Cerca de un centenar de manifestantes se concentraron hoy ante el Banco Mundial (BM) para exigir al organismo que rechace la denuncia millonaria de la empresa minera canadiense-australiana Oceana Gold contra El Salvador por negarle el permiso para explotar una mina de oro en el norte del país.
Fuente: La Información
Este lunes comenzó la audiencia final a puerta cerrada del proceso judicial ante el BM iniciado en 2009 y cuya resolución final se espera para comienzos del próximo año.
Con pancartas de “El agua vale más que el oro” y “El agua es un derecho humano”, los activistas representantes de una docena de grupos medioambientales criticaron las maniobras legales de la Oceana Gold y subrayaron que la comunidad local estaba en contra del proyecto a las puertas de la institución internacional.
“Es un caso injusto, la compañía nunca cumplió los requisitos legales para obtener licencia. Y además es injusto porque la población de El Salvador y el gobierno nunca quiso minería allá”, indicó a Efe Sofía Vergara, asesora de industrias extractivas de Oxfam América.
De acuerdo a Oxfam, si El Salvador pierde tendría que pagar más de 300 millones de dólares, sin contar los gastos totales del litigio, lo que representa 28 veces el presupuesto que tuvo en el 2013 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Vergara señaló la “extrema vulnerabilidad” de El Salvador ante desastres medioambientales y recordó que más del 90 % de las aguas del país están ya contaminadas.
“Si entrara la mina generaría, además, una gran alteración del tejido social; la mayoría de la gente está en contra de la mina, genera temor, y afectaría a la producción agrícola local”, subrayó Vergara.
La activista recordó que el actual presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, también se ha expresado en contra del proyecto minero.
La demanda de la canadiense Pacific Rim, adquirida en 2013 por la empresa minera australiana Oceana Gold, contra El Salvador fue interpuesta ante un tribunal del Centro Internacional de Arreglo en Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del BM por la negativa a explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas (norte), donde se ha encontrado un importante yacimiento.
En agosto de 2012, los ministerios de Medio Ambiente y Economía salvadoreños presentaron al Parlamento un proyecto para suspender todas las solicitudes de exploración y explotación minera, que sigue pendiente de aprobación.
En El Salvador no existe una ley contra la minería, pero los permisos de exploración y explotación minera están suspendidos desde el Gobierno del expresidente Antonio Saca (2004-2009).
Un tribunal del CIADI dictaminó en junio que Pacific Rim no puede ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con los Estados Unidos (CAFTA-DR, por su sigla en inglés), pero sí bajo las leyes de inversiones extranjeras del país centroamericano, proceso actualmente en litigio.
