En medio de una nueva embestida megaminera, la lucha de Esquel y todo Chubut cumple dieciocho años. Aquellas primeras asambleas y la primera marcha masiva el 4 de diciembre; el plebiscito y la ley provincial; las nuevas empresas que llegaron con sus empleados en los medios y en los gobiernos; las asambleas que tomaron la iniciativa y nunca dejaron la calle. Un repaso por la historia de un pueblo consciente y luchador, que nuevamente le está dando lecciones a quienes gobiernan dándole la espalda.
Por Julián Raso para Dame Una Mag (Descargá la revista acá)
Foto: Nicolás Palacios – Fotografías Con Voces
Allá por octubre del 2002, se realizaban las primeras asambleas vecinales ante la alerta que generó en la población el conocimiento de que se pretendía realizar, a solo seis kilómetros de la ciudad, un megaemprendimiento minero que movería toneladas de piedra y utilizaría agua con cianuro para extraer oro.
A fines de noviembre, tras esos debates, se llevó a cabo la primera marcha bajo la consigna “No a la Mina” y, en esos agitados días, la población se dirigió al Concejo Deliberante para exigirles a los representantes información y una postura al respecto. Se logró una “sesión abierta” en la Sociedad Española para el 2 de diciembre y la posterior suspensión de la Audiencia Pública que iba a realizarse el día 4.
Para ese día, estaba convocada una nueva marcha en la que, lejos de cancelarse, el pueblo salió a las calles para reafirmar su postura y festejar el triunfo popular. Fue la primera movilización realmente masiva, en la que participaron también manifestantes de Trevelin y de la Comarca del Paralelo 42. De este modo, los gobernantes que pretendieron hacer entrar a la minera sin consultar a la sociedad, aceptaron convocar a un plebiscito que, en principio, no era vinculante, pero el nivel de participación social y el resultado hicieron que no queden dudas: más de 8 de cada 10 habitantes de Esquel estaban en contra del proyecto minero en su cordón montañoso.
¿Pero por qué tanto alboroto?
Lo que en pocos meses la sociedad esquelense tuvo que aprender, informarse y compartir a sus pares, era de qué se trataba esto de la megaminería. A partir de contactarse con otras poblaciones del país y de Latinoamérica para conocer sus experiencias, se tomó dimensión de las consecuencias que el proyecto tendría: desde las afectaciones al ambiente, los cambios en los modos de vida y cómo las deslumbrantes promesas sobre trabajo y desarrollo no se cumplían en las regiones mineras.
Lo primero que activó la alarma fue el cianuro que la minera pretendía usar para separar el oro de la piedra. Pero no era el único aspecto ambiental. La minera utilizaría grandes volúmenes de agua, generaría polvo en suspensión, drenaje ácido, deforestación y abriría un enorme pozo en la montaña de la que brota el agua que en parte abastece a la laguna Willimanco y de ahí se dirige hacia la toma de la que se provee la ciudad. A medida que se investigaba sobre la megaminería en otras regiones del mundo, se confirmaba que además de los accidentes recurrentes, la actividad genera una contaminación inevitable por sus propias características.
Así se fue enterando la población esquelense de que en la megaminería participan empresas trasnacionales que cotizan en bolsa y funcionan captando accionistas. Empresas realmente grandes y desterritorializadas: la mayoría figura con sede en Canadá, pero sus inversores son de todas partes del globo y no tienen vinculación con los territorios que explotan.
La megaminería ocupa superficies extensas, de miles de hectáreas. Y por medio de las exploraciones se determina el lugar posible a explotar, dado que el metal no se encuentra puro, en vetas, sino diseminado en el ambiente a razón de pocos gramos por tonelada de piedra. Por eso hablamos de “megaminería”, que es minería a gran escala. Grandes extensiones, millones de toneladas de piedra molida y pulverizada, millones de litros de agua, toneladas de químicos y enormes necesidades energéticas: un uso descomunal de energía eléctrica y combustible.
Por eso, para que un proyecto sea factible, las empresas analizan la ley mineral (cuál es la relación gramo de metal por tonelada de piedra), qué extensiones se deben dinamitar y remover, qué infraestructura hay que desarrollar, cómo es el acceso al agua y cuánto va a costar el transporte de la electricidad, la mano de obra, la maquinaria, los insumos y la exportación de lo extraído.
A estos cálculos, se les suman aspectos sociales y políticos. En nuestro país, las empresas gozan de leyes que les aseguran el negocio, muchas más garantías y subsidios que cualquier actividad sustentable. Hasta pareciera que las redactaron las mismas empresas, si no fuese porque ni lo que hay les alcanza y siempre piden más.
Toda esta información fue recolectada y puesta en común en las primeras asambleas. Vecinas y vecinos aportaron sus conocimientos sobre química, medicina, economía, o sus propias experiencias: todavía estaban frescas las promesas incumplidas en la construcción de la represa sobre el río Futaleufú.
Las empresas habían hecho todos los cálculos, y los números cerraban. Toda la infraestructura estaba a su disposición (ruta nacional, aeropuerto, tendidos de alta tensión, un cordón montañoso que provee agua, una ciudad a pocos kilómetros) y una muy buena relación en gramos de oro por tonelada de piedra.
Lo que todavía no tenían en cuenta en ese momento era que se iban a encontrar con el rechazo de la sociedad, y que iban a tener que invertir bastante más si pretendían dar la pelea.
Primeros triunfos populares
Con el resultado del plebiscito de Esquel, las acciones de Meridian Gold se fueron a pique. Pero la movilización popular no se detenía y, desde la legislatura, buscaron un mes después frenarla (o contenerla) con una ley que, si bien no es completa, hasta hoy prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, la ex Ley 5001, hoy denominada LEY XVII-Nº 68. Si bien la ley contemplaba una posible zonificación –que tenía que realizarse en 120 días corridos- el artículo venció sin aplicarse, con lo cual hace 17 años la ley es efectiva en toda la provincia.
La legislación vigente complica los planes económicos de las mineras. Si bien no está prohibida la megaminería en su totalidad, sí lo están sus variantes más rentables. Eso llevó a que las mineras sigan explorando el territorio chubutense y tanteando alternativas para avanzar con algunos de los proyectos. Lo único que las detuvo fue la movilización popular.
Desde aquel 4 de diciembre,Esquel marcha todos los meses. A eso hay que sumarle todas las movilizaciones espontáneas o surgidas entre cuatro y cuatro, y las de los 23 de marzo en que se conmemora el plebiscito. Durante algunos años, en donde no se veían intenciones de las mineras, la marcha se sostenía con menor participación, cual llama piloto de un calefón. Cada vez que las mineras o los gobernantes insinuaban alguna posibilidad de querer reactivar un proyecto minero, la llama piloto se convertía en un fuego mayor y la población volvía a ratificar su NO masivamente en las calles.
Mineras de mayor peso entran a la cancha
Como se indica al comienzo, las mineras trasnacionales no tienen un apego territorial ni mucho menos. Su patria son las ganancias extraordinarias y pueden comprar y revender proyectos, explorarlos y venderlos, cambiarlos como figuritas e, incluso, bajar la persiana e irse cuando no les brindan lo que esperan.
Es más, hay empresas que se dedican a comprar proyectos a bajo precio por el rechazo social ya generado, para imponer su poder de lobby y esperar algún tiempo en que puedan dar el zarpazo. Una de ellas es Pan American Silver (PAS), quien compró el proyecto Navidad en la meseta chubutense. El descubrimiento lo había realizado una empresa denominada IMA, a partir de información confidencial de la minera Aquiline que había descubierto el yacimiento Calcatreu en Río Negro, pero dentro del mismo macizo rocoso. Un tribunal canadiense obligó a IMA a entregar el proyecto a Aquiline y esta se lo vendió a Pan American Silver, que ya había realizado el principal trabajo sucio: remover un chenque (un enterratorio de 1200 años) que ponía en peligro el proyecto por su valor arqueológico y sagrado para los pueblos originarios.
PAS es una de las mineras de plata más grandes del mundo. Tiene sede en Canadá pero, salvo por una mina de oro en ese país, sus operaciones están dispersas por Latinoamérica. Se caracteriza por comprar proyectos conflictivos y sus inversiones más destacadas se encuentran en Guatemala, en una mina frenada por la oposición de la población, y en México, en donde se instaló en territorios y se apoyó en la violencia narco para desplazar a la población que vivía en la zona del proyecto. En Perú, hizo lo contrario: tras recibir 22 multas por daños ambientales, en lugar de hacerse cargo, vendió el proyecto a otra minera. Los nuevos dueños dejaron Quiruvilca y, desde entonces, la mina está abandonada, con inestabilidad en sus depósitos de desechos y generando drenaje ácido, contaminando las aguas de agricultores a quienes nadie les brinda respuestas.
En Chubut, PAS apunta a un negocio similar. En 2009, compró el proyecto Navidad sabiendo de la ley que prohíbe su explotación y se dedicó al lobby político, apostando fuertemente a los medios de comunicación. La minera se apoya en el abandono estatal de la región para proponerse como quien llevará a la meseta central energía eléctrica, transporte e internet: servicios y derechos en los que el Estado incumple.
La otra minera que adquirió un proyecto devaluado con la intención de poder explotarlo en un futuro es Yamana Gold, también con sede en Canadá. Para evadir la ley que prohíbe la minería a cielo abierto, diseñó un proyecto por galerías, pero también comenzó a operar de manera subterránea, es decir, a escondidas de la sociedad.
La nueva minera se apoyó en la filial local “Minas Argentinas S. A.” para proponerse un lento trabajo que logre cambiar la percepción de la sociedad sobre la actividad. Comenzó por cambiar el nombre del proyecto y, de paso, el del pueblo de Esquel: en su informe anual del año 2010, ofrecía un proyecto en la “Sierra de Suyai”, a seis kilómetros de una localidad con el mismo nombre. Coincidentemente, en el supuesto Suyai, la empresa se encontraba trabajando para revertir el rechazo generalizado de la población que, con un plebiscito, había frenado el proyecto de una empresa anterior. Otra paradoja, la traducción de Suyai en quichua es esperar, o bien, esperanza.
También de forma subterránea, Yamana Gold contrató a un operador mediático que, como periodista, se instaló en la mañana radial esquelense sin blanquear quiénes eran sus patrones. A finales de 2011, Ricardo Bustos le entregó a una periodista un tarjeta personal, en la que se presentaba como “Gerente de Relaciones Comunitarias de Suyai del Sur S. A.” con el logo de la minera canadiense. Bustos no solo operaba desde el micrófono, sino que se había encargado de organizar charlas a las que invitaba particularmente a vecinos y vecinas con necesidad de trabajo, y les enviaba un remis el día de la reunión clandestina.
Las operaciones subterráneasse descubrieron, las asambleas se volvieron a llenar de participación y la población se movilizó para clausurar simbólicamente las oficinas de Minas Argentinas S. A., lo que se lograría oficializar en 2013, bajo la sanción de una ordenanza que negó la habilitación comercial para el ejercicio de actividades prohibidas. Yamana Gold, salvo por perder una apelación judicial en 2014 y por no lograr ubicar a su vasallo en Radio Nacional en 2017, no volvería a ser noticia hasta el 2020.
Las asambleas toman la iniciativa
Paralelamente a estas operaciones de Yamana Gold, el gobierno de Martín Buzzi intentó en 2012 aprobar un marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera y minera. Con el apoyo de Nación y de gran parte de los legisladores, el gobernador debió haber creído que el pueblo no tenía memoria, o quizás confundió el apoyo de algún sindicato y la legislatura con tener licencia social. Pero la sociedad retomó las asambleas y la calle en forma masiva, nuevamente dijo presente y se manifestó, y recibió, como contraparte, la represión paraestatal de la UOCRA en la legislatura.
En esos meses, se fue conformando la UACCh (en ese entonces Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, hoy Asamblea de Comunidades). Buzzi intentaría volver a presentar su marco minero el año siguiente, pero ya estaba cada vez más claro que la lucha era provincial. Se venían las elecciones legislativas de 2013 y se lanzó “La otra campaña”, que buscaría desde abajo poner en discusión lo que los candidatos evitaban discutir: el No a la megaminería era definitivo y era necesario buscar modelos de desarrollo sin saqueo y sin contaminación.
Para ello, se resolvió hacer uso de una interesante herramienta de democracia participativa que habilita la Constitución Provincial, por medio de la cual la sociedad puede presentar sus propios proyectos de ley. Si estos están avalados por la firma de al menos el 3 % del padrón electoral, la legislatura debe tratar el proyecto obligatoriamente en un lapso máximo de seis meses.
Esta herramienta no había sido utilizada aún en la provincia. Las asambleas se propusieron elaborar un proyecto que mejore la ley 5001, dado que estano prohíbe distintas modalidades de megaminería (como la subterránea por galerías) y permite la exploración del territorio por parte de las empresas, lo que les había permitido a las mineras en Navidad contaminar el territorio y algunas aguadas, así como remover el chenque.
En Agosto de 2013, se lanzó la campaña y, para mayo del año siguiente, el proyecto ingresó a la legislatura avalado por 13 007 firmas. Cumplidos los seis meses, la legislatura debió tratarlo obligatoriamente, y, a finales de 2014, se llevaría a cabo la más alta traición de quienes deberían estar en sus bancas para representar a la población. En una sesión bochornosa, que tomó relevancia nacional por la foto lograda sobre un celular del legislador Gustavo Muñiz, quien recibía instrucciones en directo sobre cómo redactar el proyecto por parte del gerente de Yamana Gold, Gastón Berardi, legisladores y legisladoras hicieron de la Iniciativa Popular una ley minera. Pero fue tal el escándalo que, tras la asunción del gobierno, fue derogada antes de que se ponga en marcha.
El cambio de gobierno nacional en 2015 no modificaría mucho la situación en la que desde el poder central se busca imponer a las provincias con modelos de desarrollo primarios, basados en la explotación de la naturaleza a costa de la salud del territorio y la población. Las reuniones presidenciales con el CEO de Pan American Silver y con representantes rusos de mineras que buscan extraer uranio en Chubut adelantaban lo que se venía. A nivel provincial, se destacaba el desembarco del sindicato jerárquico minero ASIJEMIN, que realizaba actividades y recibía currículums, y la recolección de 20 000 mil firmas en diez días contra un nuevo proyecto de zonificación.
El hecho más destacado fue la Cumbre Minera realizada en Telsen en febrero de 2018, que tuvo la visita del entonces Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren; la Cumbre finalizó con represión a los manifestantes tras el envío, por parte del gobierno de Chubut, de 300 policías a una localidad que no llega a los 600 habitantes. Nuevamente, la movilización ciudadana frustraba los planes de Nación y sus socios locales. Imposible no destacar la presencia de los entonces intendentes de Madryn (Sastre), Comodoro (Linares) y Trelew (Maderna), quienes junto a jefes comunales de la meseta hacían de nexo con Nación.
Mariano Arcioni, que venía de hacer campaña electoral contra la megaminería y de declararse como un defensor de un NO rotundo en entrevistas televisivas, así como de participar de la Cumbre Ambiental en la que aplaudió a un Das Neves que se había vuelto defensor del agua, evitó mostrarse en Telsen y se escapó todas las veces que pudo cuando le consultaron si sostenía su postura electoral sobre la megaminería. En su campaña de 2019, declaró que la minería no era un debate urgente, que podía darse en 50 o 100 años, que no era algo inmediato. Una mentira más en la línea de la ya bien conocida: “el mes que viene terminamos con el pago escalonado”.
2020: nueva embestida minera
Este 2020, en términos de megaminería, en verdad, comenzó en diciembre del 2019. En un almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina, un recién asumido Alberto Fernández exponía que habían logrado que salga una ley para hacer minería en Mendoza y que habían logrado explotar oro y plata en la meseta de Chubut. En ambas provincias, las leyes que limitan o prohíben la extracción de metales a cielo abierto o el uso de sustancias tóxicas como el cianuro seguían vigentes.
Unos días después, el 20 de diciembre, se trataría en una sesión extraordinaria de la legislatura mendocina la modificación de esa ley para permitir el uso de sustancias tóxicas antes prohibidas, como el cianuro y el ácido sulfúrico. La sanción se realizó en un edificio completamente vallado, con reclamos en toda la provincia, pero con un fuerte apoyo de los legisladores y las legisladoras del frente Cambiemos y del Partido Justicialista.
Lo que el gobierno nacional había confundido era que contar con un consenso de los principales partidos políticos no implicaba, de hecho, contar con licencia social: una enorme caravana hacia la capital, multitud de movilizaciones, cortes de ruta y tractorazos demostraron que la población no compartía el cambio de ley. La cancelación de la Fiesta Nacional de la Vendimia y otras actividades turísticas terminaron de demostrar que el rechazo era casi total. En pocos días, y no sin antes reprimir las concentraciones en Casa de Gobierno, el gobernador Rodolfo Suárez anunciaba que daría marcha atrás; diez días después de la sesión extraordinaria, volverían a reunirse en ambas cámaras para derogar la fallida ley y restablecer la vigencia de la 7722.
Unos meses después del Mendozazo, sin haber aprendido nada, apuntarían los cañones a Chubut. Comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio en el que se incluyó a la megaminería dentro de las actividades esenciales. Esto no implicaba solo a aquellas mineras que ya están explotando y extrayendo metales, sino que incluyó también al lobby y el trabajo subterráneo de las empresas y los funcionarios.
Ya en abril, el gobierno provincial publicaba en el Boletín Oficial la contratación de un “servicio de monitoreo de medios” para lo que le pagaban 450 000 pesos a José Luis Gaud, un asesor de Pan American Silver en el Proyecto Navidad que, en su currículum público virtual de Linkedin, se jacta de haber hecho “un manual para interpretar cómo trabajan los activistas del No a la Mina”.
Ese mismo mes, la minera Yamana Gold informaba en su sitio web que había cerrado un acuerdo con Eduardo Elsztain, empresario argentino-israelí dueño del grupo IRSA, la compañía inmobiliaria más grande del país, que también cuenta con importantes inversiones bancarias y en el agronegocio, no solo a nivel nacional sino también en Nueva York e Israel. El negocio de uno de los principales millonarios del país consiste en encargarse de los “asuntos legales, sociales y de gobierno” del Proyecto Suyai, y, en caso de lograr su aprobación, entrar como socio principal en la explotación.
Se veía venir una nueva embestida minera en la provincia, y las asambleas, que ya habían suspendido la marcha del 4 y el aniversario del plebiscito, entendieron que mientras nos pedían que nos quedáramos en casa los proyectos mineros estaban aprovechando para avanzar. Se decidió, entonces, con los protocolos correspondientes, iniciar la recolección de firmas para presentar una Segunda Iniciativa Popular que vuelva a demostrar que si hay que modificar alguna ley sea para alejar más la megaminería de la provincia.
Entre junio y finales de octubre, se recolectaron miles y miles de firmas. Paralelamente, se llevó a cabo un intenso trabajo de verificación con el padrón electoral provincial, con el que se logró presentar 30 916 firmas provenientes de toda la provincia. El requisito del 3 % del padrón fue más que duplicado. En pocos meses, se demostró que cada vez es más fuerte el rechazo a la megaminería y que este abarca a toda la provincia: los pueblos de la meseta firmaron con una amplia participación.
Sin embargo, el gobierno de Mariano Arcioni venía avanzando en dirección contraria. Entre los hechos públicos, se destacó la autorización del Instituto Provincial del Agua a la minera Pan American Silver para bombear agua del acuífero Sacanana y abastecer un campamento minero que no tendría razón de ser si no hubiese explotación. A nivel nacional, fue relevante la elección del Ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, como presidente del Consejo Federal Minero, un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación del que Chubut ni siquiera venía participando. A nivel provincial, se modificó la estructura de dicho ministerio, en el que se creó la Subsecretaría de Minería y un sinfín de dependencias destinadas a la actividad.
Se trata de un plan coordinado con la Secretaría de Minería de Nación, a cargo del sanjuanino Alberto Hensel, quien llegó al gobierno nacional después de hacer méritos como delegado de Barrick Gold en la Secretaría de Minería de dicha provincia; allí, se encargó de garantizar la impunidad de la empresa responsable de los derrames de agua cianurada que envenenaron con metales pesados el río Jáchal. Justamente fue Hensel quien dio a conocer estos trabajos en una reunión de la Comisión de Energía, Minería y Combustibles del Senado: ante la pregunta del senador por Chubut Alfredo Luenzo sobre qué estaban haciendo en Chubut, respondió que estaban acompañando la iniciativa del gobernador de desarrollar minería en la meseta y que habían mantenido al menos siete reuniones desde enero hasta octubre por ese tema. Mientras tanto, Arcioni seguía sin blanquear sus planes con la sociedad chubutense.
Un mes después, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Rawson, tras la correspondiente verificación de las firmas enviaba a la legislatura la Segunda Iniciativa Popular, Arcioni presentaba el mismo día su propio proyecto con la firma de todos sus ministros, incluso la de Fabián Puratich, el Ministro de Salud que días antes había declarado que no tenía una opinión formada sobre la megaminería en la provincia.
¿Y ahora qué pasa?
En legislatura hay dos proyectos que se contraponen. Uno representa el resultado de 18 años de debate social, es público hace más de seis años y fue discutido y apoyado por más de 30 mil firmas. El otro, el que medios provinciales presentan como el que “inaugura el verdadero debate”, pretende ser aprobado por Zoom en tiempo récord, esquivando las comisiones que deberían debatirlo y de espaldas a la sociedad, en un contexto signado por la peor crisis económica y social que recuerde la provincia, a la que se le suma una pandemia.
Sin embargo, no son solo las asambleas, los vecinos y las vecinas en históricas movilizaciones quienes se oponen al proyecto oficial. Conviene repasar la amplitud de sectores sociales que este último tiempo han alzado su voz contra la megaminería y contra la zonificación, o, al menos, que han pedido que algo tan trascendental y controversial sea discutido seriamente y no como pretende el gobierno provincial, comenzando por las autoridades científicas, académicas y tecnológicas, las principales autoridades del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el CENPAT-CONICET y la Universidad Tecnológica Nacional, quienes manifestaron que no fueron tenidas en cuenta para la elaboración del proyecto y que sin licencia social no hay comunidad que pueda tener un desarrollo sustentable.
Una multitud de parlamentos de pueblos originarios se han expresado ya mil veces reclamando que se les escuche y no se avance sin realizar la Consulta Previa que manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Distintos Concejos Deliberantes han manifestado su oposición a la megaminería, a la zonificación, e incluso su apoyo a la Iniciativa Popular (Esquel, Trevelin, Puerto Madryn, Rawson, Lago Puelo, Cholila, Río Pico). Quienes representan a nuestra provincia en el Congreso Nacional, casi la totalidad de los gremios provinciales, las organizaciones de comerciantes, los productores agropecuarios, los prestadores de servicios turísticos, los trabajadores de áreas protegidas, los trabajadores de la salud, los artistas nacionales… una lista interminable en la que también se destacan organismos de Derechos Humanos y las iglesias Católica y Metodista llaman al gobernador a entrar en razón y escuchar al pueblo.
Si nos enfocamos en quienes deben legislar, y, a fin de cuentas, levantar la mano para representar o traicionar a la sociedad chubutense, en la legislatura no debería ser aprobada ninguna zonificación. Basta repasar las declaraciones de legisladores y legisladoras provinciales para comprobar que, si fuesen consecuentes con lo que han dicho, no habría posibilidad matemática de que esto se apruebe. El problema es justamente que nadie puede afirmar que no terminarán priorizando los intereses personales.
El pueblo está en la calle pidiendo a gritos que el resto del país ponga los ojos en la traición que se avecina. El presidente Alberto Fernández convocó a que, si alguna vez se equivocaba, el pueblo salga a la calle a hacérselo saber. El ejemplo mendocino demuestra que, aunque confundan apoyo político y empresarial con licencia social, la sociedad en la calle los hará mil veces retroceder. Nación deberá entender que, aunque tenga un plan minero para todo el país, no se lo pueden imponer a las provincias que ya decidieron otro futuro. La sociedad chubutense ya se expresó de todas las formas pacíficas e institucionales posibles. Queda ver hasta dónde están dispuestos quienes gobiernan a avanzar en contra de la concluyente voluntad popular que ya resolvió apostar por un futuro sostenible para las próximas generaciones, por un Chubut digno, sin saqueo y sin contaminación.
