Un grupo de ciudadanos de Valdepeñas ha constituido un “frente antimina” en contra de la explotación minera de tierras raras en el Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real. El objetivo es “dinamizar y cohesionar” la oposición a los proyectos mineros en los distintos municipios afectados por los proyectos que la empresa Quantum Minería pretende llevar a cabo en esta comarca para la extracción de tierras raras.
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Fuente: clm24
Este nuevo colectivo se constituyó anoche en el transcurso de una asamblea a la que asistieron cerca de medio centenar de personas, entre vecinos a título personal, movimientos sociales y ecologistas, y representantes de Podemos y de IU-Ganemos de la localidad, según han informado a Efe miembros del “frente local”.
La coordinadora ha destacado la “importante labor” que está realizando la Plataforma “Si a la Tierra Viva” pero consideran que debe haber más voces contra de la minería de tierras raras.
Sus integrantes han considerado: “Frente a la agresión e imposición de los proyectos mineros no cabe la exclusión, solo espacios de encuentro y trabajo unitarios para dar visibilidad de la amplia oposición social a la actividad minera”.
En Torre de Juan Abad, Torrenueva y Castellar de Santiago están muy concienciados sobre las repercusiones negativas para la salud, el medio ambiente y la economía que conlleva la explotación de tierras raras, pero Valdepeñas “está bastante parada y ajena al problema, aunque le afecta mucho”, han añadido.
Además de las acciones coordinadas para informar sobre el efecto negativo de la actividad minera, cada organización o asociación tendrá autonomía para impulsar grupos similares en otros municipios afectados como La Solana, Manzanares, Santa Cruz de Mudela y Villanueva de los Infantesa contra la imposición de los proyectos mineros.
La implicación de todos estos municipios, a juicio del frente antiminas, es muy importante porque sospechan que el Gobierno de Castilla-La Mancha concederá a Quantum Minería una prórroga de un año para la presentación del estudio de impacto ambiental en vez de los tres meses que mantiene que le ha dado la Consejería de Agricultura, cuyo plazo finaliza a mediados de febrero.
