El Grupo México, que quiere reabrir el yacimiento sevillano de Azanalcóllar, ha tenido que pagar 115 millones de euros para indemnizar a los 22.800 afectados por el mayor accidente minero de su país, México, cuando en agosto de 2014 derramó 40 millones de litros de tóxicos de su mina Buenavista del Cobre en el Río Sonora.
Fuente: El País
Más de 9.000 kilómetros y 16 años separan el desastre de la mina sevillana de Aznalcóllar (abril de 1998) y el vertido al río Sonora desde la explotación mexicana Buenavista (agosto de 2014). Grupo México es el punto de unión entre estos dos accidentes medioambientales.
Esta compañía es la propietaria de la mina de cobre Buenavista (la mayor explotación del país y la segunda de latinoamérica) y, a la vez, forma parte del grupo empresarial que ganó el cuestionado concurso para reabrir Aznalcóllar. La explotación sevillana cerró tras el desastre causado por la rotura de una balsa de lodos tóxicos en los noventa. La Junta aspiraba ahora a reanudar los trabajos en la corta de Los Frailes, que la empresa sueca Boliden abandonó sin llegar a extraer casi 35 millones de toneladas de zinc, cobre, plomo y plata.
Pero la reapertura de esta mina sevillana ha sido paralizada por la Junta de Andalucía esta semana tras la investigación abierta por un juzgado sevillano, que aprecia irregularidades en el concurso público que ganó la unión entre Grupo México y Magtel. Desde que se adjudicó en febrero, las asociaciones ecologistas han denunciado los problemas de Grupo México en la gestión minera y han puesto el acento, especialmente, en el accidente de 2014 en la cuenca del rio Sonora, que ha obligado a esta compañía a pagar 115 millones de euros.
El pasado 6 de agosto un fallo en una tubería de una de las balsas de residuos de la mina Buenavista desencadenó un enorme vertido. Se derramaron 40.000 metros cúbicos de aguas residuales con importantes concentraciones de metales (principalmente hierro y aluminio). Primero corrió por el río Bacanuchi y luego contaminó el Sonora. En total, el vertido afectó a 271,6 kilómetros de cauces y a siete municipios de la zona, donde viven unas 22.800 personas. “Es el accidente medioambiental más grande de la industria minera en México”, reconoce Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental del Gobierno mexicano.
322 pozos y norias de las márgenes del río tuvieron que ser clausurados y se recurrió a los camiones cisterna para abastecer a la población. El Gobierno mexicano, según Lacy, tiene acreditados hasta ahora 270 casos de afecciones sanitarias en la población. Se trata, fundamentalmente, de problemas gástricos y daños dermatológicos. “El daño que hicieron… la filtración de metales en los mantos es algo imposible de detener en los próximos años”, señaló en septiembre Sinaí Guevara, de Greenpeace.
Pero, al margen de estos problemas, lo que más ha sufrido en la zona es la economía, basada en gran parte en la agricultura y la ganadería. “La economía se derrumbó”, admite Lacy. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México cuantificó en 1.800 millones de pesos (unos 105 millones de euros) el impacto del vertido.
Un mes después del accidente, el Gobierno de Enrique Peña Nieto forzó a la empresa de Germán Larrea, uno de los magnates más poderosos en México, a crear un fondo para reparar el daño. A mediados de septiembre, se constituyó un fideicomiso de 2.000 millones de pesos (más de 115 millones de euros) para apoyar a los afectados. Ese montante lo está aportando la empresa. El secretario (ministro) de Medio Ambiente, Juan José Guerra, dejó claro entonces que la empresa tendrá que ofrecer más recursos si los fondos son insuficientes. Y criticó que la compañía ocultara al principio el motivo del derrame: “Nos dijo que había sido por exceso de lluvias, lo cual fue totalmente falso”.
Lacy preside el comité técnico que gestiona el fideicomiso encargado de las reparaciones. Resalta como un hito en el país la celeridad con la que se cerró el acuerdo con Grupo México para que aportara los 2.000 millones de pesos. “Se han pagado ya 928 millones de indemnizaciones”, informa. Este dinero se ha destinado principalmente a infraestructuras hidráulicas y a compensaciones a comercios y la agricultura y ganadería.
En este punto, este desastre difiere del de Aznalcóllar. El Gobierno andaluz reclama a la sueca Boliden los más de 89 millones de euros que costó la restauración ambiental del entorno del río Guadiamar desde que se produjo el vertido. Hasta ahora, no ha tenido éxito en su reivindicación ante la justicia, que ha ido cerrándole puertas. Tras un largo periplo, el Gobierno regional ha vuelto a presentar la misma reclamación económica en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla.
Boliden, sin embargo, no espera que tener que hacer frente a esta indemnización. “La empresa no sufrirá daños financieros sustanciales como resultado de los procesos judiciales”, sostiene la compañía en su último informe anual. “La empresa no ha realizado ninguna provisión”, añade en la memoria de 2014. El accidente de Aznalcóllar se produjo en un momento en el que el precio del cobre estaba muy bajo, lo que influyó en que Boliden abandonara la explotación de Sevilla sin agotar las reservas.
Pero, en el caso de la mina Buenavista, Grupo México no tiene intención de marcharse debido a los cuantiosos recursos que puede aún extraer. De ahí, según Lacy, la celeridad con la que esta empresa se comprometió a aportar el dinero para las indemnizaciones. “Es una veta muy rica” y la inversión de la empresa es “a muy largo plazo” y “rentable”, indica el subsecretario de de Planeación y Política Ambiental. Lacy también cree que la presión del Gobierno federal y la “gran presión social” en la zona influyó. Además, pesaron los antecedentes: en 2006, 65 mineros murieron tras una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, propiedad también de Grupo México.
Pese a la satisfacción que muestra Lacy por el rápido pago de las indemnizaciones, la reparación del daño ha tensado en la zona. Los pagos se han suspendido temporalmente hasta después de las elecciones locales del próximo 7 de junio. Y centenares de vecinos del municipio de Aconchi han amenazado con impedir las votaciones si no se reanudan las indemnizaciones, necesarias para reactivar la economía en Sonora, el estado conocido como el granero de México.
