¿Quién manda los mensajes de texto? El avance minero en Chubut contra la iniciativa popular que busca prohibir la actividad en la provincia, permitió que se detectara el diálogo por mensaje telefónico de uno de los legisladores con Gastón Berardi, gerente local de la empresa canadiense Yamana Gold.
Fuente: Lavaca
Las mineras canadienses, justamente, incluyendo a Yamana Gold, han sido vinculadas por primera vez a la violación de los derechos humanos en América Latina, tema que provocó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ocurrida el 28 de octubre último, en Washington.
La audiencia fue fruto de un trabajo de años realizado por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, que conforman diversas organizaciones ciudadanas, humanitarias y profesionales de todo el continente. El trabajo se publica aquí en su versión completa.
Esa investigación, y la presentación ante la CIDH fueron acompañadas por Mining Watch de Canadá, organización no gubernamental cuya representante Jenifer Moore habló de “omisión” y “complicidad”, al referirse al gobierno canadiense, al que exigió un cambio radical en su política exterior para no convalidar con su silencio la acción de las empresas mineras. Las organizaciones del Grupo de Trabajo pidieron que Canadá deje de proteger a la industria extractiva a costa de los derechos de los indígenas y vecinos afectados por las actividades de las mineras en el continente.
Descargar el informe El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, en formato .pdf
“La política del Estado canadiense es vacía y es cómplice en las violaciones que estamos viendo”, dijo Moore. Para la Comisión, se trata de una novedad. Su incumbencia en casos de violaciones a los derechos humanos se refiere a los Estados. En este caso, el planteo de las organizaciones sociales es que el Estado canadiense tiene responsabilidad con respecto a lo que hacen las empresas de ese país en el extranjero.
¿Cómo respondió Canadá? Dana Cryderman, representante alterna de ese país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió que las presuntas violaciones o abusos denunciados “están claramente fuera del ámbito de las obligaciones de Canadá” bajo el derecho internacional y regional. Planteó que los países donde operan las empresas mineras canadienses cuentan con “vías legales y judiciales” propias que son las que se deberían agotar antes de recurrir a otros organismos. El mensaje: vayan a cuestionar a los Estados que permiten esas actividades en sus propios territorios.
Shin Imai, del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, replicó que para las ganancias económicas no hay fronteras. “pero cuando aparecen las violaciones a los derechos humanos dicen: ese no es nuestro problema”.
La Relatora para Canadá ante la CIDH, Rose Marie Antoine, comentó: “Pese a las aseveraciones sobre las buenas políticas de Canadá, en la Comisión seguimos viendo recurrentes casos, muy muy graves, de violaciones de derechos humanos como resultado de la actuación de algunas compañías”. La jurista es además relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de las Personas Afrodescendientes, cosa que se encargó de recordar durante la audiencia para consignar que hace tiempo conoce las acusaciones contra empresas extractivas canadienses.
Antoine enumeró, entre los conflictos provocados por este tipo de compañías, los desplazamientos forzosos, violación de derechos ambientales, a la salud y de acceso al agua de los habitantes, hasta en algunos casos la criminalización de los defensores mismos de los derechos humanos.
El director ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, denominó a este encuentro como parte de las “audiencias de primera generación”, no vinculadas a interpretaciones tradicionales del derecho. Por eso, dijo, los comisionados tuvieron más preguntas que respuestas, aunque la CIDH dejó claro que es un tema que genera una gran preocupación y que no se debe desatender.
El argumento en discusión, no explícito aún, es si considerar a las empresas mineras como una suerte de “agente estatal” del país en el que residen, como una forma de volcar responsabilidad hacia dicho país sobre lo que hacen estas corporaciones en el extranjero.
Conforman el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA– (Chile), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR– (Colombia), Fundación para el Debido Proceso –DPLF– (regional), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario –CEHPRODEC– (Honduras), Asamblea Nacional de Afectados Ambientales – ANAA– ( México), Asociación Marianista de Acción Social (Perú) y Red Muqui (Perú). Otras organizaciones han colaborado con el Grupo de Trabajo, proporcionado información sobre las principales violaciones a derechos humanos ocasionadas por empresas mineras canadienses en los proyectos examinados. En ese sentido, la realización del informe no hubiera sido posible sin la valiosa contribución de: la Red de Asistencia Jurídica contra la Mega Minería –REDAJ– (Argentina), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y losDH–FOCO– (Argentina), Bienaventurados los Pobres –BEPE–(Argentina), Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA– (Colombia), Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Colombia), Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay –FOA– (Ecuador), Periódico Intag (Ecuador), Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay –UNAGUA– (Ecuador), Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (El Salvador), Comisión Pastoral Paz y Ecología de la Diócesis de San Marcos –COPAE– (Guatemala), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LA VIDA -(México), Centro de Derechos Humanos de laMontaña –TLACHINOLLAN– (México),Coordinadorade losPueblosUnidosdelValledeOcotlán (México), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria –CRAC-PC– (México), Frente de Defensa Wirikuta (México), Organización Campesina Emiliano Zapata (México), Pro San Luis Ecológico (México), Centro de Incidencia Ambiental –CIAM– (Panamá), Comité Pro‐Cierre de Mina Petaquilla (Panamá), Comité Pro-Defensa de Donoso (Panamá), Coordinadora Campesina por la Vida (Panamá), Servicio Paz y Justicia –SERPAI– (Panamá), Asociación de Defensa de la Tierra, El Agua, La vida y el Medio Ambiente de los caseríos afectados por el Proyecto Minero Huaquillas S.AC. Distrito y Provincia San Ignacio, Cajamarca (Perú), Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, Cajamarca (Perú), Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) del Arzobispado de Huancayo (Perú), Red Agua, Desarrollo y Democracia –REDAD– (Perú), Vicaría del Medio Ambiente –VIMA– del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier de Jaén (Perú).
