Dos años después, el gobierno canadiense se mantiene en silencio en cuanto al caso de Blackfire sobre corrupción y asesinato en Chiapas, México. El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos de Canadá reitera su reclamo para que se responsabilice a las compañías mineras por sus operaciones en el extranjero. La propuesta de ley C-323 permitiría a ciudadanos extranjeros demandar a compañías canadienses en las cortes canadienses.
Por Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos
15/03/2012. (Ottawa/Toronto) Dos años después de haber elevado una queja ante la policía federal canadiense alegando corrupción por parte de Blackfire Resources, con sede en Calgary, un grupo de organizaciones canadienses de la sociedad civil querría saber el posicionamiento de las autoridades canadienses en relación a las controversiales operaciones de la compañía en Chiapas, México. Sin embargo, aún sigue sin respuesta la solicitud de información que se realizó hace 18 meses ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional mediante la Ley de Acceso a la Información.
A fines del 2009, las entidades Common Frontiers, Alerta Minera Canadá, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos y otras, obtuvieron documentación que indica que Blackfire había estado depositando fondos en la cuenta bancaria personal de un ex alcalde del municipio de Chicomuselo, Chiapas, donde la compañía operaba una mina de barita. El 10 de marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses de la sociedad civil elevaron una queja ante la policía federal canadiense en relación a la Ley de Corrupción de Dirigentes Políticos Extranjeros. La prensa nacional reveló en agosto del 2011 que la policía federal había comenzado sus investigaciones. Hubo informes de que se habían allanado las oficinas de la compañía en Calgary. Aún no se han presentado cargos.
Blackfire ya había estado en las noticias luego del homicidio de Mariano Abarca Roblero, reconocido dirigente comunitario que se oponía a las operaciones de la compañía, asesinado a tiros enfrente de su casa el 29 de noviembre del 2009. Poco después de la muerte de Abarca, se encarceló a varios hombres cuyos vínculos con Blackfire eran conocidos. Asimismo, las autoridades ambientales del estado suspendieron transitoriamente actividades mineras en Chicomuselo.
El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos, Common Frontiers y Alerta Minera Canadá organizaron una delegación de investigación en Chiapas a fines de marzo del 2010 con objeto de indagar sobre la muerte de Abarca y las actividades de la compañía. Los resultados de la delegación demuestran que la mina a cielo abierto había suscitado oposición a nivel local debido a las promesas incumplidas, la falta de beneficios, y la degradación ambiental en la zona. La delegación notó divisiones en las comunidades a raíz de la presencia de la compañía y a menudo escuchó reclamos impulsando a la compañía a retirarse.
Durante una visita a la Embajada de Canadá en México, se informó a la delegación que un Consejero de Asuntos Políticos había redactado un informe al cabo de un viaje de investigación en Chiapas semanas después del asesinato de Abarca. Al solicitar una copia se le informó a la delegación que el informe estaba “clasificado”. A mediados del 2010 se le solicitó una copia de este informe al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT por sus siglas en inglés). Sin embargo, pese a las promesas de funcionarios y una queja elevada ante el comisionado de información, no se ha podido obtener una copia del informe.
Mientras tanto, existe la alarmante posibilidad que la compañía esté entablando nuevas operaciones en Chiapas. En enero, el periódico nacional de México, La Jornada, citó a pobladores del municipio de Siltepec, en un valle montañoso próximo a Chicomuselo. Según este periódico, los pobladores indicaron que quieren “evitar el saqueo clandestino, ya que la empresa minera Blackfire ha estado entrando por las noches y a escondidas ya sacaron ocho camiones de minerales…; advertimos que esto ya no lo vamos a permitir en ningún lugar de la Sierra.”
Es posible que cualquier compañía minera realizando actividades no deseadas en una zona tan próxima a Chicomuselo podría confundirse con la tan desacreditada Blackfire. Sin embargo, la situación no deja de ser preocupante dada la historia reciente y un nivel de probabilidad razonable que esta sea otra iniciativa de Blackfire. Al no contar con mecanismos claros, más allá de la ley anti-corrupción, que permitan pedir cuentas a la compañía por daños pasados, y vista la falta de respuesta clara por parte de DFAIT que indique un interés serio en abordar casos en los que el territorio y la vida de una comunidad corren peligro, no queda claro a quién se tendría que dirigir la reciente queja de Siltepec.
En la víspera del congreso “Walking the Talk: Human Rights Abroad Take II” (“Del dicho al hecho: derechos humanos en el extranjero – segundo intento”) que se celebra esta semana en el Parlamento, reclamáramos nuevamente que se responsabilice a las compañías mineras por sus operaciones en el extranjero. La propuesta de ley C-323 permitiría a ciudadanos extranjeros demandar a compañías canadienses en las cortes canadienses. Este es el tipo de iniciativa legislativa que se necesita para remediar los frecuentes abusos que cometen las compañías mineras canadienses como Blackfire.
A su vez, exigimos que el gobierno de Canadá tome una mayor responsabilidad en explicar por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores no responden de manera más efectiva y puntual en un caso donde se han atropellado los derechos y las vidas, y en donde hace tiempo se hace caso omiso de las preocupaciones que manifiestan los pobladores.
Contactos:
Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos: Mark Rowlinson 647-231-5983
Alerta Minera Canadá: Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina 613-569-3439
Common Frontiers: Raul Burbano 416 522 8615
