De un megaproyecto de 400 megawatts a mini centrales hidroeléctricas de paso. Las comunidades mapuche de las cuencas de los lagos Maihue y Ranco llevan años oponiéndose a proyectos energéticos en la nutrida zona precordillerana de la Región de Los Ríos. Una querella por injurias de un consultor del BID y asesor del Ministerio de Energía contra el ex director de Mapuexpress marca un nuevo capítulo en esta historia.Fuente: El Desconcierto
Por el delito de “injurias graves con publicidad” se querelló el ingeniero Andrés Antivil contra Alfredo Seguel, fundador y ex director del medio digital Mapuexpress, una de las principales herramientas de difusión que tiene el pueblo mapuche hoy en día.
La situación marca preocupación en La Araucanía. Detrás de la acción penal que busca castigar con cárcel al director de un medio de comunicación comunitario, están años de lucha de comunidades indígenas que se oponen a la construcción de centrales hidroélectricas en la cuenca del Lago Maihue, en la zona precordillerana de la Región de Los Ríos.
Antivil es ingeniero forestal, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía. Lo que motivó la querella es un comunicado publicado por Mapuexpress en enero pasado, donde comunidades mapuche de la Alianza Territorial Puelwillimapu manifestaron su rechazo a la construcción de mini centrales hidroeléctricas en las cuencas de los lagos Maihue y Ranco.
En el texto, disponible todavía en la web del medio, denuncian a Antivil como “operador político” por su rol en ministerio, el BID y con la asociación indígena “Consejo Territorial del Lago Maihue”. Esta última sería la contraparte del gobierno en distintas instancias de diálogo sobre un fondo para proyectos indígenas financiado el propio BID.
Las comunidades califican a Antivil de “cómplice de malas prácticas engañosas” y de “yanacona”, un insulto que se utiliza en el Wallmapu y que alude a una supuesta traición de un mapuche a su pueblo.
Según la querella patrocinada por la abogada Margarita Reyes, estas acusaciones han “causado un grave detrimento en la honra del Sr. Antivil, y consecuencialmente, en su estado general de salud”.
“Cuando a una persona con un linaje como el que el Sr. Antivil posee, se le ofende mediante graves publicaciones como las realizadas por el medio electrónico www.mapuexpress.org, ello atenta directamente contra su honra y su reputación, pero por sobre todo, generan un desequilibrio que produce una enfermedad al che. Ello es lo que ha ocurrido con mi representado, quien hasta la fecha no ha podido recuperar ese equilibrio, viéndose perjudicado en su entorno social conforme a la dignidad que inviste dentro de su pueblo”, continúa el documento presentado en el Juzgado de Garantía de Temuco.
Antivil exige tres años de reclusión y una multa de 150 UTM -alrededor de $7 millones- contra Seguel, apelando al delito de injurias graves con publicidad. El acusado es mencionado en la querella como el representante de Mapuexpress, aunque en estricto rigor dejó de ser su director el año 2013, es decir, 4 años antes de los hechos que supuestamente constituyeron el delito. Hoy se mantiene como miembro del colectivo editorial del medio.
La acción judicial ha levantado alertas en el mundo de las comunicaciones alternativas. La Red de Medios de los Pueblos acusó “una estrategia para acallar voces disidentes, pues Mapuexpress justamente es una voz a favor de comunidades que luchan por sus territorios que se ven amenazados por megaproyectos industriales, tanto energéticos, como forestales o de acuicultura. En este caso, la querella está vinculada a un conflicto energético”.
En conversación con El Desconcierto, la presidenta del Colegio de Periodistas Javiera Olivares aseguró que la situación es “preocupante”, puesto que una sanción penal a un medio de comunicación “va en sentido contrario a cómo avanzan las democracias que despenalizan las sanciones asociadas a la libertad de expresión“. Además, dice que es una agravante el hecho de que se trate de un medio de comunicación comunitario, “que usualmente son excluidos y perseguidos. También señala que es una plataforma de la voz de sectores históricamente excluidos como el pueblo mapuche”.
La audiencia preparatoria está fijada para el próximo jueves 27 de julio. Desde la defensa de Seguel, aseguran que la intención es llegar a juicio y demostrar la inocencia del director del Mapuexpress. Según comenta el abogado Sergio Millamán, la acción penal es infundada porque “se dirige en contra de un medio que publica un comunicado que emana de comunidades mapuche, que son las autoras de las opiniones, que se basan en hechos que son ciertos”.
“Lo que se publicó es la opinión legítima de organizaciones que denuncian la intervención en su territorio de operadores, las comunidades tienen una opinión legítima”, dice el abogado, y luego agrega: “como medio se cumplió con el deber de darle plataforma a una voz que no tiene cabida en los grandes medios, por lo que no se cometió ningún delito de ninguna especie”.
Los conflictos territoriales en el Puelwillimapu
En las comunidades de la Alianza Territorial Puelwillimapu existe preocupación por la querella contra Mapuexpress, pues la acción penal los tomó por sorpresa y Antivil no es un personaje desconocido en la zona de las cuencas de los lagos Maihue y Ranco. Tampoco lo son los conflictos con empresas hidroeléctricas que se quieren instalar en la zona.
En 2011, las comunidades organizadas en la Alianza Territorial Puelwillimapu lograron que la empresa noruega SN Power desistiera de su proyecto de Central Maqueo, que pretendía intervenir 8 ríos del territorio para la instalación de una central de 400 Megawatts de potencia.
Los noruegos se fueron, pero el interés energético todavía no abandona la zona. La empresa Totoral S.A. retomó la misma iniciativa un par de años después, también ante una fuerte oposición de las comunidades indígenas de la zona.
Entonces fue que se empezó a ver más y más a Antivil por el Puelwillimapu, según comentan a El Desconcierto distintos dirigentes del lugar, que no quisieron dar su nombre ante el temor de una nueva querella del ingeniero.
A través de Teco Group -consultora chileno canadiense dedicada a construir “puentes” entre comunidades y empresas para proyectos energéticos-, Antivil se hizo presente en la zona. El ingeniero fue propietario del 30% de la firma hasta 2015 y, según las comunidades, habría llegado primero a la zona del Río Bueno, promoviendo una central de embalse. Ahí se encargaba del trabajo del vínculo con las mismas comunidades indígenas, promoviendo trabajo y becas si es que se realizaba la iniciativa energética en el lugar.
Otro proyecto hidroeléctrico, en la zona del lago Maihue y de Rupumeica, habría sido promovido por la misma consultora Teco, también a través del trabajo con las comunidades de la zona. Dirigentes mapuche acusan a Antivil de desconocer autoridades tradicionales y de intentar dividir a las comunidades levantando dirigencias paralelas.
En diciembre de 2013, según consigna el diario El Ranco, la comunidad de Rupumeica denunció que Totoral, a través de Teco, realizaba pagos por capacitaciones a comuneros en la cuenca del lago Maihue y que además falsificaba firmas con el fin de levantar una directiva que obtuviera personalidad jurídica y negociara el proyecto hidroeléctrico.
Tiempo después, el mismo medio denunció que el director regional de la Conadi de Los Ríos aprobó una directiva indígena levantada por la empresa hidroeléctrica.
Con estos antecedentes, la sorpresa fue mayor aún cuando más de 100 dirigentes de la Alianza Territorial Puelwillimapu se reunieron en enero pasado en Rupumeica con Javier Zulueta, director de la División de Diálogo y Participación Social del Ministerio de Energía. El comunicado que vino después de esa cita provocó la querella de Andrés Antivil contra Mapuexpress.
Las comunidades dicen que llegaron para confrontar al representante del ministerio por el trabajo del gobierno con una asociación indígena paralela, desconociendo las autoridades ancestrales de la zona, llamada Consejo Territorial Lago Maihue, la que estaría participando en un proyecto piloto modelo del Ministerio de Energía, Corfo y el BID.
Según cuentan asistentes a dicha reunión, la sorpresa se la llevaron cuando el funcionario del ministerio nombró a Andrés Antivil como interlocutor del gobierno en la zona. El ingeniero, además de ser mencionado como representante de la asociación indígena, está ligado al Ministerio de Energía a través del Consejo de la Sociedad Civil y al Banco Interamericano de Desarrollo como consultor.
Esta situación provocó que la Alianza Territorial Puelwillimapu lo denunciara como un “operador político” y un “yanacona”, cuestión que terminaría en la querella contra el director del medio que publicó el comunicado.
La defensa de Antivil
El mencionado ingeniero forestal respondió las consultas de El Desconcierto a través de un escrito enviado por correo.
Andrés Antivil nació en la comunidad mapuche Nahuelhuen en Rengali, Región de La Araucanía. “Soy un mapuche privilegiado, he podido completar mis estudios básicos, medios y universitarios, tengo algunos títulos profesionales y he podido perfeccionarme en diferentes países, aprender otras lenguas y sobre todo conocer otras realidades y culturas”, cuenta.
“Soy parte de varias organizaciones mapuche, sé de empresa, sé de gestión pública y sobre todo de la realidad de las comunidades mapuche y sus sistemas organizacionales. He decidido abocar el resto de mi vida a contribuir a que las comunidades indígenas en Chile recuperen su riqueza, decidan de forma informada y consciente el uso de los recursos naturales que les rodean”, continúa.
Dice que su labor consiste en propiciar procesos de diálogos públicos y privados. “Soy sin buscarlo un líder, un asesor, un consejero, pero sobre todo un mapuche y un peñi de muchas comunidades que acompaño en diferentes regiones del país en este camino de reflexión y entendimiento de los recursos que poseen”.
Respecto a la querella contra el director de Mapuexpress, argumenta: “El principal patrimonio que tengo no son mis bienes materiales, tampoco mis recursos académicos. Es mi nombre, mi linaje y a lo que he decidido dedicar mi vida (…) En el mundo mapuche la salud depende de cuatro elementos: el físico, el mental, el espiritual y el social. Estos calificativos mal intencionados e irresponsables, publicados y difundidos por el medio antes citado, atentan no solo contra mi honra, la de mi familia, sino también contra mi salud, ya que mi religiosidad es la de mis ancestros y la que les traspaso a mis hijos”.
Antivil dice que actúo en base al yamuwün (respeto) y exigió por correo que bajara dichas calificaciones. Ante esto, Seguel le habría respondido que el periodista que publicó el comunicado lo contactaría, cuestión que nunca pasó, por lo que interpuso la querella.
Desde la defensa de Seguel aseguran que a Antivil se le ofreció derecho a réplica -contemplado en el artículo 19 de la Ley de Prensa- pero que él insistía en que la nota se bajara del sitio web.
“En ningún caso quiero acallar a la prensa, solo pido que se me respete y estoy ejerciendo mi derecho para eso”, finaliza Antivil.
Consultado sobre las denuncias de comunidades mapuche sobre su persona, Antivil niega promover proyectos hidroeléctricos, dividir comunidades y negar autoridades ancestrales. “Yo no apoyo proyectos hidroeléctricos, apoyo espacios de diálogo. No podría decidir sobre proyectos, no tengo ninguna incidencia sobre eso”, dice. Además, negó tener cualquier tipo de relación con la asociación indígena “Consejo Territorial Lago Maihue”.
Los “diálogos” mencionados están enmarcados en la política 2050 del Ministerio de Energía, específicamente donde se promueven que las propias comunidades participen en proyectos.
“Tenemos derecho a nuestros medios de comunicación”
“Nuestro sitio web es una tribuna activa para las comunidades y organizaciones que se oponen al modelo de desarrollo de la industria extractiva y de energía”, dice el comunicado de Mapuexpressdonde informaron sobre la querella.
“El hecho que la acción penal esté dirigida contra uno de los integrantes de Mapuexpress, por considerarlo ‘autor’, lo consideramos atentatorio contra el derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión. Esto parece ser una política para acallar voces disidentes, pues Mapuexpress justamente es una voz a favor de comunidades que luchan por sus territorios que se ven amenazados por megraproyectos industriales, tanto energéticos, como forestales o de acuicultura”, agregan.
Un miembro de la Alianza Territorial Puelwillimapu resume la importancia de la situación: “Nosotros tenemos derecho a tener nuestros medios de comunicación”.
