La red ambientalista acusó al gobierno de Jaque de ser un aliado de la minera San Jorge y de atentar contra la salud de la población. Apelarán el fallo adverso, que dio vía libre a la compañía, y dijo que agotarán todas las instancias judiciales Después del fallo a favor del gobierno, y en contra del reclamo ambientalista, que da vía libre a San Jorge para extraer cobre en Uspallata, la red ambiental Oikos anunció un retruque en la justicia: «agotaremos la instancia judicial con todos los medios disponibles»,  y dijo que apelará hoy el fallo de primera instancia de la jueza Alicia Rosana Moretti, e intentará revertir el resultado adverso ante la Cámara de Apelaciones.

«Tal decisión está fundada en la inclaudicable convicción ética que nos llevó a advertir a las autoridades sobre las numerosas irregularidades desde el inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en 2008, a llevar adelante una investigación de más de un año de duración, que culminó con la demostración de que las sustancias que utilizará el emprendimiento minero son tóxicas de acuerdo a la legislación provincial, y a corroborar la hipótesis de que las aguas subterráneas que se encuentran por debajo de la mina están conectadas con el resto del sistema del río Mendoza, conclusión ésta a la que arriba por otra vía la jueza Moretti, lo cual aumenta notablemente el riesgo del proyecto para la salud humana y la de los frágiles ecosistemas en que vivimos», señalaron en un comunicado a los medios de comunicación.

Para Oikos, el fallo desconoce aspectos esenciales del derecho ambiental y de la jurisprudencia garantista de los derechos de los ciudadanos, emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, «e incluso de nuestra misma corte local, refugiándose en un tecnicismo que evita tratar la cuestión de fondo, como es la gravedad que se deduce del riesgo de contaminación de los recursos hídricos de la cuenca del río Mendoza con sustancias tóxicas y el consecuente daño ambiental que se espera de tal situación, amparada en que la profusa prueba no debe ser analizada dentro del instituto del amparo colectivo, llevándonos a la necesidad de abordar la vía ordinaria, la que llevaría años y se devoraría la pretensión procesal, habida cuenta de la inminencia del tratamiento por parte de la legislatura provincial.

 

Esto no significa que OIKOS desconozca la decisión judicial o haya perdido la fe en la justicia sino muy por el contrario, lo asumimos con el respeto debido por las instituciones republicanas. Pero como institución agraviada por el fallo sentimos la obligación moral de reclamar por lo que entendemos ha sido una decisión injusta, que hoy amenaza a cientos de miles de mendocinos y compromete la sustentabilidad social, ecológica y económica de las futuras generaciones».

Luego acusaron al Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza de ser «el principal aliado de la empresa y el principal defensor del interés privado en desmedro del interés público de las amplias mayorías», y con eso sustentaron su intención de llegar a fondo con el reclamo, «abordando ahora la vía judicial hasta agotar todas las vías locales, nacional e internacional en la búsqueda del reconocimiento de la verdad»

«Sabemos que nuestra decisión mueve profundos intereses dentro y fuera del Gobierno Provincial, por lo cual esperamos el ataque de muchos funcionarios públicos apresurados por defender a las empresas mineras, y de personas que, perteneciendo a instituciones que apoyan la minería o directamente empleados de empresas mineras, muchas veces escudados en el anonimato de los foros virtuales, proferirán toda clase de agravios contra nuestra organización y contra el movimiento ambientalista en general.

Estamos preparados, más que nunca, para defender los derechos ambientales de los mendocinos. Lo que debería hacer el Poder Ejecutivo Provincial y no hace, lo hará OIKOS, convencidos de que estamos en el camino correcto.

Nada nos hará renunciar a nuestro sueño de vivir en una sociedad justa y sustentable», señaló Eduard Sosa, el titular de la asociación, que lleva años peleando en la justicia contra distintos gobiernos en pos de resguardar el ambiente.

«Nuestro equipo de abogados ha elaborado una fundamentación incontrastable que refuta los argumentos esgrimidos por la jueza en torno a las razones del rechazo de nuestra acción judicial, apelando a reconocida jurisprudencia local y nacional sobre aquellas cuestiones sobre las que se explayó el fallo, la que unida a la profusa prueba científica que corroboran nuestras afirmaciones y el testimonio de prestigiosos profesionales en el orden local, nacional e internacional, busca que la Cámara de Apelaciones analice el fallo y revierta la decisión inicial», agregó.

Y como consideran que eso «no es suficiente», OIKOS pidió «a los legisladores provinciales que asuman el rol que la ciudadanía les ha conferido a través del voto, y traten antes de las elecciones de octubre próximo la aprobación o el rechazo del proyecto minero. Lógicamente, nuestra institución entiende que tal decisión debe basarse en un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental transparente, sin las irregularidades palmarias como las que se han producido, y con las cuales una ratificación de la aprobación del proyecto minero no sería otra cosa que la convalidación de todos los vicios del acto administrativo cuestionado.

Por ello, sugerimos el rechazo del proyecto de ley que aprueba el proyecto minero, a fin de que se realice nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, esta vez sin errores ni omisiones de ninguna índole. No se trata de impedir el desarrollo minero, se trata de impedir la falta de transparencia en las acciones de gobierno, el incumplimiento de leyes conseguidas con esfuerzo de la sociedad, el irrespeto hacia nuestras instituciones y hacia el clamor social. Se trata de defender la calidad de la democracia».