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y el ejercicio de este derecho no debería llevar a ningún tipo de judicialización. Nosotros, desde el SERPAJ y personalmente, venimos recibiendo cada vez más denuncias, y observamos una creciente criminalización y represión en todo el país, en contra de organizaciones sociales, trabajadores, comunidades indígenas y militantes populares, quienes únicamente están pidiendo que se respeten sus derechos.

En segundo lugar, como consta en el informe realizado por la policía local, los vecinos en ningún momento impidieron el avance de los camiones, sino que lo único que hicieron es manifestarse frente a ellos mientras estaban bloqueados por su propio tamaño. Los vehículos fueron los que perturbaron el normal funcionamiento del pueblo y que infringieron la ley.

Algunos de los imputados pertenecen a la asamblea de Autoconvocados del Valle Calchaquí-Cafayate, y vienen defendiendo su derecho a vivir en un ambiente sano, denunciando el impacto que tienen los mega-emprendimientos mineros como el de Minera Alumbrera Ltd. sobre las condiciones de vida de las poblaciones locales. Otros imputados eran vecinos del barrio, que espontáneamente reaccionaron frente al ingreso ilegal de camiones de dimensiones extraordinarias, que, al pasar por el pueblo, suelen provocar daños en sus viviendas y calles.

El Estado provincial tiene el deber de velar por los derechos de las personas, y en particular por su libertad de actuar cuando ven sus derechos vulnerados. Por todo eso y porque sabemos de su compromiso con la justicia y con el respeto de los derechos humanos, le solicitamos que tome las medidas necesarias para levantar el pedido de juicio en contra de esos once vecinos de Cafayate.

Le reitero mi saludo de Paz y Bien.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz