Quince miembros del Congreso estadounidense han expresado sus preocupaciones acerca de los impactos sobre los derechos humanos de la mina Marlin en las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahuacán, en una carta dirigida al Presidente Álvaro Colom. Goldcorp Inc., la empresa minera, basada en Vancouver, es dueña de la mina de oro que ha generado controversias tanto al nivel local como internacional por presuntos abusos desde que empezó sus operaciones en 2005.
Washington, EEUU – 06/04/2011. “Este proyecto ha violado los derechos de los pueblos desde su inicio”, subraya Caitlin Dunklee, coordinadora de programa de la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala. “Bajo el ordenamiento jurídico internacional, las comunidades indígenas tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado cuando se trata del uso de sus tierras. Las comunidades nunca dieron su consentimiento a este proyecto minero, y las operaciones continuas han creado aún más daños.”
La carta pide al Gobierno de Guatemala cumplir con las medidas cautelares otorgadas en mayo del 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recomendó que las operaciones de la mina fueran suspendidas hasta que se tomara una decisión sobre el fondo de la queja que originó las medidas cautelares, para proteger la vida y la integridad física de dieciocho comunidades. Hasta la fecha, las medidas no han sido implementadas.
Representantes del Congreso norteamericano mandaron esta carta al Presidente Colom, el 30 de marzo, citando quejas de comunidades indígenas mayas que afirman que la mina Marlin ha contaminado fuentes de aguas locales y causado problemas serios de salud. Estudios independientes de la Universidad de Michigan y Médicos por los Derechos Humanos, E-Tech Internacional y la Universidad de Ghent publicados en 2010 respaldan esos reclamos.
“La impunidad generalizada en Guatemala y la falta de capacidad pararegular las empresas mineras dejan a las comunidades afectadas por la minería vulnerables a abusos y violaciones,” afirma Kris Genovese, abogadade mayor jerarquíadel Centro de Derecho Ambiental Internacional, en Washington D.C.
“La comunidad internacional insta Guatemala a cumplir con las recomendaciones de entidades de derechos humanos para proteger sus ciudadanos”, recalcó.
¿Por qué las acciones internacionales? Carmen Mejía, lidereza comunitaria, quien ha sido el blanco de amenazas de muerte por su activismo contra la mina, declaró: “Considerando la influencia económica de una empresa como Goldcorp, la presión internacional es necesaria para asegurar el respeto de nuestros derechos.”
Esta nueva carta hace eco al mensaje que veintiséis representantes del
Parlamento Europeo mandaron en octubre del 2010, pidiendo también al Gobierno de Guatemala cumplir con las medidas cautelares de la CIDH y suspender las operaciones de la mina Marlin.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Caitlin Dunklee,
U.S. Mining Program Organizer
La Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA)
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Amanda Kistler
Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL)
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