El proyecto minero que pretenden desarrollar en Malargüe a la vera del río Atuel, fue votado positivamente para que regrese al Ejecutivo y se revisen los aspectos objetados cuando se rechazó la declaración de impacto ambiental por irregularidades y violación de varias normas.

Fuente: Diario San Rafael
Las marchas, contramarchas y presiones del gobierno y las empresas relacionadas con la minería respecto al inicio de actividades de la mina Hierro Indio, ubicada en Malargüe a la vera del río Atuel, no se detienen.

Tras una muy discutida aprobación en el Senado de la Declaración de Impacto Ambiental, enfrentando denuncias de grupos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales sobre la cantidad de normas que son vulneradas por el expediente, tuvo un categórico rechazo en la Cámara de Diputados generando enfrentamientos en el sur provincial, como por ejemplo las declaraciones hostiles entre General Alvear y Malargüe, con amenazas por parte del intendente malargüino, lo que inmediatamente fue aprovechado por La Pampa.

Por otra parte, llamó la atención que el senador radical Juan Carlos Jaliff, desconociendo el espíritu de la ley 7722, propusiera una consulta para determinar si los mendocinos queremos o no la minería metalífera (no usó el término contaminante).

A su vez, un diputado malargüino, José Muñoz, ingresó inmediatamente un proyecto para desarchivar la iniciativa reprobada, y fue votado ayer en la sesión de la Cámara de Diputados de Mendoza

Muñoz logró su cometido, Diputados desarchivó el expediente de la Declaración de Impacto Ambiental para la prospección y exploración de Hierro Indio, con 28 votos a favor, y ahora la declaración se enviar nuevamente al Poder Ejecutivo provincial para que se introduzcan las modificaciones que surgieron de las observaciones realizadas en los tratamientos legislativos anteriores.

El futuro de la declaración, entonces, continuará su sinuoso camino luego del 1 de mayo de 2015, cuando comience el calendario de sesiones ordinarias.

Se puede interpretar que la defensa de las aguas del Atuel no está para nada garantizada, desconociéndose cómo será el balance de fuerzas el año que viene con unos alineamientos políticos tan cambiantes.

Como contraparte a la presión política/minera, la resistencia social a los emprendimientos metalíferos contaminantes se ha fortalecido en toda la provincia, y el caso en análisis es un caso testigo, ya que si cayeran las barreras legales que protegen el agua, detrás de la mina en cuestión vienen otras que entrañan más peligros, como por ejemplo el de Cerro Amarillo. También ubicado en Malargüe, este emprendimiento es para la explotación de cobre, y ahí no hay modo de esconder el uso del agua, la producción de líquidos lixiviados y el daño ambiental.

Además, hay otro actor que se ha sumado al conflicto, y es nada menos que la porvincia de La Pampa, ya que en el largo conflicto interprovincial que mantien e por el Atuel, que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, prenteden sumarle, bajo la figura legal de «hecho nuevo» la denuncia por un nuevo uso de las aguas del río en la explotación minera. El gobierno de la vecina provincia ya había terciado cuando se produjo el cortocircuito local entre Alvear y Malargüe, y ahora ha decidido ir por una nueva instancia, en una causa que cada vez suma más episodios.