Cuando se anunció públicamente la expropiación del 51% de las acciones de YPF, desde Plataforma 2012 señalamos que no existía ninguna disposición sobre los pasivos ambientales producidos por el accionar de Repsol y que si estos pasivos ambientales sólo eran usados para reducir el precio de expropiación los daños terminarían siendo socializados, es decir, trasladados colectivamente a la sociedad.
Por: Mariestella Svampa(*) y Enrique Viale (**) publicado en Río Negro
En plena euforia estatizante, poco después del anuncio de la expropiación a Repsol, el entonces subinterventor de la compañía, Axel Kicillof, afirmó que el país no pagaría lo que la empresa española pretendía y que además se descontarían los pasivos ambientales. La noticia de que el gobierno planificaba auditar los pasivos ambientales dejados por Repsol causó un gran revuelo y no fueron pocos los voceros políticos y mediáticos del oficialismo que iniciaron una rápida recolección de datos a fin de cuantificar el “daño ambiental”. “Actualmente, el rojo de Repsol en YPF asciende a cerca de u$s 15.000 millones, u$s 9.000 en concepto de pasivo financiero y el resto (más de u$s 6.000 millones) en daños al medioambiente en las principales provincias petroleras”, escribía un columnista en un diario oficialista en abril de 2012.
Desbordantes de entusiasmo, los gobernadores de las provincias petroleras desempolvaron los informes ambientales y comenzaron a hacer los cálculos, prestos a competir en declaraciones impactantes: en Santa Cruz, Daniel Peralta estimó la existencia de un pasivo ambiental del orden de los u$s 3.000 millones. El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, consideró que “será muy importante e incluso puede superar al del resto de las provincias”. Sólo en Comodoro Rivadavia, consignaba el intendente Néstor Di Pierro, Repsol mantiene “una deuda de casi $ 200 millones y además hay un pasivo ambiental por el paso del oleoducto de casi 3.000 pozos”. En ese entonces, el ministro de Energía y Ambiente de Neuquén estimó que, si bien el pasivo aún no estaba monetarizado, las proyecciones indicaban que éste alcanzaría los u$s 1.500 millones.
Claro que tanto entusiasmo resultaba paradójico, por no decir sobreactuado y falaz, habida cuenta de que, desde los 90, la mayor parte de las denuncias realizadas por comunidades afectadas, pueblos originarios y organizaciones ambientalistas fue sistemáticamente ignorada por los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, lo cual alcanza de pleno a la administración kirchnerista.
Así, el concepto de “pasivo ambiental” tuvo una entrada sorpresiva y fulgurante pero igualmente fugaz… Evidentemente el oficialismo encontró que no era conveniente seguir insistiendo en el tema debido a la existencia –real y potencial– de tantos reclamos de carácter socioambiental. A esto se sumó que el argumento pronto dejó de ser funcional en la puja con Repsol. Los tiempos fueron moderando el tono de los reproches ante la urgencia de negociar con otros operadores petroleros, como Chevron, para explotar Vaca Muerta.
En esta misma línea puede interpretarse la embestida del senador Miguel Ángel Pichetto a Gabriel Cherqui, representante de la comunidad mapuche Kaxipayin, durante el tratamiento en comisión del “Convenio de Solución Amigable” entre YPF-Repsol en el Congreso nacional. El senador le señaló que “su comunidad tiene acuerdos de trabajo con YPF”, algo que Cherqui reconoció porque “no hay otra opción, no nos han dejado ninguna otra forma de vida”. Recordamos entonces la conversación que tuvimos con un abogado de las comunidades, hace dos años, viajando por la estepa chubutense. Le preguntamos cómo veía la relación entre las empresas (petroleras, mineras) y las poblaciones indígenas. El abogado nos miró dos veces, respiró hondo y comenzó a hablar: “Las cosas son así. Las empresas llegan con todo el aval del gobierno, se presentan ante las comunidades indígenas y les dicen: ‘Hola. Vamos a hacer el amor. Ustedes pueden elegir cómo y dónde: si quieren que sea en una pieza destartalada o en un hotel de lujo de cinco estrellas, si quieren que sea con la luz apagada o con la luz prendida, si quieren que sea de día o de noche. Pero que quede claro: vamos a hacer el amor'”. Mientras lo observábamos, muy impresionados, él continuaba: “Lo dije en forma elegante, pero el verbo que se utiliza es otro, mucho más rudo…”.
El breve pero contundente relato del abogado sirve para advertirnos acerca del violentamiento original que subyace en la relación empresas-comunidades indígenas, algo que incluye además al propio Estado y que seguramente está lejos de ser ignorado por el experimentado senador Pichetto.
En conclusión, triunfó una vez más la impunidad ambiental y también el cinismo político, pues las cláusulas de “desistimiento, renuncia e indemnidad” establecidas en el convenio entre YPF y Repsol no sólo eximen de responsabilidad a esta última sino que terminan socializando los pasivos ambientales y seremos el conjunto de los ciudadanos los que pagaremos entre todos, con nuestra salud, ecosistemas y territorios.
(*) Socióloga, investigadora del Conicet y escritora. (*) Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
