El próximo 20 de junio es el cumpleaños de la ley 7.722 la que, por presión popular, prohibió hace 5 años la minería a cielo abierto en todo el territorio mendocino. Por tres minutos dejemos de lado nuestra postura a favor o en contra de la actividad y hundámonos en la historia de esta norma que es conocida en muchos lugares de nuestra provincia como “la ley del pueblo”.
Fuente: diario Los Andes
13/06/2012. Es que el por entonces gobernador Julio Cobos, en sintonía con varios gobernadores de las provincias cordilleranas, se mostraba interesado en impulsar la megaminería y, de hecho, había recibido a inversores extranjeros que querían empezar a explorar algunas zonas de la provincia en búsqueda de oro, plata y/o cobre.
Hacía un par de años que en el Valle de Uco, particularmente en San Carlos, se había generado una fuerte movilización en contra de la actividad ya que vecinos de ese departamento se autoconvocaron alertados por los perjuicios ambientales y los pocos beneficios impositivos que consideran que la minería a cielo abierto trae aparejados. La resistencia a los proyectos mineros fue masiva entre los sancarlinos y consiguieron frenar las exploraciones, haciendo cambiar de postura a quienes estaban al mando de la comuna.
Desde agosto de 2006, un grupo de vecinos de General Alvear comenzó a juntarse inquietados porque la minería llegaba al departamento sureño. El interés de los empresarios mineros y del Gobierno provincial creció a la par de la cantidad de adeptos que fue sumando la asamblea de autoconvocados.
Pudimos ver al cura del pueblo dando misa en un piquete, a más de 6 mil personas cortando rutas, o a una plaza repleta de manifestantes que dejaban de lado sus actividades cotidianas para protestar. Así, en la Legislatura, a través de iniciativas de diferentes legisladores de la oposición, se empezó a gestar la norma que el 20 de junio y después de muchísimas idas y vueltas tuvo sanción definitiva.
Esta ley que es la 7722 dice textualmente en su artículo 1: “…se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. Quienes se habían movilizado en varios puntos provinciales (incluido el Gran Mendoza a través de la Asamblea Popular por el Agua) hicieron una fiesta.
Incluso, Cobos llamó por teléfono a algunos alvearenses para felicitarlos por el logro conseguido. Es que juntarse con los vecinos por lo que consideraban un bien común (el agua) les había traído satisfacciones.
¿La historia terminó aquí? No. En la Suprema Corte local hay 10 pedidos de inconstitucionalidad que presentaron las empresas mineras. Estas presentaciones judiciales están en manos de la Sala 2 de la Corte, conformada por Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini. La semana pasada corrió una versión de que algunos artículos principales de la ley serían declarados inconstitucionales lo que abriría otra vez las puertas para la megaminería.
De ser así, ¿volverá a escribirse otro capítulo de reclamos y protestas masivas en tantos pueblos de la provincia? Las asambleas continúan actualmente activas y, de hecho, preparan un festejo para el aniversario de la norma. ¡Salud!
