De la fanfarria y los violines, el gobierno nacional pasa a las negociaciones para forzar aunque sea un pre acuerdo para salvar la situación a causa del rechazo social que condiciona a los gobernadores provinciales. La posibilidad de que esta semana se firme el nuevo pacto federal minero entre los gobernadores y el presidente Mauricio Macri, quedó postergada para la próxima semana debido a la fuerte diferencia que existe ente las 23 provincias, donde la mayoría exige que la actividad tenga el visto bueno de la sociedad y se hable seriamente del “cuidado del medio ambiente”.
Fuente: Diario BAE
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En ese sentido diversas fuentes oficiales señalaron que en principio “no hay nada cerrado” dada la negativa de algunos gobernadores, Por otro lado, no descartaron que se haga un preacuerdo como señal política. El Gobierno busca hacer el anuncio en el marco de Arminera, el evento que arrancó ayer lunes y dura hasta el jueves, donde no sólo se dará cita la industria sino que contará con representantes de todo el mundo.
Por eso, representantes del interior del país se darán cita en el Consejo Federal Minero (Cofemi) para seguir debatiendo si es viable un acuerdo que sólo favorece a aquellas que dependen de la extracción de minerales. Al respecto su vice presidente y ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, reconoció que “todavía están quedando temas pendientes necesaria para la firma, algo que recién sabré mañana (por hoy)”.
Desde el sector, manifestaron que “hay premura por parte de Energía en que se firme sea como sea y sea con las provincias que lo quieran hacer, pero el Gobierno no tiene una postura tampoco unificada”.
En declaraciones a la prensa, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves volvió a remarcar su postura: “De ninguna manera voy a firmar, no voy a firmar absolutamente nada” y agregó que “Mi conclusión, me tomo de las actividades que hay en Catamarca, San Juan y Santa Cruz, es que no hay ganancias, el que tiene la torta y se la llevan toda son las mineras y dejan un impacto ambiental muy importante”.
Parte del problema pasa por el artículo 30 del Código de Minería el cual faculta a las autoridades nacionales a sancionar en el caso de infracciones ambientales lo que significaría el cierre de la concesión. Desde la industria manifestaron que “el cambio no sólo es ambiguo sino que va en contra de la seguridad jurídica dado que genera incertidumbre de cuales son las reglas del juego”
Según pudo saber este diario las modificaciones pasan por hacer una minería no sólo más responsable sino también buscar un desarrollo sustentable de la actividad, pero este punto ya empezó a ser encarado por las empresas y se espera un primer informe de gestión para diciembre próximo.
Distintas fuentes provinciales recordaron que “antes que ver el negocio, es necesario una licencia de la sociedad para seguir con éstas actividades”. Otras recordaron que “el recurso agua, el recurso ambiental está por arriba de cualquier precio”. Los consultados son consientes en que el acuerdo “puede llevarse adelante sin la firma de sus gobernadores o en su defecto se llegará a la misma dando a conocer las diferencias”.
