Importante y detallado informe del Prof. Raúl Montenegro sobre la dramática situación ambiental de la provincia de Córdoba. La lista de problemas es interminable, un contexto normativo que va en contra de la vida, los incendios, el fracaso del Plan Provincial del Manejo de Fuego, la pérdida del bosque nativo, los desmontes, los residuos tóxicos, los incidentes en la central nuclear de Embalse, la planta de procesamiento de uranio y sus desechos en un barrio densamente poblado de la capital, los pasivos ambientales en Los Gigantes, la pérdida de biodiversidad y sus consecuencias, el agronegocio, el uso masivo de plaguicidas, la explotación de aguas subterráneas por capitales árabes, los cotos de caza con especies exóticas que se escapan, entre muchos otros más.
Por: Prof. Dr. Raúl Montenegro, Biólogo (*)
En Córdoba la cuestión ambiental y su gestión por parte del gobierno provincial debe ser abordada sin eufemismos. La destrucción del Estado Nacional, la anulación de fideicomisos que financiaban leyes ambientales clave, y las políticas antiecológicas y antisociales de Javier Milei agravaron situaciones ambientales ya críticas que vivían las provincias. Darle más poder a un presidente irresponsable que descree del cambio climático, y asume como natural que los ríos se contaminen, acrecienta la magnitud de las crisis socioambientales. Lamentablemente, el gobernador Martin Llaryora contribuyó decisivamente para que el presidente Javier Milei tuviera poderes especiales. Para justificarlo presentó públicamente una excusa pueril, que era necesario “darle gobernabilidad”. Hoy el ambiente y la mayor parte de la sociedad, sobre todos los sectores más pobres y vulnerables, sufren esa concesión de poder.
En este contexto extremadamente delicado, los legisladores que responden al gobernador Martín Llaryora votaron favorablemente la Ley Nacional 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que contiene el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”, RIGI (Artículos 164 a 228). Martín Llaryora facilitó así la convalidación parlamentariamente de una de las mayores aberraciones normativas del siglo XXI en Argentina.
La historia de nuestro país mostrará en el futuro cercano cómo el gobernador de Córdoba, y otros mandatarios argentinos, ayudaron a abrir las puertas a una destrucción caótica e irracional del Estado Nacional, a la desaparición de organismos clave, y a la derogación -ilegal- de instituciones y normas que salvaguardaban los derechos de los pueblos indígenas. Quedarán en su conciencia la derogación por decreto del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y la provocativa restitución del Día de la Raza, pero también el desfinanciamiento de las universidades públicas.
El silencio pusilánime con que la gestión gubernamental de Martín Llaryora acompañó violaciones sistemáticas al Tratado de Escazú, y al Convenio 169 de Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, son episodios que no deberían repetirse.
Los “poderes especiales” del presidente, que el gobernador de Córdoba y otros altos funcionarios ayudaron a consolidar a través de legisladores que siguen sus instrucciones, vienen provocando una verdadera tragedia social. Por ejemplo, el crecimiento alarmante de la pobreza, superior al 52,9 % en el primer semestre de 2024; el empobrecimiento de los jubilados, y la interrupción de la ayuda alimentaria y de provisión de medicamentos a sectores extremadamente vulnerables de la sociedad. Pero también ayudaron, indirectamente, a agudizar la grave situación ambiental de Argentina. Javier Milei, en uso de sus poderes especiales, desarticuló organismos clave, y desfinanció la Ley Nacional de Bosques Nativos. Las actuales y futuras generaciones asisten al triste escenario de gobernadores y legisladores cuyas decisiones estuvieron, y están teñidas, no solo de servilismo, sino también de complicidad. Abrir puertas institucionales que no se pueden cerrar es una muestra de gestión irresponsable.
A la historia la escriben no solamente los historiadores. A la historia también la escriben los medios que registran, cotidianamente, los aciertos, errores y exabruptos de quienes gobiernan creyendo que son pequeños reyes o emperadores. Cuando esos funcionarios apenas son, en realidad, temporales asalariados del pueblo. Mientras el COFEMA reaccionaba ante la eliminación del fideicomiso para el financiamiento de la ley nacional de bosques nativos (COFEMA del cual participa la provincia), el gobernador Martín Llaryora, y la ministra de ambiente Victoria Flores ni siquiera se expresaron, pública y personalmente, para cuestionar con firmeza esa supresión insólita. Ni que hablar de la actitud del gobernador ante la visita del presidente Javier Milei durante los incendios, a plena sonrisa en medio de la tragedia, y haciéndole un regalo extemporáneo.
Siempre nos preguntamos ¿Porqué el gobernador sonríe todo el tiempo?
Ambientalmente, ese optimismo colisiona con la realidad, pues Córdoba es una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina. Parte del problema deriva de la mala gestión de la Secretaría de Ambiente, luego transformada -durante el gobierno de Martín Llaryora- en Ministerio de Ambiente y Economía Circular.
Repasemos los principales problemas.
1) Evaluación de impacto ambiental. Leyes que favorecen al gobierno de turno.
En la provincia de Córdoba rige la Ley General de Ambiente N°7343 del año 1985, la primera norma provincial de Argentina en establecer la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental. Fue posteriormente complementada por la Ley de Política Ambiental 10.208 de 2014. Lamentablemente los gobiernos -y el de Córdoba no ha sido una excepción- vieron en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, y en general en cualquier norma, una posible restricción a su poder decisorio, y hasta un obstáculo para inversiones privadas. En el proyecto original que elaboré en 1984-1985 no estaba incluidas las Audiencias Públicas, que luego se incorporarían normativamente. La idea original detrás del Estudio de Impacto Ambiental era que un Consejo del Ambiente evaluara independientemente y sin influencias externas cualquier obra, pública o privada. Paulatinamente el sistema normativo se movió en sentido opuesto. Por empezar, las Audiencias Púbicas no son vinculantes. Opera además una Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), con integrantes gubernamentales, que estudia las presentaciones y los aportes de la Audiencia Pública, y elabora el dictamen final. La decisión para otorgar o no la licencia ambiental (eventualmente condicionada) recae en la Autoridad de Aplicación. Esto es, en el máximo responsable del área (Secretario de Ambiente con anterioridad, Ministra de Ambiente en la actualidad). Esto le otorga al organismo político una cierta discrecionalidad. Es frecuente, sin embargo, que el gobernador y otras alta autoridades decidan obras e iniciativas que pese a caer en el Anexo 1 de la ley (proyectos obligatoriamente sometidos a Estudio de Impacto Ambiental) eluden la evaluación. Es lo que ocurrió con el canal para traer agua desde el río Paraná a la ciudad de Córdoba. Otras veces el propio gobierno se somete a las normas. Cuando la resistencia pública es importante, y mediáticamente visible, tal el caso del proyecto de Autovía de Montaña, prevista para ser construida al Este de la ruta provincial 38, el poder recula estratégicamente hasta logar su objetivo. La segunda iniciativa, al Oeste de la ruta provincial 38, obtuvo finalmente la licencia ambiental, y el gobierno utilizó a la policía para reprimir la resistencia. Ambientalistas que protestaban pacíficamente contra la Autovía de Punilla enfrentan ahora cargos en la Justicia (Cámara en lo Criminal de Villa Dolores). Debe quedar claro que la normativa vigente sobre Evaluación de Impacto Ambiental no garantiza imparcialidad ni buen control técnico. Existe además una fuerte complicidad del organismo de ambiente, pues no actúa de oficio al detectar el inicio de obras e iniciativas que impulsa el Ejecutivo en abierta violación a la ley. El sistema judicial de la provincia suele archivar gran cantidad de denuncias ambientales solventes, y en muchos casos, sus decisiones protegen abiertamente al poder provincial de turno, o a quienes presentan proyectos privados de alto impacto ambiental pero que cuentan con el apoyo del gobernador.
2) Residuos peligrosos. Córdoba basural tóxico del país.
Córdoba es una de las únicas 5 provincias que todavía permite el ingreso de residuos tóxicos de cualquier jurisdicción del país. Empresas mineras y la industria del petróleo, entre otras, envían sus desechos peligrosos para que en Córdoba se quemen, dispersen en el suelo, o acumulen con poca seguridad ante inundaciones, como la planta Taym del grupo Roggio. Duerme claro, en la legislatura, un proyecto de nuestra autoría para blindar a la provincia, y prohibir el ingreso de esos residuos. Pero el grupo Roggio, Holcim Geocycle y ABS -entre otras corporaciones- quieren que sigamos siendo el basural tóxico del país, pues cobran por tratarlos y disponerlos. Al no haber una ley que nos blinde y proteja de los residuos peligrosos de otras provincias, los redituables negocios de estas empresas no se interrumpirán. Nos guste o no, Córdoba sigue siendo el “basural tóxico” de Argentina.
3) El agronegocio busca reducir la superficie de bosques nativos protegidos.
Córdoba es ese tipo de provincia donde la vicegobernadora Myrian Prunotto y el Ministro de Bio Agroindustria, Sergio Busso, escuchan sin protestar ni ruborizarse las palabras provocativas e inconsistentes del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Eduardo Riera, quien acusó a la Ley Provincial de Bosque Nativos por los incendios registrados en Córdoba. Una Sociedad Rural que quiere menos rojo y amarillo en la nueva Ley de Bosques. Una Sociedad Rural que parece ignorar la vigencia del Tratado de Escazú, donde claramente se establece -con jerarquía jurídica superior a las leyes del país- que ninguna norma ambiental puede ser regresiva. Una Sociedad Rural que responsabiliza a los bosques nativos por la acumulación de material combustible, cuando la mayor parte de los incendios no se registran en bosques, sino en pastizales y otros ambientes.
4) Un Plan Provincial de Manejo del Fuego que debe ser revisado y reorganizado.
Córdoba es una provincia donde la impericia gubernamental mantiene sin revisar ni interrelacionar ni hacer cambios en su sistema de “control” de fuegos (no de alerta temprana y extinción temprana), donde coexisten la Federación de Bomberos Voluntarios (con 158 cuarteles), el ETAC y su lamentable sistema de contrafuegos, el DUAR de Bomberos de la Policía, y la Federación de Brigadas vecinales de la provincia (injustamente relegada y hasta combatida). Juan Schiaretti eliminó el impuesto al fuego, y desarticuló las torres de vigilancia que existían, para supuestamente reemplazarlas por tecnología de avanzada (sic). Mencionemos que junto al Abogado Juan Smith estamos preparando una ampliación de denuncia penal por incendios (la ya hecha contra Juan Schiaretti), para que se investigue a Martin Llaryora y otros funcionarios de la provincia. Lo que sucedió con los incendios del área natural protegida de La Mermela-Chancaní y el Parque Nacional Pina, donde se quemaron unas 7.000 hectáreas de biodiversidad única, son un ejemplo patético de impericia que no puede quedar impune.
5) Los incendios seriales de la provincia de Córdoba, y la impericia gubernamental para su detección temprana.
Córdoba es la provincia donde los fuegos dejan marcas que perduran por décadas y siglos. Sin embargo, gobierno y buena parte de la sociedad parecieran creer que las sierras y otros ambientes quemados empiezan de cero cada año, como si todos los efectos de incendios pasados ya hubieran sido cicatrizados ecológicamente. Esto no es cierto. Los impactos se acumulan. Además, no es lo mismo que 100 hectáreas de bosque nativo se quemen una sola vez en 30 años, que diez veces en ese mismo período de tiempo. Entre 1988 y 1994 se quemaron en Córdoba 869.430 hectáreas, a un promedio de 144.905 hectáreas por año. En 1995 se incendiaron 255.900 hectáreas. Entre 1988 y 2005 el total sumado de área quemada superó las 2.200.000 hectáreas. En los incendios de agosto-septiembre de 2009 se quemaron más de 100.000 hectáreas de ambiente. Desde 2010 hasta 2024 los incendios destruyeron más de 800.000 hectáreas. El listado de quemas por año es aterrador: 130.000 hectáreas en 2010; 60.000 en 2011; 40.000 en 2012; 105.000 en 2013; 65.000 en 2014; 50.000 en 2015; 80.000 en 2016; 90.000 en 2017; 50.000 en 2018; 30.000 en 2019; 340.000 en 2020; 40.000 en 2021; 81.600 en 2022, 40.000 en 2023, y hasta octubre de 2024, más de 70.000 hectáreas. ¿Cómo puede esperarse que los ambientes nativos de sierras y llanuras se recuperen, si continúan los incendios y los desmontes? Ya no queda margen.
6) Existe una acumulación plurianual de los impactos negativos que producen los incendios.
Córdoba es una provincia donde la función acumulada plurianual de incendios solo forma parte de tablas y estadísticas gubernamentales, siendo que algunos lugares se han quemado 2, 3, 4 y más veces, y donde no se han recuperado, por ejemplo, los ambientes quemados anteriormente.
7) El área provincial de ambiente no puede asegurar que las áreas quemadas en zona roja cambien su uso del suelo.
Córdoba es la provincia donde el Ministerio de Ambiente y Economía Circular no puede presentar un programa creíble para evitar que en los próximos 60 años no se autoricen loteos ni actividades extractivas en zonas rojas y amarillas quemadas. La ley impide ese cambio de suelo. Pero ¿quién recordará institucionalmente lo que se quemó, para evitar allí en unos pocos años, o en décadas, las inversiones asociadas a IIRSA (el corredor de obras entre el océano Atlántico y el Pacífico), o al RIGI, o a la expansión de la frontera agropecuaria?
8) El gobierno de Córdoba no entiende lo que es biodiversidad.
Córdoba es una provincia donde el gobierno no entiende lo que es biodiversidad, hipérbolas equiláteras o ecodiversidad. En un ambiente natural coexisten miles de especies que conforman un gradiente, desde las dominantes y más frecuentes, en el extremo izquierdo de la hipérbola equilátera, hasta las raras o menos frecuentes en el extremo derecho. Cuando la situación ambiental cambia drásticamente, especies que antes eran raras pueden volverse dominantes. Si no hay biodiversidad, la recomposición de la zona quemada, desmontada o contaminada demanda tiempos excesivamente largos para nuestras necesidades urgentes. Por ahora, la provincia de Córdoba en conjunto se mueve más hacia la desertificación, que a la recuperación de su biodiversidad perdida.
9) La biodiversidad real, y su relación con las fábricas naturales de agua, suelo y resistencia al Cambio Climático Global.
En Córdoba la “biodiversidad” entendida por el gobierno es apenas un listado incompleto de algunos taxones en la página Web del Ministerio, o plantar 70.000 árboles nativos “en 23 departamentos” (ver abajo). Un bosque no tiene solamente árboles, reptiles, aves y mamíferos, sino un complejo entramado de seres vivos, visibles e invisibles al ojo humano. En un metro cuadrado de suelo y hasta los 30 centímetros de profundidad pueden vivir unos 1.500 millones de protozoarios (microorganismos), 120 millones de nematodos (gusanos), 440.000 colémbolos (insectos), 400.000 ácaros, 3.000 ciempiés y milpiés, 500 hormigas, y muchas poblaciones de organismos. El fuego, los desmontes y la contaminación derrumban esa biodiversidad. Además, sin la vegetación nativa, y con la biodiversidad total muy afectada, el ambiente deja de fabricar suelo. En ambientes tropicales y templados se requiere de 220 a 1.100 años para regenerar 25 milímetros de suelo. En sitios con rocas duras, como los granitos serranos, el suelo tarda más tiempo en formarse. El fuego impide además el retorno de materia orgánica al suelo, favorece la erosión, y lo compacta. Como la impermeabilización impide que el suelo absorba el agua de lluvia, las crecientes de los ríos se vuelvan cada vez más violentas. Sin ambientes nativos de alta biodiversidad dejan de funcionar en Córdoba las “fábricas” naturales de agua, de suelo, y de resistencia al Cambio Climático Global.
10) El gobierno de Córdoba no ha elaborado mapas ni listados completos de la biodiversidad existente en el territorio.
Córdoba es una provincia que no ha elaborado Mapas y Textos de Biodiversidad que comprendan todos los organismos codificados por las llamadas moléculas de ácidos nucleico, fundamentales para que existiera en el pasado, y actualmente, vida en la Tierra. Las tres moléculas que contienen los “planos” de todos los organismos son el ARN (ácido ribonucleico), el ADN (ácido desoxirribonucleico) y ambos (ARN + ARN, incluido el recientemente descubierto micro-ARN). Para cada especie es necesario conocer su ubicación geográfica, su biología, cómo está inserta en el funcionamiento de los ecosistemas, y cuál es su tamaño poblacional. El problema es que la biodiversidad real comprende especies visibles para el ojo humano, donde están las especies más conocidas y populares, como los algarrobos o una comadreja, y formas invisibles para nosotros, como los virus y las bacterias. Técnicamente, la biodiversidad comprende la totalidad de las especies que habitan la biosfera terrestre, y nuestros ecosistemas en Argentina, y la provincia de Córdoba. Quedan comprendidas así las formas no celulares (virus, viroides, virusoides, plásmidos, obeliscos); las formas celulares procarióticas (Dominio Bacteria, Dominio Arquea); y a las formas celulares eucarióticas (Reino Protista; Reino de los Hongos, Fungi; Reino de las Plantas, Plantae; Reino de los Animales, Animalia). Al hacerse esta tarea de síntesis, debería tenerse en cuenta -además- que una misma especie tiene diversidad genética, y que en los distintos lugares y ambientes de su distribución pueden existir germoplasmas (genomas) con diferencias evolutivamente importantes. Aunque no existen suficientes especialistas para identificar toda la biodiversidad -por ahora mayoritariamente desconocida- existen métodos que permiten aproximarla. A nivel de fauna, por ejemplo, existen páginas Web donde las personas pueden dejar registros de sus observaciones. Academia y comunidad ayudan así a conocer mejor la distribución de las especies.
11) En Córdoba queda menos del 4% de bosque nativo en buen estado de conservación, y ya han desaparecido, como grandes ecosistemas, dos de las tres Provincias Biogeográficas que caracterizaban a Córdoba.
Córdoba es la provincia donde solo queda un 4% de ambiente de bosque nativo en buen estado de conservación. Donde va quedando una biodiversidad empobrecida como parte de su tragedia ecológica. Córdoba es una provincia que ha simplificado salvajemente sus ambientes nativos, y descuidado irresponsablemente cada una de sus cuencas hídricas. De las tres Provincias Biogeográficas que caracterizaban ecológicamente a la provincia, ambiente Chaqueño, ambiente del espinal, y ambiente de los pastizales Pampeanos, solo queda como ecosistema con algo de masividad el Chaqueño. Del resto solo permanecen relictos.
12) El gobierno no ha mapeado la ecodiversidad de la provincia de Córdoba, que incluye a ecosistemas naturales, ecosistemas productivos, y ecosistemas urbanos.
Córdoba es una provincia que no solo desconoce su biodiversidad total, sino que desconoce también su ecodiversidad. No basta con mapas de los bosques nativos. Urge tener un relevamiento dinámico y actualizado de los ecosistemas naturales (P/R aproximadamente igual a 1); productivos (P/R > 1) y urbanos (P/R < 1), y sus ecotonos, con especial énfasis en los ambientes remanentes de alta biodiversidad (mapeo de la ecodiversidad). Ecotonos son las zonas de borde entre distintas tipologías de ecosistemas. En los cocientes P/R mencionados antes, “P” es productividad primaria del ecosistema (alimentada por la energía Solar), y “R” la respiración del sistema (calor que el sistema disipa). En los ambientes naturales de alta biodiversidad la mayor parte de la energía Solar captada es usada y convertida en calor en el propio lugar. En los ambientes productivos, buena parte de la biomasa (cosechas) es exportado a las ciudades, donde es “respirada”. Finalmente, en los ecosistemas urbanos o consumidores, “R” supera a “R”, pues la mayor parte de la energía procedente de las cadenas alimentarias largas (ecosistemas naturales), y de las cadenas alimentarias cortas (agricultura y ganadería), se “respiran” en el interior de las ciudades.
13) En Córdoba se sigue desmontando un promedio de 7.000 hectáreas de bosque nativo cada año.
Córdoba es una provincia donde a los incendios se suma un promedio de >7.000 hectáreas desmontadas por año. El acumulado de superficie desmontada entre 2016 y 2021 fue de 43.765 hectáreas, de los cuales más de 14.000 hectáreas se eliminaron en un solo año (2017). El propio gobierno de Juan Schiaretti destrozó importantes superficies de bosque en categoría roja y amarilla para construir la resistida Autovía de Punilla, ruta que facilita además el acceso y la destrucción de ambientes que antes estaban protegidos por su aislamiento relativo. A este mecanismo vial-dependiente lo llamamos “efecto peine”, pues desde la ruta principal (Autovía) se van abriendo en el tiempo caminos de tierra, perpendiculares, que facilitan una penetración hacia el oeste.
14) La provincia de Córdoba llegó a tener la tasa de desmonte más alta de Argentina y del mundo (1998-2002).
Córdoba es la provincia que tuvo el dudoso privilegio de tener las tasas de deforestación más altas de Argentina y del mundo. En 1998-2002, con un -2,93% anual, fue la más alta de Argentina. Superó entonces las tasas de la provincia de Santiago del Estero (-1,18%), de Salta (-0,69%), de Tucumán (-0,68), de Chaco (-0,57%) y de Jujuy (-0,16%). La tasa cordobesa superó además la tasa mundial, que fue del -0,23% anual, y que la tasa de África, -0,78% (estas últimas para el período 1999-2000).
15) El impacto negativo acumulado de incendios y desmontes no se combate con pintura verde, ni solo con implantación de árboles.
Córdoba es una provincia donde el acumulado destruido por incendios y desmontes no se combate con menos fuego y menos topadoras, sino con más pintura verde. El reciente “Plan Integral de Restauración Ecológica de Córdoba” que presentaron el gobernador Martín Llaryora y la Ministra de Ambiente Victoria Flores es un patético ejemplo de ello. Se rejuntan planes sin asumir que la biodiversidad no se planta. Solo puede recuperarse en base a los aportes de biodiversidad de los remanentes más intactos de ambientes nativos, un programa provincial de clausuras efectivas, y frenando el avance territorial del agronegocio, la especulación inmobiliaria, y la minería. Sin ruborizarse, los funcionarios presentaron como logro que el Plan de Reforestación con Nativas plantó 70.000 ejemplares en 23 departamentos. Desconocen indudablemente lo que es biodiversidad nativa, pero también cuántos árboles hay en los bosques nativos. Para ambientes Chaqueños en buen estado de conservación se considera que existe un promedio de 367 renovales de árboles por hectárea. Esa “cifra exitosa” que presenta el gobierno correspondería al disponible natural de apenas 200 hectáreas, cuando en un año se desmontan más de 7.000 hectáreas de ambiente boscoso nativo. Ningún plan de reforestación, por importante que sea, puede reemplazar a corto plazo la biodiversidad que se perdió. Puede ayudar desde afuera, en especial si el ambiente está muy desertificado y lejos de ecosistemas con alta biodiversidad, pero lo que verdaderamente funciona es la sucesión ecológica secundaria. Lamentablemente, este proceso demanda muchos años, y que los factores humanos de simplificación ecológica dejen de actuar.
16) Las puestas en escenas de los planes de restauración ecológica gubernamentales después de grandes incendios.
En Córdoba las puestas en escena gubernamental para “restaurar” ambientes quemados se repiten en distintas gestiones. En 2020, después que 340.000 hectáreas fueran devoradas por el fuego, Juan Schiaretti presentó su “Programa de Restauración Ambiental con especies forestales de la provincia de Córdoba”. Como parte de este episodio de pintura verde se llegó a contratar una empresa de Misiones, Biofábrica, para que enviara a la provincia 500.000 plantines de algarrobo en 3 años. Las semillas fueron provistas por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. La mayor parte de los ejemplares plantados seguramente ya han muerto, y a nadie se le ocurrió pensar que no todas las semillas procedían del mismo ambiente, y que la biodiversidad no son solamente algarrobos. Resulta curioso, pero predecible, que las distintas gestiones gubernamentales de Córdoba presenten planes de restauración ecológica “después” de grandes incendios, o de crecientes destructivas, en lugar de utilizar cualquier época del año para presentar planes que prevengan y amortigüen los sistemas de impactos ambientales negativos.
17) La falsa conservación de bosques nativos impulsada por el agronegocio.
Córdoba es la provincia donde el agronegocio, principal responsable de los desmontes de ambientes de alta biodiversidad con destino a la agricultura y ganadería, sigue proponiendo desmontes selectivos para que convivan, por ejemplo, la cría de animales y los árboles. En un verdadero montaje teatral, falsamente ecológico, no conservan la biodiversidad, sino un escenario de árboles para que den sombra a los animales, y haya menos material vegetal combustible en caso de incendio.
18) Cuencas hídricas sin rumbo, y proyectos faraónicos de trasvase de cuencas.
Córdoba es la provincia donde se derogaron innovadoras leyes de comités de cuenca sin haberlas hecho funcionar. Se las reemplazó con una burocrática Autoridad de Cuencas. No resulta extraño, es este contexto ambiental, que la provincia siguiera endeudándose por un absurdo canal financiado (a alto costo financiero) con fondos Kuwaities. El canal, previsto para ser construido en 8 costosos tramos, hará llegar a la ciudad de Córdoba (bombeo mediante, muy costoso) apenas 1 m3/s de agua desde el río Paraná. A fines comparativos, recordemos que la cuenca del lago San Roque, de la cual se abastece la mitad norte de la ciudad, tiene un módulo de >9 m3/s). La obra del canal, del cual participan los gobiernos de las provincias de Córdoba y Santa Fé, se decidió autoritariamente, sin estudio de impacto ambiental, y sin audiencias públicas. Junto con el abogado Juan Smith tenemos en carpeta una denuncia penal contra los funcionarios en tomaron las decisiones y comprometieron financiamiento externo violando, impunemente, legislación ambiental de las dos provincias, y la Nación.
19) Los ríos son ecosistemas complejos, no solamente agua y peces.
Córdoba es una provincia donde el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, y otros organismos de la administración, siguen considerando a los ríos y demás ambientes acuáticos como “agua con peces” y no como ecosistemas de alta biodiversidad (los menos intervenidos). La limnología está ausente de los enfoques gubernamentales. Solo a modo de ejemplo, no hay evaluaciones comparativas del bentos de los ríos y arroyos (organismos de los fondos), ni están debidamente establecidos los caudales ecológicos a mantener para que no se reduzca la biodiversidad acuática.
20) La insensatez gubernamental de colocar colectoras de líquidos cloacales junto a ríos, en lugar de alejarlas.
Córdoba es la provincia donde la “Autoridad de Cuenca” se mantiene en silencio mientras se sigue construyendo una colectora de líquidos cloacales entre Rio Ceballos al norte y Saldán-La Calera al sur. Inconcebible e ilegalmente, el proyecto en curso viola lo presentado en el proyecto original. En ese planteo la colectora se construiría alejado de los cursos de agua. Las autoridades y técnicos cambiaron el recorrido de la colectora, que ahora “sigue” por las costas del río Isquitipe (Ceballos). Una vez en funcionamiento la rotura de esa colectora podría contaminar con líquidos cloacales el río, y si el accidente ocurriera en verano, el derrame haría peligrar la temporada turística. Cabe señalar que ésta obra, por su cambio de traza, hizo que Susana Rocha y yo mismo, con el patrocinio del abogado Juan Smith, denunciáramos penalmente a sus responsables, incluido el gobernador Juan Schiaretti. Lamentablemente, en plena gestión de Martín Llaryora la obra continúa. En nuestra reciente ampliación de denuncia le mostramos a la justicia provincial que la colectora cloacal ya construida junto al rio Isquitipe tiene su base erosionada, y que al aumentar el caudal del río en verano podría colapsar. Esto motivó peritajes ordenados por la fiscalía. Lamentablemente, sigue dominando en Córdoba, tanto para líquidos cloacales (colectora de Sierras Chicas), como para residuos sólidos urbanos (Programa “Córdoba Limpia”), la construcción de plantas de tratamiento regionales en lugar de promover que cada localidad se haga cargo de sus propios desechos.
21) La creciente eutroficación de los lagos Cordobeses: pronóstico reservado si no se reducen los ingresos de fósforo y nitrógeno.
Córdoba es la provincia donde buena parte de su sistema de lagos artificiales sufre crecientes procesos de eutroficación cultural, con floraciones de algas verdeazuladas. Ello se debe, principalmente, al ingreso de cantidades significativas de fósforo y nitrógeno, y la gran disponibilidad de residuos orgánicos. El lago más eutrófico de la provincia es el San Roque, y van por el mismo camino los lagos de Los Molinos, Embalse, la Viña La Quebrada y Cruz del Eje. Aunque pueden variar las especies asociadas a la eutroficación cultural de lagos, la causa principal en todos los casos es el exceso de fósforo y nitrógeno. Descargas cloacales sin tratamiento, o con solamente tratamientos primario y secundario, y escorrentías procedentes de ambientes quemados, sostienen y agravan la eutroficación por exceso de nutrientes. Si bien suelen aplicarse algunas medidas para mitigar la eutroficación, como la cosecha de biomasa, o la colocación de aireadores, en parte más temporales que definitivos, lo mejor es reducir al mínimo en el tiempo el ingreso de fósforo y nitrógeno. Siempre debe tenerse en cuenta que parte de la flora bacteriana de las floraciones liberan al agua toxinas neurotóxicas y hepatotóxicas.
22) La impermeabilización de los ambientes naturales, productivos y urbanos, y la reducción general de los procesos de infiltración de agua de lluvia en los suelos.
Córdoba es la provincia donde a la simplificación ecológica salvaje se agrega la impermeabilización de las cabeceras de cuenca en zonas serranas, pero también en suelos llanos con cultivos industriales (como la soja). Lo mismo ocurre en los pueblos y ciudades con el pavimento, los solados, y las construcciones en general. En una provincia típicamente semiárida, donde al agua no abunda, la incoherente gestión ambiental de la provincia, y de la mayoría de los municipios, favorecen la escorrentía superficial de agua en lugar de la necesaria infiltración. Cada ambiente nativo reemplazado por cultivos y ciudades reduce la infiltración de agua. Las sierras dejan de almacenarla en sus entrañas rocosas, los ríos se vuelven torrentosos, y aumenta en verano el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
23) La urbanización de zonas montañosas que tienen vegetación nativa y grandes pendientes crea trampas letales en caso de incendios.
Córdoba es la provincia donde el estado no asume que la urbanización de zonas montañosas que tienen vegetación nativa y pendientes importantes, temerariamente autorizada por los municipios y comunas (e incluso por la propia provincia), crean trampas mortales en caso de incendios de gran escala, o crecientes extraordinarias.
24) Saqueo de aguas subterráneas por empresas de Arabia Saudita, un tipo de extractivismo descuidado por el gobierno de Córdoba.
Córdoba es la provincia donde los capitales árabes para producción de forraje explotan impunemente las aguas subterráneas de Traslasierra sin que haya reacción por parte del gobierno. La empresa Fondomonte South America, que forma parte de la compañía lechera Almarai de Arabia Saudita -una de las mayores del golfo Pérsico- compró 12.000 hectáreas de tierra en la localidad de San Vicente para sembrar alfalfa, y luego exportar el forraje. Mientras esto sucede, el gobierno de Martín Llaryora, en tanto, se limita a decir que los informes hechos y presentados por la empresa no indican alteraciones en el acuífero que explotan. La gestión Llaryora parece no haberse enterado que el gobierno de Arizona, en Estados Unidos, le quitó los permisos de riego de alfalfa a la empresa Fondomonte en Butler Valley debido a su desmesurado consumo de agua subterránea.
25) Los cotos de caza y la caza ilimitada de palomas por cazadores extranjeros, dos prácticas neocoloniales. El otro riesgo: especies exóticas que se escapan, y transforman en invasoras.
Córdoba es la provincia donde operan cotos de caza para extranjeros. En estos lugares se crían especies exóticas, como el búfalo africano, para que cazadores de América del Norte, Europa y Asia vengan a matarlos. Ocasionalmente ejemplares de especies importadas escapan de los cotos, y se transforman en invasoras dañinos, como el jabalí europeo (Sus scrofa). El Ministerio de Ambiente también permite la caza sin límite de una especie nativa, la paloma dorada, Zenaida auriculata. Todo indica que al gobierno provincial no le preocupa la contaminación por plomo de miles de cazadores actuando durante años en las mismas zonas, ni las otras especies autóctonas que “inadvertidamente” también cazan. Cazadores que, violando el Artículo N°16 de la Constitución Nacional, ingresan al país y la provincia sin presentar para su carnet un equivalente al local certificado de buena conducta que sí deben presentar los cazadores argentinos. En Córdoba la biodiversidad nativa, ya afectada por fuegos, desmontes y contaminación, también cae bajo los perdigones de cazadores extranjeros. Es el llamado “turismo cinegético” amparado por ley en Córdoba.
26) La pintura verde de la economía circular. El uso de residuos urbanos como combustible alternativo en las cementeras, y la contaminación por dioxinas, furanos y metales pesados.
Córdoba es la provincia donde se rebautizó al área de ambiente como “Ministerio de Ambiente y Economía Circular”. Esta iniciativa, surgida principalmente de las corporaciones y de instituciones no gubernamentales muy cercanas a la industria -como la Fundación Ellen MacArhur de Estados Unidos- privilegian acciones que bien pueden calificarse como pintura verde. Un ejemplo en Córdoba es el pésimo ejemplo de la cementera Holcim Geocycle. Como parte de un proyecto destinado a “lavarle la cara” al enterramiento sanitario de Piedras Blancas en Córdoba, Holcim construyó en el predio una planta donde se hace reciclaje, y obtiene también “combustible alternativo” (sic) para trasladarlo y luego quemarlo en su horno cementero. Parte de los residuos quedan incorporados al “clinker”,el material base con el cual se fabrica el cemento. El gobierno de Martín Llaryora -y su anterior gestión al frente de la Municipalidad de Córdoba- parece olvidar que Holcim Geocycle descargó al aire de Malagueño, en Córdoba, cantidades de dioxinas que violaban la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N°24.051 (2009, 2010). Una de las dioxinas usuales, la TCDD, es un cancerígeno del grupo 1 para la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC). Esta promoción de una técnica cada vez más descartada, como la incineración de residuos peligrosos, desconoce los pésimos antecedentes ambientales de Holcim Geocycle en América Latina. Quienes hemos trabajado técnicamente junto a afectados por Holcim Geocycle en El Salvador, Colombia y México pudimos observar en terreno sus graves impactos sobre el ambiente, y sobre la salud de personas expuestas.
27) Córdoba, una de las pocas ciudades del mundo con más de 57.000 toneladas de residuos de uranio depositados en uno de sus barrios más populosos.
Córdoba es la provincia donde el “chichón” (túmulo) con isótopos de uranio ubicados en un barrio de la ciudad capital (Alta Córdoba), dependiente de CNEA, sigue sin ser remediado. Es un depósito carente de membrana, que tiene más de 57.000 toneladas de residuos de uranio. Entre ellos el gaseoso Radón-222. El “chichón” se ubica en el mismo lugar donde otra actividad industrial previa, aeronáutica, ya había dejado residuos de cromo hexavalente, sustancia cancerígena del grupo 1 para el IARC. Por si esto fuera poco, Dioxitek, la planta de CNEA ubicada junto al “chichón”, sigue produciendo dióxido de uranio pese a ser una actividad industrial prohibida por ordenanza para la zona. En la surrealista realidad de la ciudad capital, el Juez Federal Miguel Vaca Narvaja sigue renovando las autorizaciones, con el acuerdo de la Municipalidad de Córdoba, para que Dioxitek siga operando y violando una norma vigente. La planta que la reemplazará y estaba siendo construida en Formosa, llamada NPU (Nueva Planta de Uranio), ha sufrido un importante recorte presupuestario.
28) La mina de uranio de Los Gigantes sigue sin ser remediada.
Córdoba es la provincia donde sigue sin ser remediada la cerrada mina de uranio de Los Gigantes, aguas arriba del río San Antonio, afluente del lago San Roque. Los materiales sólidos depositados en la mina como producto de la explotación son 2.400.000 toneladas de colas, 1.000.000 de toneladas de estériles y 600.000 toneladas “de material marginal”. En el lugar se concentran los distintos radioisótopos del uranio, entre ellos Radón-222 (gaseoso), Radio-226 y Plomo-210. Los distintos gobiernos provinciales nunca contrataron monitoreos independientes para conocer los niveles de contaminación radiactiva existente en la mina.
29) El reactor nuclear de Embalse, en caso de sufrir el peor accidente posible (Nivel 7 en la escala INES) puede contaminar radiactivamente un radio de 500 a 700 kilómetros alrededor de la central. Pero la población de la provincia no ha sido preparada para actuar en caso de catástrofe nuclear.
Córdoba es una provincia donde opera en Embalse un reactor nuclear de potencia Candu 6 de vida prolongada (por lo tanto, más peligroso). En el núcleo del reactor hay 4.560 elementos combustibles con más de 86 toneladas de uranio. En esa masa se produce la fisión nuclear controlada. Posee además piletas de enfriamiento con capacidad para 40.000 elementos, y la totalidad del material radiactivo de descarte (combustible nuclear “quemado”) está contenido en 191 silos que almacenan 116.640 elementos combustibles (entre silos operativos y silos en construcción el total era de 216 silos ASECQ). Si un avión comercial de gran porte como el Boeing 767 colisionara contra esos silos, y se liberara buena parte de su contenido, el desastre radiológico sería comparable o mayor al de Chernobyl. Dos Boeing 767 fueron los estrellados deliberadamente, como parte de un acto terrorista, contra las Torres Gemelas en 2001 (Nueva York, Estados Unidos). Pese a los riesgos por accidente (de origen interno) y por eventos terroristas o colisión accidental de avión comercial de gran porte (de origen externo), la población provincial no ha sido preparada para enfrentar el peor accidente posible, Nivel 7 en la escala INES. Esta es una escala elaborada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que va del Nivel 1 al Nivel 7 (1 a 3 son considerados “incidentes”, del 4 al 7 “accidentes”). Desde hace años Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), conjuntamente con la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organizan simulacros “de accidente leve”, en un ´radio de 10 kilómetros alrededor de la central de Embalse, cuando el peor accidente posible puede provocar un gravísimo impacto radiactivo en un radio de 500 a 700 kilómetros alrededor de la central. Esto implica que el impacto radiológico podría extenderse incluso a provincias vecinas, algo que ni siquiera ha sido considerado. Tampoco se conocen, públicamente, los hospitales capacitados para atender a las víctimas de un accidente o evento Nivel 7. Córdoba -por lo tanto- es una provincia vulnerable y desinformada donde las autoridades nucleares (NASA, ARN, CNEA), y el gobierno provincial, no han proporcionado a todos sus habitantes ni un Plan Ciudadano para actuar ante el peor accidente nuclear, ni han preparado a la población (lo mismo ocurre para el reactor de investigación RA-0 de la Ciudad Universitaria). Solo está disponible el Plan Ciudadano que nosotros elaboramos en FUNAM, y venimos distribuyendo a las comunidades desde 2011. Debe tenerse en cuenta que los residuos de la fisión del uranio contenidos en el combustible nuclear “quemado” son altamente radiactivos, y peligrosos por más de 240.000 años. Este horizonte de riesgo deriva de considerar el período de semidesintegración de uno de esos radioisótopos, el Plutonio-239, que es de 24.200 años aproximadamente, multiplicado por 10. Si tenemos un kilogramo de Plutonio-239, a los 24.200 años quedará la mitad de esa cantidad. Tras otros 24.200 años quedará la mitad de esa mitad, y así sucesivamente. Al multiplicar el período de semidesintegración por 10, definimos aproximadamente el muy extendido “horizonte de riesgo”.
30) Los sucesivos gobiernos de la provincia de Córdoba nunca hicieron monitorear en forma independiente el impacto radiológico de la central nuclear de Embalse. Las fugas radiactivas secretas.
Córdoba es la provincia donde los gobiernos provinciales nunca contrataron un monitoreo independiente de los niveles de contaminación por materiales radiactivos que descargó, y sigue descargando, el reactor nuclear Candu 6 de Embalse. Debemos recordar que los reactores Candú descargan grandes cantidades de Tritio-3 radiactivo al aire y al agua del lago de Embalse. Pero también desecha cotidianamente bajas dosis de otros radioisótopos, como Cesio-. troncio-90, Iodo-131 y Cobalto-60. Los tres primeros ejemplos son productos de fisión, y el Cobalto-60 un radioisótopo “inducido”. Por razones que desconocemos, los sucesivos gobiernos provinciales dependen exclusivamente de los datos proporcionados por la operadora del reactor, Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), y de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Históricamente estos organismos se han manejado con información secreta, y poca transparencia. La mayor parte de las pérdidas de agua pesada contaminada radioactivamente que llegaron accidentalmente al lago de Embalse, por ejemplo, fueron difundidas públicamente por FUNAM. Estas pérdidas suelen ocurrir por “pinchaduras” en los circuitos de transmisión de calor y refrigeración (el de agua pesada, el de agua ligera, y el de agua del lago). La irresponsabilidad con que se maneja la peligrosidad extrema del reactor nuclear de Embalse es inadmisible. Embalse, junto a Atucha I y Atucha II, son las tecnologías de mayor riesgo ambiental y sanitario en Argentina. Los funcionarios provinciales deberían tener presente que a nivel de radiación ionizante no existe ningún valor de inocuidad, pues cualquier valor de exposición a la radiación es de riesgo (puede verse, como ejemplo, el informe BEIR VII Segunda Fase de las Academias de Ciencias de Estados Unidos).
31) Los depósitos clandestinos de residuos peligrosos en Córdoba.
Córdoba es una provincia donde los depósitos clandestinos de residuos peligrosos generados por las industrias químicas de Río Tercero (todos ellos oportunamente identificados, cualificados y denunciados por FUNAM) siguen sin ser aislados y remediados. Urge identificar geográficamente donde se ubican, describir cuali cuantitativamente los compuestos químicos que contienen, estimar sus riesgos para el ambiente y la población circundante, y determinar tanto su origen como los responsables de los enterramientos clandestinos. Debería elaborarse un plan de tratamiento y disposición, tomado elementos de lo que fuera originalmente el Superfondo manejado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. Cuando corresponda, debe presentarse los casos ante la Justicia Penal.
32) El impacto sanitario y ambiental de los residuos sólidos urbanos, y la insustentable estrategia de generar vertederos regionales en la provincia.
Córdoba es una provincia donde siguen existiendo basurales abiertos sin gestión, y que son quemados deliberada y continuamente para que se reduzca su volumen. El desafortunado programa “Basura Limpia” de la provincia promovió además la construcción de vertederos regionales, lo cual crea zonas de sacrificio, y desalienta la menor producción de residuos y reciclaje en los municipios que se sacan de encima su propia basura. Tanto los basurales abiertos como los vertederos controlados descargan al aire metano y Compuestos Orgánicos No Metánicos (CONM). Estos últimos contienen sustancias cancerígenas y mutagénicas. Mientras que a nivel internacional se desaconseja el uso de incineradores, que descargan al aire dioxinas, furanos y metales pesados, la Municipalidad de Córdoba -inicialmente durante la gestión de Martín Llaryora- viene promoviendo la selección de residuos de la basura sólida cordobesa, para su quema en la planta cementera de Holcim Geocycle.
33) El escándalo ambiental y sanitario del uso masivo de plaguicidas en la provincia de Córdoba.
Córdoba es una provincia en la cual la aplicación de plaguicidas es masiva, irracional e impune. El gobierno no exige al SENASA la reclasificación de plaguicidas críticos en base a la buena ciencia, y los países donde están prohibidos. En toda la provincia se pulveriza impunemente con plaguicidas, con derivas que contaminan comunidades enteras y escuelas. A contrapelo de la lógica y la salud, Córdoba sigue permitiendo la pulverización aérea de plaguicidas, prohibida por ejemplo en la Comunidad Europea. Resulta llamativo que el gobierno siga ignorando los resultados del estudio realizado por organismos internacionales y contrapartes argentinas sobre presencia de plaguicidas en personas expuestas (SPRINT). En el informe de SPRINT presentado internacionalmente se indicó que en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 participantes argentinos fue detectada la presencia de hasta 18 plaguicidas. Este Informe fue censurado por INTA durante la presidencia de Alberto Fernández. La realidad indica -como lo presentamos en 2001 en la Universidad George Washington- que el problema de los plaguicidas es agravado por los cambios químicos en los envases, el cóctel de sustancias que acompañan al principio activo, las mezclas de plaguicidas aplicados, y el espectro de residuos de plaguicidas presentes en las personas expuestas, la biodiversidad y el ambiente. En Argentina toda la población está expuesta a bajas dosis contenidas en los alimentos y el agua, y las aplicaciones domiciliarias. De ese total, unas 12 millones de personas recibe la deriva de aplicaciones de plaguicidas en zonas periurbanas y rurales, e incluso en espacios públicos donde las autoridades municipales usan herbicidas. Nosotros consideramos que la exposición aguda, crónica y ocasional a los plaguicidas, más la acción de los residuos de plaguicidas y otros contaminantes contenidos en los cuerpos, aumentan la morbilidad y la mortalidad en la población, configurando un escándalo por ahora silencioso y silenciado.
34) Córdoba es una provincia multiétnica que debe revitalizar sus raíces indígenas, y cumplir a rajatabla el Convenio 169 de Derechos Indígenas de la OIT.
Córdoba es una provincia multiétnica que sigue sin asumir que es multiétnica, y que debe adecuarse a esta realidad en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución y los convenios ad-hoc suscritos por el Estado Nacional. Este es un tema y una materia vergonzosamente pendientes de nuestras instituciones gubernamentales. Lamentablemente, el gobierno provincial, y muchas municipalidades, siguen violando impunemente el Convenio 169 de Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recientemente el presidente Javier Milei eliminó, por ejemplo, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas que funcionaba en el INAI desde hace 30 años. Esta y otras decisiones que se toman sin consultar previamente a las comunidades indígenas, directamente afectadas, constituyen una clara violación al Convenio 169. Es preocupante el largo listado de grandes obras públicas y privadas que eludieron el cumplimiento del convenio, pero también la escasa permeabilidad del sistema judicial para dar curso a las denuncias presentadas.
35) La importancia de las leyes socio-ambientales que rigen en la provincia de Córdoba.
Córdoba es una provincia que ha sido pionera en legislación ambiental con la aprobación, en 1985, de la Ley General de Ambiente N°7.343 de cuya redacción participé, y presentó en su momento el entonces legislador Rubén A. Martí. Si bien esta ley ha sido mejorada en numerosos aspectos, los fuertes intereses corporativos han forzado posteriores procesos de involución normativa. Muchas de estas normas regresivas han sido fundadamente criticadas, y hasta enfrentan en la actualidad procesos judiciales por inconstitucionalidad. Normas clave, como la Ley N°9.256 de 2008 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto (Artículo 1), la minería de minerales nucleares como uranio y torio (Artículo 2), y el uso de determinadas sustancias tóxicas en las prácticas mineras (Artículo 3), resistió exitosamente los embates de sectores corporativos que buscaban su anulación. Hoy la norma cuenta con el respaldo que le dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además de las normas regresivas que todavía persisten, se le agregó una versión local al capítulo sobre RIGI de la Ley Bases. Tanto el RIGI nacional, como el RIGI provincial, violan abiertamente el Tratado de Escazú, y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas del Organismo Internacional del Trabajo (OIT).
36) Córdoba, una provincia donde el sistema judicial no siempre actúa en forma independiente del gobernador, de otros altos funcionarios, y de poderosos directivos de corporaciones.
En la provincia de Córdoba, al igual que en otras provincias y la Nación, el sistema judicial se ha mostrado en general poco dispuesto al abordaje de delitos ambientales, y a la salvaguarda de derechos indígenas. Son poco frecuentes las imputaciones y enjuiciamiento de funcionarios públicos y directivos de grandes corporaciones que violaron normativa ambiental y derechos indígenas reconocidos. Aunque existen casos pioneros y exitosos, como la prohibición del defoliante 2,4.5-T, o el de las toninas overas, en los cuales participaron Juan Schroeder, Antonio Brailovsky y Alberto Kattan, el listado de éxitos recientes crece muy lentamente. Uno de los juicios paradigmáticos contra los responsables de aplicar ilegalmente plaguicidas en barrio Ituzaingó Anexo, terminó con personas condenadas, pero ninguna pena de prisión efectiva. Mientras el sistema judicial no acompañe responsablemente la multiplicación de casos ambientales, y de violación de derechos indígenas, y siga existiendo el temor a imputar altos funcionarios y poderosos directivos corporativos, los impactos ambientales y sanitarios se agravarán. Entretanto, la utilización de sistemas judiciales externos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el sistema judicial de Naciones Unidas con base en Holanda, brindan posibilidades alternativas cuando fracasan las presentaciones en el país.
Comentarios finales
El listado de problemas socio-ambientales críticos de la provincia de Córdoba no se completa con lo descrito anteriormente. La enumeración es mucho más extensa, pero elegimos, arbitrariamente, los de mayor impacto negativo. El gobierno provincial y la Legislatura, como asimismo los gobiernos municipales y comunales, y los Concejos Deliberantes, deben repasar estas realidades, y actuar sin demora.
Pese a la dramática situación socio-ambiental de la provincia, y a la amenaza que representa para Argentina la gestión caótica, violenta y anti estatal de Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora sigue sosteniendo frente al gobierno nacional una actitud de sometimiento y de apoyo a su gobernabilidad. Aunque parezca un tema menor, llama la atención la permanente sonrisa del gobernador ante tantas crisis, y tanta angustia colectiva.
Después de los catastróficos incendios ocurridos en la provincia entre agosto y septiembre de 2024, el gobernador Martín Llaryora, en lugar de hacer un replanteo profundo de su política socio-ambiental, incluida una revisión completa del Plan Provincial de Manejo del Fuego, se limitó a repetir la misma estrategia que desplegó en una situación similar su predecesor en el cargo, Juan Schiaretti. Llaryora lanzó su “Plan Integral de Restauración Ecológica de Córdoba”, PIRE, que repite a grandes rasgos la estrategia seguida por Schiaretti después de los devastadores incendios de 2020, cuando el ex gobernador presento su “Programa de Restauración Ambiental”. La población de la provincia y sus ecosistemas, naturales e intervenidos, demandan una gestión socio-ambiental que tenga bases técnicas más sólidas, compromiso, y participación.
Debe quedar claro que en la provincia de Córdoba existen suficientes conocimientos, recursos humanos, organismos no gubernamentales, asambleas, movimientos de autoconvocados, y contactos académicos con universidades y centros de investigación de todo el mundo, que de haber sido orgánicamente consultados podrían haber proporcionado soluciones y pautas prácticas que evitaran los vacíos, desatinos y caos que muestra la actual situación socio-ambiental de la provincia. Más aún, todos estos sectores y actores estuvieron y siguen disponibles.
En la provincia de Córdoba, como en otros lugares del país, los movimientos de personas afectadas por la contaminación y la degradación ambiental; las protestas colectivas; los petitorios; el uso de las redes sociales; las coaliciones entre asociaciones civiles; la difusión de comunicados de prensa; las acciones administrativas y judiciales, y toda otra herramienta lícita, son parte -a mi juicio- de la gestión ambiental cotidiana. Lamentablemente, los gobiernos -en especial la gestión de Javier Milei- están criminalizando toda protesta social, y aumentando la violencia de las fuerzas represivas. En Córdoba, y en el país, debe aplicarse a rajatabla, con urgencia, el Acuerdo de Escazú que protege a los defensores del ambiente, de la tierra, y de los derechos indígenas.
Con frecuencia los distintos gobiernos de Córdoba a través de la policía, y la Justicia Provincial, han perseguido a los ciudadanos que osaron, por ejemplo, protestar pacíficamente contra la Autovía de Punilla. Siguiendo el modelo de las violentas políticas represivas encaradas por el gobierno nacional, el poder local busca a veces criminalizar la protesta para que, por miedo, tenga cada vez menos adherentes. Pero el acompañamiento colectivo crece en lugar de disminuir, y está neutralizando, cada vez con mayor efectividad, los reiterados actos de autoritarismo. La presentación y aprobación del RIGI cordobés, por ejemplo, fue un inaceptable acto de autoritarismo, ejecutivo y parlamentario.
Córdoba, finalmente, es una provincia que tiene una de las universidades más antiguas de América Latina y Caribe, la Universidad Nacional de Córdoba, que a través de numerosos docentes, investigadores, no docentes y estudiantes ha venido acompañando técnica y activamente los movimientos de protesta en cuestiones ambientales y de derechos humanos. Lamentablemente el gobernador Martín Llaryora, ante la violencia institucional ejercida por el presidente Javier Milei contra la educación superior pública y gratuita, en lugar de militar activamente para que se apruebe la ley de financiamiento universitario, se limitó a pedir -luego de ser vetada por el presidente, y ser validado el veto por Diputados- que el tema sea discutido por todas las partes en el presupuesto de 2025.
En materia de ambiente no se trata solamente de crear un Ministerio, y reivindicar la cuestionada economía circular. A nivel social, no basta con medidas aisladas, y adecuaciones a recortes presupuestarios decididos unilateralmente por la Nación. Están en juego no solamente nuestros derechos, sino también los derechos de las futuras generaciones, y el derecho de la biodiversidad a seguir viviendo. Sin suficiente biodiversidad y ecodiversidad, por otra parte, no hay futuro posible. Lamentablemente el contexto provincial y nacional es dramático. Crece la cantidad de personas golpeadas por políticas federales crueles e incoherentes. Crece la cantidad de comunidades y personas afectadas por todo tipo de crisis ambientales. Aumenta la presión del presidente Javier Milei contra la educación superior pública y gratuita. Urge por lo tanto que la provincia resista el autoritarismo y la discrecionalidad del gobierno nacional, pero que revise también su propia política socio-ambiental. La estrategia de la pintura verde solo sirve para tapar las malas decisiones de gobierno, la irresponsabilidad de las corporaciones, y las efímeras apetencias de poder. El uso de pintura verde es una estafa social, y ambiental. La pintura verde legitima que le robemos futuro a nuestros descendientes.
En el convulsionado escenario actual sería deseable que el gobernador Martín Llaryora actúe con más coraje cívico, sin tanta tibieza especulativa, y de ser posible, con menos sonrisas teatrales.
Porque lo que hoy sufren las personas y familias más desprotegidass, y el ambiente de Córdoba, no da para sonreír. Lo que sucede social y ambientalmente es serio, triste, y dramático.
(*) Profesor Titular Plenario de Biología Evolutiva Humana (Cátedra A, Facultad de Psicología, UNC). Director del Campus Córdoba del Right Livelihood College, RLC (el RLC tiene presencia en universidades y centros de investigación de 9 países).
Premio Nobel Alternativo (RLA, Estocolmo, Parlamento Sueco, 2004).
Premio por un Futuro Libre de Nuclear (Salzburgo, Austria, 1998)
Premio Global 500 de Naciones Unidas (PNUMA, Bruselas, Bélgica, 1989).
