Darán talleres de concientización ante la intención de “reflotar” los yacimientos cordobeses. Villa Carlos Paz.- Tras conocerse que grupos empresarios pretenden derogar la ley que prohíbe la minería en la Provincia de Córdoba y “reabrir” los yacimientos “a cielo abierto” que existen en las sierras, las principales asambleas ambientalistas de la región comienzan a movilizarse y a organizar la resistencia al fuerte “lobby” minero. Como primera medida, se decidió dictar una serie de talleres en las comunas del sur de Punilla y en Villa Carlos Paz, con la expresa finalidad de informar a la población sobre las consecuencias y el “impacto ambiental” que esta iniciativa tendrá en la zona.
Las primeras acciones de “concientización” se establecieron en el marco de un encuentro que se concretó el último domingo en el asentamiento “Pueblo Grande” de Cuesta Blanca, donde se dieron cita los integrantes de la asamblea “Punilla Despierta” (en combinación con Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta) y se expusieron los detalles de una “peligrosa” maniobra política y judicial, planificada, encarada y financiada por el empresariado minero cordobés.
Una importante cantidad de asistentes se dio cita en el centro cultural emplazado sobre la Ruta 14, molestos e indignados por los “incesantes” esfuerzos para reactivar una industria que causó un daño de magnitudes “catastróficas” e inédito en el país. Y es que, resueltos a preservar el medio ambiente, la salud y el carácter turístico del sector, comienzan a hacerse sentir las “primeras voces” respecto al pedido de inconstitucionalidad de la actual Ley de Minería de Córdoba, sancionada hace menos de dos años por la Legislatura cordobesa y mediante la cual se prohíben, en Córdoba, “las actividades mineras riesgosas, como la extracción de uranio”.
En concreto, este pedido, que fue elevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), disparó la polémica, sobre todo porque el TSJ (si bien no expidió sobre el pedido) aceptó tratar el caso en los próximos meses.
Pero lejos de quedar allí, la aparición -en varias escuelas de la ciudad y de localidades vecinas- de un folleto de educación vial con auspicio de la firma “Barrick Gold” (que adquirió fama por ser altamente contaminante) aumentó las sospechas, afirmando las versiones que dan cuenta del desembarco en la Argentina de CAMECO, calificada como la “mayor productora mundial de uranio”. Y es que Argentina posee grandes reservas de este mineral en relación con otras naciones del mundo, incluyendo un área que causa interés al sector privado y que abarca un total de 1,3 millones de kilómetros cuadrados (comprendido entre las provincias de Salta, Córdoba, Mendoza y Chubut). De esta forma, la nación ingresó dentro de los nueve países (Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra, China, Brasil e Irak) con capacidad tecnológica para enriquecer uranio y conformar el elemento combustible de reactores de potencia e investigación.
Una investigación encarada por este medio semanas atrás, reveló además que CAMECO estimó una inversión superior a los diez millones de dólares para encarar los trabajos en territorio argentino, incluyendo tareas de prospección geológica, geofísica y sísmica en el marco de un plan a cuatro años; donde la empresa apuesta a quedarse con otros yacimientos existentes como “Los Gigantes” (que se compraría para ser utilizado como basurero nuclear) y bajo la “excusa” de que se trata de una zona “donde el impacto ambiental ya se produjo y donde nuevos elementos no causarían una contaminación sustancialmente mayor”.
Movilizados por estas informaciones, el último domingo se procedió a la planificación de una serie de acciones, tendientes a difundir la realidad que golpea al yacimiento uranífero “Schlagintweit” (ubicado en el macizo Los Gigantes), donde (durante la década del ochenta) se provocó la mayor contaminación uranífera en cauces de agua dulce de Sudamérica: la caída de un total de 300 millones de líquidos ácidos que contenían trazas de uranio, radio, radón y demás sustancias tóxicas, que cayeron sobre la cuenca del lago San Roque.
Según pudo conocer El Diario, una de las primeras tareas tendrá que ver con una serie de talleres para difundir la contaminación existente en el río San Antonio (producto de los trabajos realizados hace dos décadas en las sierras) que pusieron en peligro la vida de todos los habitantes de Punilla. Asimismo, se aprovechará la ocasión para ofrecer disertaciones a cargo de profesionales, la proyección de videos y un taller participativo general, donde los asistentes podrán evacuar sus inquietudes respecto a una problemática “que demanda acciones y respuestas urgentes”.
