El controvertido proyecto de explotación de la mina de oro de “Rosia Montana”, en Rumanía occidental, donde se prevé el uso de una cantidad ingente de cianuro, un material altamente tóxico, ha generado fuertes protestas contra la clase política del país balcánico. Agitando botellas de plástico con piedras para marcar el ritmo del zumbido, miles de personas se manifiestan todos los días desde comienzos de mes en el centro de Bucarest para pedir al Gobierno que retire el proyecto que permite la explotación de la mina de oro más grande de Europa.
Fuetne: EFE
“Nos echarán de nuestras casas, destruirán un patrimonio mundial de más de 2.000 años y crearán un lago monstruoso de cianuro en el corazón de los Cárpatos”, denuncia a EFE Eugen David, el presidente de la movimiento cívico “Alburnus Maior” -Rosia Montana en latín- y residente de esta localidad de 3.000 habitantes.
“Nuestros movimiento no tiene líderes, solo tiene conciencia”, asegura David al precisar que las reivindicaciones que proclaman “no se discuten ni se negocian”.
La compañía canadiense “Gabriel Resources”, a través de su filial “Rosia Montana Gold Corporation”, participada en un 20 % por el Estado rumano, quiere explotar la mina.
Aparte del daño medioambiental, los arqueólogos advierten de que los trabajos en la mina amenazarían también a los restos de varias galerías romanas, únicas en los Balcanes.
El proyecto de ley adoptado por el Gobierno de centroizquierda a finales de agosto, que facilita las expropiaciones para la explotación minera, despertó la irá de una sociedad aletargada por una sempiterna miseria que persiste en el país, el segundo más pobre de la Unión Europea (UE).
“Estas protestas representan el barómetro de los ciudadanos de cara a la lacra de la corrupción y a la irresponsabilidad de los políticos”, asegura Roxana Pencea, una joven activista de la organización “Salvad Rosia Montana”.
“Muchos contemplan estas manifestaciones como una oportunidad de creer en una Rumanía más democrática, un Estado sin corrupción”, cuenta Pencea, quien advierte del riesgo de crear una ley que favorezca a los intereses de una compañía privada: “se puede convertir en un antecedente peligroso”, señala.
A las críticas de los ciudadanos comunes se han sumado otras voces de ONG como “Greenpeace” y artistas como el director de cine Cristian Porumboiu, premiado dos veces en el Festival de Cannes.
Además, los manifestantes aprecian un aparente cambio de actitud de los medios de comunicación que hasta ahora le habían dado la espalda a sus demandas.
“Solo se hablaba de los beneficios que se conseguirían mediante su explotación; ahora, en cambio, se explica el impacto medioambiental devastador que tendría sobre la zona”, cuenta Pencea.
El primer ministro, el socialdemócrata Victor Ponta, anunció hace casi dos semanas que iba a rechazar el proyecto de ley aprobado por su Gobierno como consecuencia del malestar social.
Sin embargo, poco más tarde se retractó alegando que Rumanía obtendría grandes beneficios económicos y, de esta manera, evitaría pagar unos 4.000 millones de dólares, suma que podría reclamar “Gabriel Resources” por daños y perjuicios.
Pero mientras que unos protestan en contra de la mina también hay gente que se moviliza a su favor, sobre todo para mantener sus puestos de trabajo.
Un grupo de 33 mineros se encerraron la semana pasada durante tres días en su mina a favor de que se aprobara la explotación y así conservar sus empleos.
“Queremos trabajar, no mendigar”, vociferaba un centenar de personas que se hallaban a la entrada de las mina de Rosia Montana.
La compañía canadiense tiene previsto extraer unas 300 toneladas de oro y unas 1.600 toneladas de plata, un proceso en el que se usarían unas 12.000 toneladas de cianuro por año, creando unos 900 empleos durante los estimados 16 años de explotación.
A finales de octubre, el Parlamento rumano tomará una decisión definitiva sobre la explotación de la mina después de conocerse las conclusiones de una comisión especial pero obviando así el clamor de los rumanos y el llamamiento del propio presidente, Traian Basescu, a desestimar el proyecto.
Mientras tanto, los ciudadanos seguirán con sus protestas, dicen los activistas. “El Gobierno tendrá que reconocer nuestra victoria”, asevera Pencea.
