La firma del Nuevo Acuerdo Federal Minero vuelve a poner en evidencia que el poder político argentino desdeña las condiciones de seguridad, las economías regionales y la suerte de las comunidades para continuar beneficiando a las empresas y aplicando apenas unos retoques fiscales acordados hace meses con el sector minero. La firma del Nuevo Acuerdo Federal Minero entre el Gobierno nacional y las provincias se llevará a cabo el martes 13 de junio, luego que las partes pudieron destrabar algunas diferencias.
Fuente: Libre Expresión
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Las provincias mineras llegaron a un acuerdo para firmar el Acuerdo Minero durante una reunión que mantuvieron el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de San Juan, Sergio Uñac; de Catamarca, Lucía Corpacci; y de Río Negro, Alberto Weretilneck.
La reunión se llevó a cabo en la sede de la cartera energética luego que el Gobierno nacional decidiera postergar la firma del acuerdo.
La suspensión de la firma se conoció el viernes pasado casi a la par con el anuncio del gobernador de Salta de que su provincia no iba a adherir al acuerdo en los términos acordados por la mesa técnica del Consejo Federal de Minería, que viene trabajando el tema desde mediados de 2016.
Tal como previamente se habían comprometido con las empresas del sector, el punto central que arrojó el diálogo entre los mandatarios provinciales y Aranguren fue la decisión de eliminar la posibilidad de introducir una nueva carga tributaria a la actividad, que contemplaba la creación de un fondo para desarrollo del 1% sobre el ingreso de las empresas mineras, que iba a ser administrado por la Nación.
Otro tema importante que surgió de la reunión es que se ratificó el 3% de regalías que figuraba en el texto del Acuerdo como tope a alcanzar por cada jurisdicción, dejando abierta la posibilidad de que ciertas provincias decidan un porcentaje menor o incluso su no aplicación.
En ese sentido y protegiendo interses de las explotaciones ya instalada, seclaró que cualquier nuevo importe o porcentaje o forma de cálculo que se quiera implementar, se aplicará para nuevos proyectos solamente y no para los existentes. Justamente los yacimientos en explotación son los causantes de graves daños ambientales y perjuicios sociales y económicos en las regiones de infuencia, como es el caso de Minera La Alumbrera en Catamarca y Barrick Gold en San Juan.
Finalmente, se ratificó que se mantendrá en el convenio la aplicación de una tasa de 1,5% para la conformación de un fondo provincial para infraestructura minera, aunque su aplicación o no quedará librada a la política que decida encarar cada provincia. Resulta inaplicable este punto de aparente federalismo si consideramos el poder que ejercen las grandes mineras transnacionales sobre los gobiernos provinciales y considerando -por ejemplo- que las finanzas de aquellas superan en diez o más veces los presupuestos de éstas.
