La sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, España, deliberará el próximo martes sobre el recurso de apelación promovido por la compañía ‘Cobre las Cruces’, que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras, contra el auto del Juzgado de Instrucción número 19 que acuerda el procesamiento de tres directivos de esta compañía minera imputados por posibles delitos de daños continuados y contra el medio ambiente.
Fuente: EurpaPress
La causa, cabe recordarlo, parte de la querella formulada en 2008 contra cuatro de los directivos de ‘Cobre las Cruces’, –entonces filial de la multinacional ‘Inmet Mining’ y ahora en manos de ‘First Quantum’–, por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Los imputados, a quienes se les atribuía posibles delitos de daños continuados y contra el medio ambiente, eran entonces el ya ex director general de la compañía Françoise Fleury, el director de Minas, William Thomas Willliams, el director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.
AUTO DE PROCESAMIENTO
En un auto fechado el 9 de mayo de 2012, la juez Ana Escribano atendía a las peticiones de la Fiscalía y ordenaba seguir las actuaciones mediante el procedimiento abreviado contra Françoise Fleury, William Thomas Willliams y Paz Cosmen, ordenando por contra el sobreseimiento de las diligencias por lo que se refiere a Juan Carlos Baquero. Este auto, no obstante, fue recurrido por la compañía al ser susceptible de recursos de apelación, de reforma o de ambos en paralelo. En ese sentido, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a través de una diligencia fechada el 15 de febrero del año en curso y recogida por Europa Press, ha acordado celebrar el martes 7 de mayo una sesión para deliberar sobre el recurso de apelación promovido por ‘Cobre las Cruces’ contra el auto de procesamiento.
LA QUERELLA
La querella de la Fiscalía de Medio Ambiente, que se remonta a 2008, partía de los expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contra ‘Cobre las Cruces’, por la supuesta detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. Estas prácticas, de hecho, motivaron que la CHG suspendiera entonces la concesión administrativa otorgada a ‘Cobre las Cruces’ para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua (SDR).
El Ministerio Público, en su querella, consideraba que el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa había desencadenado episodios de “contaminación metálica” y “contaminación por oxidación de las aguas drenadas” en el acuífero Niebla-Posadas, que además sufrió una detracción “neta” de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.
INCUMPLIMIENTO “REITERADO”
De cualquier modo, en el mencionado auto de procedimiento abreviado, la juez Ana Escribano considera que “los informes emitidos ponen de relieve que, efectivamente, la empresa ha venido incumpliendo de forma reiterada las condiciones que le fueron impuestas en la explotación minera”. A tal efecto, esgrime la juez informes desfavorables del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), la CHG y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, así como las pruebas testificales emanadas de las comparecencias de los técnicos de la Agencia Andaluza del Agua Mariano Palancar y Juan Luis Ramírez Vacas.
“El incumplimiento, por parte de los responsables de la mina, de las condiciones de explotación del mineral y de la ejecución del drenaje/reinyección, ha sido continuado y tales incumplimientos se encuentran relacionados causalmente no sólo con el potencial peligro para el medio natural, así como para las personas y bienes, sino también han producido daños en el entorno”, señala la juez en su auto, en el que además da cuenta de la práctica de “muchos más sondeos de los permitidos”, la construcción de “balsas en la zona de policía que han supuesto riesgos para los arroyos de la zona”, una “disminución del volumen del acuífero” Niebla-Posadas y un “aumento de los niveles de arsénico en las aguas superficiales y subterráneas”.
