Todavía no hay perspectivas claras en la remediación de las colas de uranio de Malargüe y la mina de Sierra Pintada y ya quieren reabrir la Mina Huemul. Ahora incluso quieren aceptar un crédito internacional a costa de todos los argentinos para “remediar” lo que hicieron unos pocos que embolsaron dinero a paladas y se fueron dejando un desastre, pedir plata prestada para que nosotros arreglemos el desastre que dejaron otros suena como una verdadera tomada de pelo al sentido común y burla a la buena fe del ciudadano. En fin, así estamos…
Por Federico Soria
22/02/2010. Y mientras se dan estas andanadas de idas y vueltas, asoma la ambición de los que a toda costa quieren rapiñar el suelo mendocino depredando sus singularidades naturales, su patrimonio natural, sus atractivos turísticos y las características ambientales que posicionan su producción en el mundo, sin dejar nada a cambio y sin respetar las leyes; por supuesto, contando con la inestimable complicidad de leguleyos locales, que sin su valorada (y muy bien pagada) ayuda, no podrían llevar a cabo semejantes tropelías.
Bajo estas circunstancias aparece “Calypso Uranium” queriendo iniciar trabajos en la Mina Huemul, de Malargüe. Esta empresa canadiense es poseedora de numerosos cateos mineros de exploración de uranio en los departamentos de San Carlos, San Rafael y Malargüe de Mendoza y también en Neuquén y Chubut; cuya franquicia argentina adquiere el nombre de “Energía Mineral S.A.” Hay que recordar que esta firma es una de las que se presentaron en la justicia contra el Estado Provincial para derogar la ley 7722, o sea que el estado está emitiendo una autorización a una empresa que está accionando en su contra, un verdadero despropósito. Esta situación amerita que el gobierno debería no innovar en esta cuestión al menos hasta que la causa judicial iniciada por la empresa interesada contra el Estado Provincial sea resuelta.
El Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa para la exploración de uranio en la Mina Huemul, fue aprobado bajo la modalidad “Aviso de Proyecto” que de acuerdo al decreto provincial 820/06 (diseñado por las propias empresas mineras para sortear las exigencias de la ley provincial del ambiente) simplifica el trámite ambiental a las empresas mineras, violando la ley nacional 25675, ya que no se cumple con el presupuesto mínimo de procedimiento de “Evaluación de Impacto Ambiental” previsto en esa norma. Entre otras cuestiones omitidas, no se efectuó la audiencia pública, prevista tanto en la norma nacional como presupuesto mínimo en todo el territorio argentino; y también en la norma provincial y su decreto reglamentario (2109/04) como procedimiento obligatorio.
En definitiva toda la actuación administrativa se cerró entre la empresa minera y las autoridades provinciales amigas, circunstancia que a todas luces no resulta novedosa, recordemos que hay una larga sucesión de hechos que evidencian el contubernio existente entre la actual gestión de gobierno y los saqueadores mineros:
• Autoridades provinciales, como el Ministro de Infraestructura Francisco Pérez y el Subsecretario de Trabajo Jorge Gabutti, son parte de la sociedad que administra la empresa minera San Jorge que pretende desarrollar una explotación a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas prohibidas en una zona protegida por ley, en Uspallata.
• El Director de Minería, Pablo Navarra, cobra una jubilación de privilegio de la CNEA, a la cual accedió a pesar de seguir trabajando, a través de una maniobra administrativa que no ha sido debidamente aclarada ante la opinión pública.
Funcionarios que no funcionan, como el secretario de Medioambiente Carmona, deberían explicarle a la ciudadanía con argumentos técnico-científicos de base empírica (no con discurso político) cómo han hecho para demostrar que las tareas que desarrollará en el terreno la empresa minera no “superan la capacidad de carga del ecosistema” (criterio que según la legislación local determina si un proyecto minero debe ser tratado como “aviso de proyecto” o “estudio de impacto ambiental”), ya que curiosamente dicha fundamentación no está plasmada en el expediente que trata el proyecto (lo mismo hicieron para aprobar el paso del Dakar 2009 y 2010 por Mendoza, por ejemplo), lo cual representa a todas luces una situación por demás irregular y al menos amerita que estos funcionarios que deberían estar velando por los intereses de la sociedad, sean justificadamente calificados de negligentes y corruptos, cuando no una presentación ante la justicia.
Funcionarios como estos siempre se dirigen a la ciudadanía con un inexplicable mutis, apostando en todo momento a la “teoría de los hechos consumados” y amenazan por lo bajo y a través de terceros, con accionar contra aquellos que revelan su comportamiento en favor de las empresas saqueadoras extranjeras.
Los pasivos ambientales de la Mina Huemul se ven desde el espacio: en la primera imagen satelital se observa la localización cercana a la ruta 40, entre Malargüe y Bardas Blancas, a la altura del puesto Agua Botada. La otra imagen satelital es un detalle de la anterior, donde se observan las instalaciones abandonadas, pilas de escombros y el daño efectuado a la cobertura vegetal y la geografía de la zona, que a 40 años de ser abandonados, no han sido remediados.
Las instalaciones de la Mina Huemul no han sido clausuradas definitivamente y representan un verdadero peligro para los pobladores y turistas que frecuentan la zona. Cabe mencionar que según la CNEA: “En el marco del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) el objetivo del mismo para el sitio Huemul es la realización de una auditoria ambiental para evaluar el posible impacto producido por la explotación del yacimiento, desarrollar opciones tecnológicas de mitigación y remediación del área involucrada y una vez realizado el proceso de consulta pública y obtención de las autorizaciones correspondientes ejecutar la opción recomendada”. Contrariamente a ello, el gobierno y la legislatura provincial pretenden reanudar el yacimiento sin avanzar con la mitigación de estos pasivos.
El decreto del gobierno que aprueba el “Aviso de Proyecto” de Calypso Uranium para la exploración de la Mina Huemul, necesita ratificación legislativa. Desde ya, si los legisladores ratifican este decreto, estarán de hecho convalidando la violación por omisión de los derechos ciudadanos y el accionar inescrupuloso de estos desprestigiados funcionarios.
Como antecedentes para tener en cuenta, la minería del uranio en Mendoza en los últimos años ha sido sancionada por el gobierno y la justicia por violar la legislación ambiental y del agua, en tal sentido cabe recordar que:
• En 2007 la CNEA fue sancionada con una multa de un millón de pesos por contaminar cauces de riego en San Rafael, causa que quedó dormida en los últimos años, ya que la CNEA nunca pagó y la nueva gestión de gobierno no se preocupó en cobrársela.
• Ese mismo año, la reapertura de la explotación de Sierra Pintada fue rechazada por la Justicia Federal, a raíz de un amparo ambiental que (en base al principio preventivo y precautorio de la política ambiental) hizo énfasis la falta de acciones de mitigación ante la existencia de riesgo ambiental confirmado por el propio Gobierno de Mendoza y la CNEA.
Ya se sabe con total seguridad, de acuerdo a lo que han manifestado especialistas independientes, que la minería del uranio en Malargüe (como ha ocurrido y ocurre en todo Mendoza) carece totalmente de controles externos y que no tiene sentido iniciar nuevas explotaciones si no se remedia primero lo que han dejado, por lo que el sentido común indudablemente determina que este decreto debe ser rechazado.
