Los sectores mineros piden que se declare una “Emergencia minera” y se pronunciaron en contra del Plan de Ordenamiento Territorial, que limita áreas de explotación. Redoblan esfuerzos para declara la inconstitucionalidad de la ley que impide el uso de cianuro en la actividad.
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Fuente: Mendoza On Line
En una economía retraída como la de la provincia en la actualidad la minería es una importante y tentadora fuente de ingresos, pero no puede desarrollarse al nivel que esperan sectores empresarios locales.
Para reforzar el eco, referentes de la actividad unen voces y buscan apoyo de parte del Gobierno para poder avanzar con emprendimientos que quedaron sin efecto luego de la sanción de la ley que regula la minería (Nº 7722) y para que no se avance con otros proyectos a nivel local y nacional que le pondrían más trabas al sector.
Los actores del sector están representados por “La Mesa Minera” que se reunió con el ministro de Energía Marcos Zandomeni, y el ministro de Ambiente, Guillermo Elizalde a fin de comentarles las dificultades que viven -según afirman, como resultado de una legislación “discriminatoria” y falta de presupuesto. Los conflictos principales que observan están en torno a la ley 7722 -que prohíbe el uso de químicos para la minería extractiva-, el Plan de Ordenamiento Territorial y la falta de un plan de emergencia, similar al del agro, para la minería.
El ministro Elizalde informó que se reunió con el gremio de los trabajadores mineros, el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza y las Cámaras de Empresarios y Servicios Mineros (Casem y CAEM) y la Cámara de Empresarios Mendocinos. Los mismos fueron a plantearle la necesidad de “revalorizar la Dirección de Minería como herramienta de control y promoción de la actividad”, cosa que según el ministro ya está en marcha, desde que se pusiera al frente del organismo al Ingeniero Químico, Carlos Alberto Molina.
“Nos pidieron que fortalezcamos el área de la geología y un programa de promoción minera; la dirección de Minería es antigua y con leyes muy fuertes, además de revisar una resolución que tiene que ver con las mensuras de los derechos mineros para perfeccionarlas”, informó el ministro.
“Lo que piden es que en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial el sector no quede discriminado y no se convierta en una herramienta para que el sector no pueda ejercer las actividades”, explicó Zandomeni y agregó que además les solicitaron su apoyo para que diversos proyectos a nivel nacional como es el que impulsa el diputado nacional por la Unión Cívica Radical de Mendoza, Enrique Vaquié, por el cual se prohibiría la actividad.
Zandomeni aclaró que en la reunión se trató sobre todo la necesidad de “coordinar acciones entre el ministerio, el secretario de Minería de la Nación y los sectores mineros”. Y se plantearon dos actividades concretas, “que el ministerio apoye la Expomin de Chile -el encuentro de mineros a nivel mundial que tendrá lugar desde el 21 hasta el 25 de Abril-, y la venida del experto en minería sustentable, el profesor australiano, Ian Satchwell -16 y 17 de Abril cuando dictará un curso sobre los nuevos desafíos de la minería-. Ambas actividades fueron acordadas con la Cámara de Empresarios Mineros.
Por su parte, el titular de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer comentó que se le solicitó al ministro de Energía que se trabaje en herramientas que permitan dictar una emergencia minera -así como la que existe para el Agro- y en reactivar la dirección de minería -pese a que el ministro les aseguró que esto ya estaba en marcha- los empresarios insisten en que el organismo necesita más presupuesto.
La Cámara de Servicios Mineros pide una “Emergencia minera” similar a la del agro.
Pero sus críticas estuvieron dirigidas al ministro de Ambiente, Guillermo Elizalde, de cuya cartera se impulsa el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT), que según asegura Ferrer es “discriminador para los empresarios mineros e inconstitucional”. Desde el ministerio de Ambiente afirman que el Plan no prohíbe la minería y que lo que se busca es “proteger el agua”.
Esto último responde a que el PPOT proyecta declarar áreas protegidas a las zonas en las que se busca desarrollar los principales emprendimientos mineros de la provincia como es “El Manzano, el Portezuelo del viento y Vaca Muerta”. El Plan es inconstitucional porque le da facultades a los municipios para decidir. Nos van a hacer una herida de muerte”, explicó el empresario.
El dirigente también apuntó contra un proyecto del Diputado Nacional por el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, que busca crear un Parque Nacional en Malargüe en un área de 400 mil hectáreas, en la que existe un gran potencial económico relacionado con la ganadería, la minería, el petróleo y el turismo. “El proyecto cae justo, milimétricamente en los lugares que el PPOT planea proteger, parece que hubieran trabajado en espejo”, señaló Ferrer.
El titular de la Cámara explicó que el día Lunes se reunirán con el Diputado y el Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús para pedir que no se avance con el Parque Nacional.
Según señaló Ferrer tanto la legislación que prohíbe ciertas actividades dentro de la minería, como el PPOT y el proyecto de Carmona son discriminadores con el sector y lo perjudican. “La matriz productiva de Mendoza, el esquema está colapsado todos están pidiendo subsidios”, comentó el titular de la Cámara y señaló que ha ellos no se les permite trabajar por lo que el sector también se colapsa.
Además se quejó de que en ninguno de los casos se los hubiera invitado para discutir sobre los cambios e imposiciones a la actividad.
Sobre la 7722
Zandomeni comentó que no se habló de la ley, sino “puntualmente del trabajo en la coordinación” entre los sectores mineros y el gobierno, y aseguró que los representantes del secor mostraron “vocación de trabajar en conjunto”.
De todas maneras Zandomeni aclaró que aplicar cambios en la ley no es competencia del ministerio, sino que el sector deberá encarar la temática con los legisladores, y aseguró que hoy se busca trabajar en el desarrollo del sector en el marco de la normativa vigente.
Mientras que Ferrer coincidió con el ministro y señaló que la reunión con él fue uno de los pasos que darán para favorecer la actividad en la provincia, luego le van a pedir a la Suprema Corte de la Provincia que se expida sobre el pedido de inconstitucionalidad que hicieron para la ley 7722, y comentó que si resulta desfavorable para los empresarios van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ferrer plantea que “la ley no es clara porque si bien hay que respetarla existe una ley superior que es la Constitución Nacional y el Código de Minería que establece que la actividad es de interés nacional, y no hacer caso a una ley que tiene 7 artículos”.
La 7722 es una norma “discriminatoria para el sector” porque “las mismas sustancias que prohibe utilizar en minería – ácido sulfúrico, cianuro, etc.-, están permitidas para destapar los sistemas de riego por aspersión en la vitivinicultura y se utilizan en otras industrias como la de la pintura”, argumentó Ferrer.
“En la mesa se habló de toda la minería, la prohibida y la no prohibida, porque queremos desarrollarla y multiplicarla”, explicó el empresario y destacó que se trata de un error hablar de minería sustentable porque considera que toda la actividad responde a esa cualidad.
