Las compañías mineras con base en los EE.UU. y Canadá se encuentran en una situación extraña. El sector minero tiene que defender sus acciones domestica e internacionalmente ante un público cada vez mas hostil.
Por: Liezel Hill (miningweekly.com)
Toronto. Canadá – 14/05/2010. Con la demanda de materias primas por parte de China e India todavía al rojo vivo, y, como el resto del mundo que comienza a recuperarse de la Gran Recesión, la mayoría de los productores están redoblando esfuerzos lo más posible para secar ventajas de los altos precios y amplios márgenes.
Pero, mientras los resultados finales son positivos, la industria tiene que defender sus acciones domestica e internacionalmente ante un público cada vez mas hostil.
La muerte de 29 mineros en una mina de carbón en West Virginia en abril galvanizó el sentimiento antiminero en los EE.UU., la crítica publica del Presidente Obama hacia el dueño de la mina, Massey Energy, y asistencia al funeral de los hombres fallecidos, ha contribuido a mantener la tragedia en los titulares de la prensa local e internacional.
Y en diciembre del ultimo año, el gobernador general de Canadá Michaëlle Jean sufrió los cánticos de ‘Canada go home’ en su viaje a México, cuando las protestas antimineras tomaron el centro de la escena durante su visita.
Un mes antes, las mineras canadienses vieron con frustración como grupos ambientalistas y de derechos humanos con docenas de testigos se manifestaron ante el Comité de Audiencias del Parlamento, para hacer oír sus alegatos -algo nada menos que horroroso- sobre la participación de las mineras de origen canadiense en crímenes sobre derechos humanos y medio ambiente en el exterior.
En noviembre de 2009 tuvieron lugar audiencias para discutir los polémicos miembros privados del Proyecto de Ley C-300, que ha probado ser un detonante para ambos, tanto las mineras como sus oponentes.
Dicho en palabras simples, el Proyecto propone dar al gobierno canadiense la autoridad para investigar reclamos acerca el comportamiento de los recursos de las compañías con base en el país que operan en el extranjero, y que ocultan fondos públicos de los infractores.
La legislación propuesta ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG’s), incluyendo Amnesty International y MiningWatch Canada, quien la describe como “nuestra mejor oportunidad para asegurar la responsabilidad de nuestro gobierno hacia nosotros, como contribuyentes y ciudadanos, para garantizar que el apoyo financiero y político no será provisto a empresas que infrinjan los derechos humanos y los parámetros medioambientales”.
Como miembros privados el Proyecto presentado por un parlamentario liberal, John McKay, bajo un gobierno conservador, del que es oposición, la legislación no tiene muchas posibilidades de éxito.
Pero cuando el Proyecto pasó una segunda lectura en la Cámara de Diputados en abril del año pasado, la industria lo asumió y tomó nota, especialmente después que las audiencias parlamentarias varios meses después capturaron los encabezados de la prensa desplazando a las noticias sobre violaciones, extorsiones y asesinatos
Los testimonios durante las audiencias del año pasado en el Congreso incluyeron los reclamos de una ex ministro de Medio Ambiente argentina, que ella, su equipo y aun sus hijos han sido personalmente amenazados por las compañías mineras que se oponen a esfuerzos del gobierno para regular las actividades de la industria.
Romina Picolotti le dijo al comité Parlamentario que ella fue finalmente forzada a renunciar por las tácticas agresivas empleadas por las mineras canadienses y otras compañías extranjeras.
Otras acusaciones incluidas en las audiencias indicaron que una minera canadiense-australiana había cooperado en la masacre en la República Democrática del Congo que eliminó a por lo menos 73 personas en 2004.
Siguiendo los pasos de las audiencias sobre el Proyecto C-300, una cantidad de otras compañías canadienses han estado en las noticias en Canadá, incluyendo la de capitales privados Blackfire Exploration, cuya mina mexicana fue cerrada por las autoridades, según se informa porque los empleados de la empresa fueron vinculados con el asesinato de un activista antiminero.
HudBay Minerals ha sido también criticada por sus manejos en oposición al proyecto de la compañía Fénix, en Guatemala, después de las protestas sobre las tentativas de reubicar la gente que viven en la propiedad se volvieron violentas.
Esas historias invariablemente se convierten en una ronda de ‘el dijo, ella dijo’, enfrentando a las compañías – que insisten en su inocencia – contra las ONG’s y los oponentes locales de la industria.
Incluso McKay está de acuerdo con que la mayoría de las firmas mineras operando en el exterior probablemente cumplen con los parámetros de responsabilidad social corporativa (RSC), pero argumenta que aun así se necesita identificar y sancionar a aquellas que no lo hacen.
Y además existen casos donde, a la inversa del estereotipo, los canadienses que viajan a lugares de América Central y Sudamérica, han sido advertidos de identificarse a si mismos como norteamericanos debida a la reputación negativa que las empresas mineras canadienses han adquirido, dice McKay.
Se hace necesario un mecanismo que sanciones a aquellas compañías que no observen ciertos parámetros, argumenta.
Pero la industria minera ha presionado fuertemente contra este proyecto, señalando que ya existen estructuras y sistemas en operación para tratar los asuntos de RSC, y advierten que el Proyecto desatará un tsunami de reclamos, y que las investigaciones y audiencias que seguirán mancharán las reputaciones de la empresas, sean o no finalmente culpables.
Y una consecuencia potencialmente más dañina es que los gobiernos anfitriones puedan usar las investigaciones canadienses como una excusa para demorar, revocar o cancelar permisos y aprobaciones, sean o no validas las pruebas que los reclamos originales, dice Michael
Bourassa, coordinador global del grupo minero para la firma de abogados Fasken Martineau.
El proyecto irá a una tercera lectura esta primavera, pero no se espera que vaya mucho más allá, porque el partido conservador gobernante ha manifestado que se opondrá a esa legislación.
Pero pase o no esa instancia, la legislación ha logrado ciertamente levantar interrogantes en un montón de mentes de la gente acerca de si la industria es realmente lo responsable que dice ser.
Como la corporación diabólica en la superproducción Avatar de James Cameron, las compañías mineras están encontrándose a si mismas retratadas como persiguiendo sus objetivos sin importarles los recursos ambientales ni las comunidades locales.
Y mientras la inconstante opinión del publico en general pareciera no interesarse mucho en este asunto, la percepción negativa de la industria se escurre en la forma en que los permisos son evaluados, y puede significar una mayor dificultad para que las empresas obtengan el apoyo de las comunidades locales -que se ha transformado en un requisito cada vez mas importante tanto en los países desarrollados como en los mas pobres.
El experto en recursos Don Coxe cuenta una historia en la que en una clase de geología casi la mitad de los estudiantes no estaban allí para aprender como operar minas, pero si para introducirse en como oponerse a las mismas.
Entre lo difícil de obtener los permisos y una oleada de oposiciones a la idea de la minería por parte de las comunidades locales, se puesto mas difícil que nunca abrir una nueva mina, comentó Coxe a una audiencia en la convención de la Asociación de Cateadores y Desarrolladores de Canadá (ACDC) a principios de este año.
Vigilancia en EE.UU.
Mientras la industria minera canadiense recibe la mayoría de las críticas por sus actividades en el exterior, sus contrapartidas norteamericanas esperan un incremento de la vigilancia en casa, después que el país sufriera el peor accidente minero en mas de treinta años el pasado mes de abril.
Al despertar del desastre, la tenedora de acciones CtW Investment Group solicitó la remoción de Don Blankenship, Director Ejecutivo de Massey, pero la Junta de Directores respaldó su posición (y su presidencia, por el momento) y afirmaron que un cambio en la tenencia sería “inoportuno”.
No sorprende que las actividades y registros de la compañía estén siendo repasados con un peine fino. Y sus competidores, como Consol Energy y Peabody Energy, sean también arrastrados en ese viaje.
Las leyes cambiarán un poco y las inspecciones se volverán mas frecuentes, aseguran los analistas y ejecutivos de las empresas.
Una vigilancia más agresiva tendrá ciertamente un efecto en la productividad de la industria, dice Steven Leer, Director Ejecutivo de la segunda más grande minera de carbón de los EE.UU., Arch Coal.
“Aunque las minas puedan pasar una inspección con éxito, sin embargo, ello impacta en la productividad” comentó.
El incidente también ha tomado un sesgo político, y los redactores de los comunicados de prensa de Massey esta muy ocupados mientras la empresa trata de limitar el daño.
El 27de Abril, la empresa minera de carbón lanzó cinco comunicados a los medios en respuesta a los reclamos realizados en las audiencias del Senado mantenidas ese día sobre la seguridad en el lugar de trabajo y el accidente del 5 de abril, como así también por los oficiales de seguridad minera luego de inspecciones sorpresivas a algunas minas de Massey.
Los ejecutivos de la empresa también se han quejado contra lo que ellos dicen es una interpretación injustificada de la empresa como que ha buscado beneficios sobre las inquietudes de seguridad.
Un largo y detallado artículo en el New York Times, relacionando el accidente con las acusaciones sobre negligencias en seguridad y salud en la mina Upper Big Branch, provocó otro indignado comunicado de prensa por parte de la empresa minera.
La mejor forma de defensa
En medio de toda esta hostilidad, sin embargo, un sector minero – particularmente en Canadá – está mostrando señales que ello es seguido de una regular paliza pública.
La industria la ha emprendido solidamente contra el propuesto Proyecto C-300, a tal punto que la convención ACDC se vio mas como una contienda política a veces, por la distribución voluntaria de folletos, insignias y todo tipo de parafernalia.
Más recientemente, Barrick Gold, el productor de oro mas grande del país y del mundo, dejó de lado un largo período de su reunión anual con sus accionistas para discutir sus actividades RSC y defender a la empresa contra la crítica de su historial.
La minería de oro es el blanco favorito de los grupos ambientalistas y de derechos humanos, y las reuniones de accionistas, como regla, atrae a grupos de protestas a las calles del centro de Toronto.
Dos personas de áreas mineras cercanas – una de Papua, Nueva Guinea y otra de Chile – también dieron sus testimonios durante la ronda de preguntas, fustigando a la compañía por su tratamiento hacia sus comunidades.
Traducción del inglés por:
José Jorge Aldecoa Davies
San Isidro, 17 de mayo de 2010
