Irregularidades antes, durante y después de la recogida de firmas. “Se ve, se siente, hasta se huele, el miedo del Gobierno a una consulta popular sobre este tema”, decía el expresidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta. El Ejército confiscó las cajas con las 750.000 firmas, para realizar la verificación sin contar con veedores independientes.
Por Decio Machado desde Quito publicado en Observatorio Petrolero Sur OPSur
El pasado 12 de abril, Yasunidos, un colectivo cuya composición social es básicamente juvenil y cuyas formas de acción son muy similares al movimiento de indignados en España, entregaba un total de 756.623 firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador.
Dichas firmas tienen como finalidad exigir una consulta popular sobre el futuro de los campos Ishipingo, Tiputini y Tambococha (ITT) ubicados al interior del Parque Nacional Yasuní, el área con mayor biodiversidad de América de Latina. El número de firmas presentadas por Yasunidos suma casi un 30% más de las exigidas por el Código de la Democracia, en el cual se señala la necesidad de obtener un apoyo del 5% del patrón electoral, es decir, 584.116 firmas para que se dé un proceso ciudadano participativo de estas características. Cabe señalar al respecto que el patrón electoral ecuatoriano alcanza la inverosímil cifra de 11,4 millones de electores en un país de 14,5 millones de habitantes con una tasa de fertilidad de 2,44 hijos por mujer, con lo cual se evidencia lo inflado que está, actuando como un impedimento agregado para que se den este tipo de procesos.
La campaña de firmas se sostuvo durante seis meses, donde Yasunidos compitió con otras dos organizaciones, que planteaban preguntas alternativas a la propuesta por este grupo. Por un lado, la organización Amazonía Vive, que plantea una pregunta de apoyo a la determinación tomada por el presidente Rafael Correa el pasado 15 de agosto de explotar el crudo existente al interior de la zona calificada por la UNESCO como reserva de la biósfera Yasuní.
Por otro, el Frente de Defensa Total de la Amazonía (FDTA), que planteaba a su vez la pregunta de declarar todo el Ecuador libre de cualquier actividad extractiva, fuere del tipo que fuere. Hasta el momento Amazonía Vive apenas ha sido capaz de presentar 400.000 firmas -debiendo entregar la totalidad de éstas el próximo 15 de mayo- y el FDTA estima, según sus representantes, haber presentado en torno a 600.000.
El sentimiento generalizado en gran parte de las organizaciones ambientalistas ecuatorianas es que la aparición repentina de estas dos organizaciones en el escenario político responde a una estrategia establecida desde el gobierno y destinada a generar confusión informativa en la sociedad. Al respecto, es importante indicar queAmazonía Vive es una organización compuesta por dirigentes y autoridades locales del correísmo, mientras que los representantes del FDTA son absolutamente desconocidos en los ámbitos sociales y políticos del país. Llama la atención que incluso la publicidad y propaganda emitida por estas organizaciones fueran plagios de los contenidos y diseños gráficos desarrollados por Yasunidos en su campaña, lo que generó confusión y desconfianza entre los ciudadanos sobre a quién estaban avalando con su firma.
“Nuestra pregunta es clara, a diferencia de los demás”, declaran los voceros de Yasunidos, “y ésta consiste en preguntar sobre si se está de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga indefinidamente el crudo del ITT bajo el suelo”.
Dicho cuestionamiento responde a un sentimiento popular expresado incluso por encuestadoras cercanas al oficialismo, como es el caso de Perfiles de Opinión, quien en un reciente sondeo indica que el 72,3% de la población se manifiesta a favor de ser consultada al respecto. Fue el mismo presidente Correa quien desafió a los movimientos sociales a recolectar las firmas necesarias para exigir esta consulta popular. “Si quieren una consulta, de acuerdo, pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo”, indicaba el mandatario el 18 de agosto del año pasado en una sus habituales cadenas televisivas.
Sin embargo, tras el último proceso electoral -las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero- donde el correísmo a pesar de mantenerse como primera fuerza política perdió 21 puntos porcentuales de votos, la seguridad con la que se expresaba Correa parece haber cambiado. Según el expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta, hoy crítico con el Gobierno, “se ve, se siente, hasta se huele, el miedo del Gobierno a una consulta popular sobre este tema”.
Los hechos parecen darle la razón, pues apenas cuatro días después de la entrega de firmas, miembros del colectivo Yasunidos documentaron mediante vídeo que funcionarios públicos habían abierto una de las cajas que contenían copias de los documentos de identificación de sus recolectores de firmas. Según los abogados de este colectivo, ninguna de estas cajas debe ser abierta sin la presencia de los afectados, y este hecho invalida incluso la verificación de firmas pues supone la ruptura de la cadena de custodia que requiere el debido proceso.
Documentación desaparecida
La normativa legal obliga a que en cada formulario de recolección de firmas se identifique al recolector, el cual debe a su vez presentar la fotocopia de su identificación personal al CNE con el fin de que dichos impresos sean validados. Del listado de 1.400 recolectores propiciados por Yasunidos al CNE, ahora muchos de estos no aparecen, lo cual significaría la invalidación de aproximadamente 200.000 firmas recogidassegún denuncian voceros de esta organización.
Según Esperanza Martínez, presidenta de la organización Acción Ecológica, “asistimos a una estrategia para invalidar gran parte de las firmas recogidas por Yasunidos, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que las identificaciones de varios recolectores, entre los cuales me incluyo, han desaparecido del CNE”.
De igual manera se manifiesta David Suárez, miembro del colectivo afectado, quien indica que “las firmas que hemos recogido representan la voluntad popular de nuestro pueblo a ser consultado sobre el futuro del Yasuní, representamos a una generación de jóvenes que hemos estado en la lucha para defender la naturaleza, los pueblos no contactados que allí viven y a la democracia de nuestro país; ahora todo nuestro esfuerzo está puesto en cuestión”. Estos hechos son negados por el vicepresidente del CNE, Paul Salazar, quien indica que los auspiciantes de la consulta nunca presentaron dicha documentación.
Para Julio César Trujillo, uno de los más respetados y veteranos juristas del país, “esta situación ha conllevado que se interponga un escrito al CNE para que se detenga el proceso de verificación de firmas, buscando que se aclaren las irregularidades denunciadas”.
Intervención militar
Haciendo caso omiso de estos reclamos, el CNE prosiguió con su proceso. El jueves 17 de abril, y tras haber solicitado Yasunidos públicamente garantías legales para el manejo de las firmas, las Fuerzas Armadas se personaron en las instalaciones del CNE con el fin de trasladar las cajas con los formularios a un recinto militar en el cual se ha instalado el centro de verificación firmas. Efectivos de la Policía Nacional intervinieron frente a los jóvenes que protagonizaban acciones de resistencia pacífica para intentar impedir dicho traslado. Patricio Chávez, vocero de la organización Amazonía por la Vida se cuestiona al respecto: “No entendemos como se llevaron las firmas a un centro militar custodiado por el Ejército para su revisión, cuando estos procesos se han realizado tradicionalmente en las instalaciones del mismo CNE”.
En la actualidad, el proceso de verificación y validación de firmas se desarrolla en dichas instalaciones militares. A éstas, se les ha prohibido el paso a los miembros de Yasunidos, que carecen de veedores propios para la fiscalización del proceso. Según Paul Salazar, la verificación transcurre con normalidad al interior del complejo militar, estando las veedurías ciudadanas garantizadas con miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo.
En todo caso, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el titular de la Defensoría del Pueblo son personalidades que han ejercido con anterioridad destacados cargos políticos durante el Gobierno actual. Ambos están vinculados al oficialismo correísta, de igual manera que lo está el propio Salazar y el presidente del CNE, Domingo Paredes, quien con militancia en Alianza PAIS ocupó cargo como ministro en el Gobierno de Rafael Correa. En este sentido, Chávez es categórico: “La veeduría conformada por el CNE para el proceso de verificación de firmas que debe legitimar este proceso teóricamente democrático nos excluye y no nos representa”.
Aunque queda por ver la resolución final de la verificación de las firmas, el conflicto en torno a la consulta popular sobre el futuro del Yasuní-ITTagudiza aún más ya acelerado distanciamiento entre las organizaciones sociales y el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador.
Según diversos analistas académicos de la izquierda social ecuatoriana, es de prever que esta situación se verá agravada por la intención del actual gobierno de promover una reforma constitucional para permitir el cultivo de transgénicos, la reelección indefinida del actual mandatario o el futuro acuerdo con la Unión Europea para la conformación de un Tratado de Libre Comercio, eufemísticamente denominado como Acuerdo de Asociación.
