En Guatemala reinició sus operaciones la mayor mina de níquel pero lo hizo en medio de enfrentamientos violentos entre indígenas y fuerzas de seguridad. Así quedó en la mira de la justicia de ese país una subsidiaria de Solway, la minera que invitó a Macedonia al ministro Marcos Zandomeni y a los diputados radicales Néstor Parés y Martín Kerchner. Se trata de la firma multinacional que busca explotar el proyecto minero San Jorge, en Uspallata.

 

Fuente: El Sol
La mina Fenix ​​en Guatemala estuvo cerrada por 30 años y fue reabierta por una reciente visita al sitio por el presidente Otto Pérez, quien la calificó como la inversión más grande en la historia de ese país.

Pero una semana más tarde, una comunidad fronteriza con Fenix ​​conocida como Lote 8 Chacpayla, que son parte del grupo de la predominante Maya Q’eqchi, aseguraron que fueron invadidos por las fuerzas de seguridad privadas que trabajan para la empresa que opera la mina, la Compañía Guatemalteca de Níquel, ahora una subsidiaria de la Solway Investment Group.

La comunidad dijo que la seguridad privada sólo se retiró al día siguiente después de la intervención de un juez de paz, la decisión de la comunidad para pasar la noche en el bosque de los alrededores, y la llegada de más personal de seguridad privada y luego el ejército y la policía , lo que llevó a un tenso enfrentamiento. Según comentaron los nativos, la seguridad privada los amenazó «armados hasta los dientes».

La noticia de los hechos se conoció en julio a través de una investigación que realizó el diario The Guardian y que daba cuenta de la violación a los derechos humanos por parte de la minera.

Tres juicios están actualmente en curso para las violaciones en 2007 – supuestamente cometida por la empresa de seguridad, la policía y del ejército- y por el asesinato en 2009 de un nativo Q’eqchi.

​»La impunidad y la represión son la norma en Guatemala y la industria minera mundial lo sabe muy bien», aseguró Grahame Russell, de una ONG con sede en Canadá.

En tanto, en 2011 la Corte Constitucional de Guatemala falló a favor de la propiedad legal del Q’eqchi de una de las zonas explotadas, pero hasta la fecha ha sido ignorada por Solway, el Ministerio de Defensa de Guatemala.