La reciente sentencia de los Tribunales Ambientales, que revocó el fallo de la Superintendencia de Medio Ambiente contra los intereses de Barrick Gold, fue recurrida de casación ( recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial sólo por errores administrativos) por la minera en el día ayer. Ante esto, las comunidades insisten en la certeza de que la transnacional ha actuado de manera ilegal e irresponsable, y con estas acciones sólo se abultarán los argumentos para su retiro del territorio.
Por Obsevatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
La acción legal de la minera fue cursada contra la institucionalidad ambiental, misma que había sido bastante condescendiente con los intereses de la transnacional, hasta que las comunidades decidieron profundizar y conocer a fondo los procesos fiscalizadores, relevando irregularidades y dando cuenta de situaciones pasadas por alto por la institucionalidad. Esto determinó una nueva actitud de parte de las autoridades ambientales, de hecho la Superintendencia se abstuvo de recurrir contra el fallo de los Tribunales, y ahora la empresa aparece en solitario intentando defender lo indefendible: su proyecto minero no puede cumplir con los términos establecidos en la autorización ambiental y es inviable en el frágil ecosistema glaciar de la alta cordillera del valle del Huasco.
La empresa minera Nevada SpA subsidiaria de Barrick Gold en Chile y titular del proyecto minero binacional Pascua Lama, interpuso el 20 de marzo ante la Corte Suprema un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Ambiental emitida el 3 de marzo, la cual de forma unánime resolvió anular la resolución sancionatoria Nº 477 emitida el 24 de mayo de 2013 con la cual la Superintendencia de Medioambiente (SMA) determinó 23 incumplimientos al permiso ambiental del proyecto Pascua Lama, la empresa reconoció 22 y la SMA agrupó estos incumplimientos llegando a reunir 19 infracciones en sólo dos faltas, lo que sumado a las otras tres restantes dieron lugar a una multa pecuniaria por faltas graves y gravísimas, no ordenando la revocación de la RCA ni el cierre definitivo de este proyecto, que es lo que ha buscado la comunidad organizada del Valle del Huasco por más de 10 años. Fue está resolución sancionatoria que el tribunal ambiental decide anular en su fallo por ser ilegal en la agrupación de las infracciones, carente de fundamentos y pruebas, quedándose sólo con los argumentos planteados por la empresa.
Fue la comunidad directamente afectada por este mega proyecto minero, la que resaltó que la Superintendencia de Medioambiente estaba desestimando cuestiones como: la contaminación de las aguas y la reincidencia en faltas gravísimas, insistiendo en que de nada servía una multa a beneficio fiscal por daños irreparables a los ecosistemas hídricos y glaciares. Por ello, han seguido sosteniendo que la minera debe irse definitivamente del Valle, cuestión que esperaban se viabilizara con el reciente fallo de Tribunales. Ahora que la empresa ha recurrido a la Corte de Suprema, las comunidades insisten en que Barrick no es un buen vecino ni nunca lo será, no quieren el supuesto progreso que prometen porque sólo han hecho daño al frágil ecosistema social y ambiental.
Sebastián Cruz, señala, “es por ello que ahora más que nunca, no permitiremos que esta empresa transnacional y ninguna que se quiera instalar en nuestro territorio se eche al bolsillo nuestra salud y el futuro de nuestros hijos, seguiremos en pie confiados en nuestras capacidades de fiscalización, si las del Estado son insuficientes y en algunos casos serviles a las transnacionales, las nuestras no. Seguimos aquí, viviendo en el mismo lugar que vivieron nuestros padres y abuelos, seguimos resistiendo organizados para defender lo que nos queda, seguimos oponiéndonos al exilio forzado de este lugar generoso.”
