Este fin de semana se realizó en La Haya el Tribunal Internacional Monsanto. Con el objetivo de incorporar el ecocidio como delito penal internacional, reunieron pruebas sanitarias y jurídicas.
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Fuente: La Izquierda Diario
El Tribunal Internacional Monsanto (IMT, por sus siglas en inglés) es una iniciativa inédita en la que participaron más de mil organizaciones y que busca generar un saber científico-jurídico que permita a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya tener sustento a la hora de analizar casos de daños ambientales a nivel internacional, en virtud de la incorporación del delito ambiental en los criterios de selección de casos por parte del Fiscal de la CPI para considerarlos como crímenes en contra de la humanidad. El veredicto del Tribunal se dará a conocer en diciembre de este año.
Treinta testigos en total, entre médicos, técnicos, ambientalistas y víctimas de los cinco continentes brindaron durante este fin de semana su testimonio en la localidad de La Haya, Países Bajos, contra las consecuencias nefastas del agronegocio tanto en la salud de los pueblos así como su impacto en las plantas, en la salud animal, en la biodiversidad y en los alimentos.
Entre los participantes hubo tres argentinos: el médico Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quien expuso sobre los resultados de los campamentos sanitarios realizados por la UNR en la región central del país; María Liz Robledo, del pueblo rural Baigorrita del noroeste bonaerense, cuya hijita nació con atresia esofágica (una malformación congénita basada en un pequeño canal que conectaba el aparato digestivo con el respiratorio) luego de haber sido expuesta a las fumigaciones a pocos metros de su jardín durante el embarazo; y la magistrada mendocina Eleonora Lamm, especializada en bioética, una de las cinco jueces que participaron del proceso.
Según declaró la magistrada a la agencia Télam, el Tribunal Internacional Monsanto se realizó en La Haya “porque emula los mecanismos que tiene la Corte Penal Internacional de la Haya, y aunque no es un proceso que se da en ese tribunal oficial, lo que busca es que se incorpore el delito de ecocidio en el Estatuto de Roma, que es el que rige a esa corte internacional”.
“El objetivo es que el dictamen tenga peso suficiente como para modificar el Estatuto de Roma. Es decir, intentaremos promover un cambio legal”, puntualizó la mendocina, quien además es conocida por su posición favorable al derecho al aborto.
Para Verzeñassi la importancia del tribunal también reside en la oportunidad que brinda para “escuchar la voz de todas las víctimas de este modelo extractivista e industrial veneno-dependiente, y que desde este lugar emblemático como es La Haya sus voces cobren más dimensión y se repliquen mucho más fuerte a nivel internacional”.
“Cuando supe que lo que le pasó a mi hija había sido por eso, empecé a moverme por todo el pueblo para frenar lo que estaba pasando. Me encontré con que no había ninguna legislación que lo prohibiera, y mucha gente se fue movilizando conmigo para dar a conocer esta situación”, le dijo María Liz a Página/12 hace pocos días. “Vivimos rodeados de tarros de agrotóxicos acumulados al lado de nuestras casas. Lo normal acá es ver depósitos en distintos terrenos en la zona poblada, escuchar que mucha gente joven se enferma y hasta muere de cáncer. También niños con leucemia, que lamentablemente fallecieron”.
“Lo normal es ver cómo nos fumigan a cincuenta metros de nuestras casas para matar algunas hierbas y dejar el terreno ‘limpio’. Y no hay herramientas legales para frenar a estas corporaciones, no hay una reglamentación vigente”.
El ITM, que se realizó en el Instituto de Estudios Sociales (ISS) de La Haya, ha sido impulsado por figuras internacionales como la filósofa y escritora ecofeminista indú Vandana Shiva, la periodista y escritora francesa Marie-Monique Robin y el biólogo francés Gilles Eric Seralini, entre otros. Los organizadores acusan a Monsanto de producir y comercializar productos como el PCB (policlorobifenilos), que afectan a la fertilidad humana y animal, el 2,4,5-T, uno de los componentes del Agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam y que causa malformaciones congénitas, el Lasso, un herbicida prohibido en Europa, y el famoso glifosato Roundup, “el herbicida más utilizado en el mundo y causante de uno de los mayores escándalos sanitario y medioambiental de la historia moderna”. La multinacional biotecnológica ha sido recientemente adquirida por su competidora Bayer, lo que dio como resultado la concentración del 24,6 % de la producción de agrotóxicos mundial y el 30,1 % de la comercialización de semillas.
“Cuando Marie-Monique me propuso hablar sobre mi hija en el tribunal me pareció que era lo mejor que podía hacer, y no solo por Martina, que hoy no puede ir al jardín por sus problemas de respiración, sino para cualquier chico. Hoy a las personas que causan esto se las juzga, arreglan, tranzan y no pasa nada” dijo Robledo. “Y lo mismo para los productores, que si bien son víctimas de todo un modelo de producción, tienen un grado de responsabilidad. Y para los Estados y gobiernos que dan vía libre y que son cómplices de tanta enfermedad y tanta muerte. Todos tienen que ser juzgados por los crímenes que están cometiendo”.
El dictamen de los cinco jueces determina si Monsanto vulneró cuatro derechos conforme a distintos artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a la Convención de Derechos del Niño. Estos son el derecho a un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible; el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, y el derecho a la libertad de investigación científica.
“Es importante que [el tribunal] se haya conformado con representación de un argentino, porque nuestro país es uno donde Monsanto tiene mayor actividad”, le dijo Lamm a Los Andes de Mendoza. “Sirve para poner en evidencia la situación actual del mundo en esta materia. Y tiene una carga simbólica muy importante. Sabemos que habrá repercusiones en todo el mundo y somos conscientes de lo que eso significa”.
“Si los jueces encuentran a Monsanto responsable de un ecocidio va a dar un impulso muy importante a los movimientos sociales y a las víctimas que en todo el mundo están reclamando que tengan en cuenta sus derechos para poder iniciar acciones jurídicas locales y también internacionales”, describió el médico de la UNR.
Verzeñassi fue convocado por el comité organizador del tribunal por su tarea al frente de los relevamientos del estado socio-sanitario de los pueblos que están “en medio de las zonas de producción de transgénicos resistentes a venenos” que lleva adelante la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario.
“Lo que hemos podido demostrar es que a partir del cambio en la forma de producción hacia esta veneno-dependiente han aparecido muchos problemas de salud que antes no estaban y que cada vez son más frecuentes” como aumento de cáncer, enfermedades respiratorias, abortos espontáneos, entre otros.
El último relevamiento coordinado por Verzeñassi fue en 2015 en la localidad de San Salvador (Entre Ríos) y arrojó que “entre 2000 y 2014, en 80 de los hogares visitados se refirieron 84 casos de cáncer diagnosticados, de los cuales el 46,4 % se habían dado en los últimos cinco años”.
Paralelo al Tribunal Internacional Monsanto se desarrolló también en La Haya la Asamblea Popular donde referentes de todo el mundo discutieron “las diferentes estrategias para contrarrestar los problemas causados por la agricultura industrial”.
Hace pocas horas, desde los participantes latinoamericanos de esta Asamblea Popular, se difundió un comunicado en el que se destaca la exigencia a todos los gobiernos de respaldar el reconocimiento del ecocidio “como el quinto crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad ante la Corte Penal Internacional”.
