La empresa tiene un permiso de cateo para buscar metales en Las Heras y San Rafael y aún no puede avanzar en la exploración. Había solicitado beneficios, pero el Gobierno rechazó el pedido.
Fuente: Mendoza On Line
En medio del debate minero que resurgió en 2014 tres años después de la caída de San Jorge, el Gobierno provincial rechazó un reclamo de la minera Río de la Plata. En realidad, la solicitud de la empresa tuvo un doble sentido: pedir la suspensión de un canon minero y presionar al Gobierno para que avancen los estudios de impacto ambiental en dos proyectos.
La firma cuenta con permisos de cateo -primera etapa de la exploración- en áreas de Las Heras y San Rafael, donde buscará oro, cobre, plata y cuarzo. Después de quedar a cargo de las tierras, Río de la Plata pidió no pagar el canon por la concesión al cumplirse los tres años de gracia, ya que aún no fue habilitada para trabajar en la zona. Sin embargo, el Ejecutivo provincial rechazó la solicitud.
Desde la Dirección de Minería remarcaron que la empresa aún puede elevar su reclamo a Gobernación y, si también es rechazado, podría recurrir a la Suprema Corte. Por su parte, fuentes letradas del sector minero manifestaron que este tipo de reclamos “son comunes cuando se cumple el plazo de gracia”.
En su reclamo, la minera alegó que “la autoridad minera no ha resuelto el impacto ambiental que fuera realizado en tiempo y forma, por lo que no corresponde el pago del canon exigido ya que no se ha realizado ningún tipo de avances en el emprendimiento”. Ante esto, el Gobierno respondió en el expediente: “No existe norma que habilite la suspensión del pago”.
En diálogo con MDZ, el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, enfatizó sintéticamente: “Cuando no pagás se te cae la concesión”. Por su parte, el director de Minería de la provincia, Carlos Molina, ratificó que “el canon minero es una obligación de cualquier empresa que quiera tener una propiedad minera. Deben estar al día”.
Desde la cartera de Energía manifestaron que a partir de la presentación de los proyectos mineros se abrieron dos expedientes: uno de propiedad, en el que se plantea el pago del canon para conservar la concesión, y otro ambiental. En este último, la autoridad de aplicación se comparte entre los ministerios de Energía y Ambiente.
El reclamo de Río de la Plata se dividió en dos. El primero lo presentaron en agosto de 2013 por el proyecto Corpus (Las Heras) y el segundo, en diciembre, por el área Charlotte (San Rafael). Ambos están dirigidos a la Dirección de Minería y fueron firmados por la abogada Patricia Inzirillo, reconocida representante de mineras que además forma parte del equipo de letrados que presentó pedidos de inconstitucionalidad contra la ley 7722.
El canon
Una vez que la Dirección de Minería registra una propiedad, el concesionario tiene un plazo de tres años de gracia y, posteriormente, dispone de 45 días para pagar un monto anual (canon minero) de acuerdo con la cantidad de hectáreas (8 pesos por ha) más un 20 por ciento. En caso contrario, el Gobierno suspende la concesión.
En principio, la empresa debería pagar 52.000 pesos por año -unos 4.300 pesos por mes-, teniendo en cuenta que el área de Las Heras alcanza las 5.000 hectáreas y el de San Rafael, alrededor de 1.500. En Corpus, la minera buscará oro y cobre, mientras que en San Rafael -además de estos minerales- intentan determinar el potencial de plata y cuarzo.
Teniendo en cuenta el monto, que para una minera no representaría una gran erogación, dentro del Ejecutivo hay quienes analizan este reclamo como una forma de presionar para que el expediente ambiental avance y Río de la Plata pueda dar los primeros pasos dentro de las áreas concesionadas.
Mientras tanto, desde la Dirección de Minería relativizaron el avance de estos proyectos. “Se necesita cumplir varias etapas antes de llegar a una eventual extracción del mineral: cateo, prospección, exploración, factibilización y recién allí se pasaría a la etapa de producción. Hay que calcular entre 10 y 15 años para que esto pase”, dijo Molina.
