Las autoridades de Myanmar deben detener de inmediato las operaciones en una mina gigante de cobre Letpadaung, copropiedad de una empresa china y el ejército de Myanmar, en la que se siguen cometiendo abusos constantes contra los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
Fuente: Amnistía Internacional
La mina Letpadaung está gestionada por Wanbao Mining, filial de NORINCO, conglomerado estatal chino con intereses en la fabricación de armas y la minería, y empezó a dar cobre en septiembre de 2016.
Ahora que Myanmar se ve libre de las sanciones que lo han atenazado durante años, y que el nuevo gobierno encabezado por Aung San Suu Kyi trata de lograr un incremento masivo de la inversión extranjera, el informe expone los peligros que entrañan los proyectos a gran escala cuando no se hace rendir cuentas a las empresas que cometen abusos contra los derechos humanos.
El informe, titulado, Mountain of Trouble: Human Rights Abuses Continue at Myanmar’s Letpadaung Mine, revela cómo miles de familias que viven en las cercanías de la mina Letpadaung corren peligro de perder sus hogares o sus tierras de cultivo a medida que se amplían las actividades mineras, y describe la amenaza de desastre medioambiental que se cierne sobre una zona propensa a los terremotos y las inundaciones, y la manera en que las autoridades siguen utilizando leyes represivas para acosar a activistas y residentes opuestos a la mina.
“Myanmar necesita desesperadamente que los grandes proyectos empresariales como la mina Letpadaung tengan éxito. Pero ese éxito no debe lograrse a expensas de las comunidades locales. El gobierno debe intervenir y suspender las operaciones de la mina hasta que se hayan investigado y abordado adecuadamente todos los motivos de preocupación respecto a los derechos humanos y el medio ambiente”, ha manifestado Mark Dummett, investigador de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.
Miles de personas en peligro de desalojo forzoso
El informe revela que miles de personas que viven cerca de la mina siguen corriendo peligro de ser desalojadas forzosamente de sus casas y/o sus tierras de cultivo. El operador Myanmar Wanbao Mining Copper Limited (en adelante, Myanmar Wanbao), filial de plena propiedad de Wanbao Mining, dice que planea ampliar el perímetro de la mina otros 2.000 acres, lo que incluye las casas de 141 familias en cuatro pueblos. La empresa no ha dado una fecha para su adquisición prevista, no digamos ya otros detalles.
Myanmar Wanbao afirma haber llevado a cabo consultas auténticas con todas las personas afectadas, pero la delegación de investigación de Amnistía Internacional ha descubierto no ha sido así. Por ejemplo, los residentes de los cuatro pueblos que deben ser totalmente reasentados han sido excluidos por completo de todas las consultas, a pesar de encontrarse entre los más afectados. Contra sus deseos, se enfrentan a la pérdida de sus granjas y al reasentamiento en otro lugar.
“Myanmar Wanbao sigue afirmando que ha consultado a todas las personas afectadas, pero nuestra investigación ha concluido que esas afirmaciones son sencillamente falsas. La empresa parece estar más interesada en las relaciones públicas que en garantizar de verdad que se respetan los derechos de las comunidades vecinas”, ha manifestado Mark Dummett, de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional escribió a Wanbao para exponerle sus averiguaciones y pedir una explicación, pero no ha recibido respuesta.
“Todas las cosechas se perdieron”
La mina Letpadaung está situada en la llanura aluvial del río Chindwin, y en una zona de actividad sísmica. Si se producen una inundación o un terremoto, los residuos contaminados de la mina podrían caer sobre la comunidad local. Myanmar Wanbao ha reconocido el impacto potencialmente “catastrófico” de una filtración así, pero no ha llevado a cabo una evaluación ambiental adecuada. Esa ausencia de evaluación pone a las comunidades locales en una situación de grave peligro.
Hay un incidente que muestra los peligrosos efectos de dejar desprotegidas a las comunidades locales. Amnistía Internacional descubrió que, en noviembre de 2015, una fuga de residuos de la mina estuvo afectando durante semanas a los campos de los residentes del pueblo de Wet Hme sin que Myanmar Wanbao hiciera nada para solucionarlo.
Tal como dijo un agricultor a Amnistía Internacional tras la fuga de residuos:
“Todas las cosechas se perdieron. Todo murió. Todos los lugares a los que llegó el agua perecieron. Perecieron poco a poco, a lo largo de unos diez días. Las cosechas primero se marchitaron y luego murieron.”
Myanmar Wanbao guarda silencio sobre aquel vertido, y niega a los residentes la información sobre sus causas, sobre el contenido del residuo líquido o sobre si constituía un riesgo para la salud. La empresa no ha limpiado la zona ni ha indemnizado a los residentes por la pérdida de sus cosechas.
Represión de las manifestaciones pacíficas
Pese a sus promesas de resolver los problemas entre Myanmar Wanbao y las comunidades locales, las autoridades de Myanmar han seguido deteniendo y acosando a los residentes que se oponen a la mina.
Invocando una multitud de leyes draconianas, las autoridades de Myanmar han seguido bloqueando las protestas y deteniendo y procesando a personas por ejercer su derecho de reunión pacífica.
Varios residentes se enfrentan al procesamiento y al posible encarcelamiento por participar en protestas. Por ejemplo, dos mujeres del pueblo de Thone se enfrentan a cargos de “acciones maliciosas que causan daños” y “difamación” pese a que las manifestaciones en las que participaron eran pacíficas.
Además, tres hombres han sido declarados culpables de participar en una manifestación ante la entrada principal de la mina Sabetaung y Kyisintaung (S&K), cercana a la mina Letpadaung y gestionada también por Wanbao Mining. Los hombres niegan los cargos de los que han sido declarados culpables: bloquear la entrada principal y entrar sin autorización en una propiedad de la empresa.
Además, no se ha hecho rendir cuentas a ningún agente por el uso de munición incendiaria de fósforo blanco –disparada desde los terrenos de Myanmar Wanbao– contra manifestantes pacíficos en noviembre de 2012, ni por la muerte de Daw Khin Win, una residente que murió por disparos de la policía mientras participaba en una protesta en 2014.
“En lugar de hacer rendir cuentas a los agentes por el uso del fósforo blanco y por la muerte de una manifestante, las autoridades castigan a las víctimas. Al usar leyes toscas y represivas, acosan, vigilan y procesan a personas que sólo piden justicia”, ha manifestado Mark Dummett.
La organización pide asimismo al gobierno de Myanmar que mejore la normativa sobre los grandes proyectos de inversión, como las minas, y que establezca un marco adecuado para la adquisición de tierras que se base en las normas internacionales sobre el derecho a una vivienda adecuada y sobre la prohibición de los desalojos forzosos.
Amnistía Internacional pide además a los Estados extranjeros, incluida China, que garanticen que, si sus empresas hacen negocios, o planean hacerlos, en Myanmar, adoptan medidas efectivas para asegurarse de que sus operaciones no dan lugar a abusos contra los derechos humanos. Todas las empresas extranjeras deben ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos en sus actividades empresariales previstas en Myanmar, de acuerdo con las normas internacionales.
Información complementaria
El informe muestra que, en los dos años transcurridos desde que Amnistía Internacional sacó por primera vez a la luz una serie de abusos graves contra los derechos humanos –algunos de los cuales databan de décadas atrás– en el proyecto de extracción de cobre de Monywa, que contiene las minas Letpadaung y S&K, apenas se ha hecho nada para abordar los problemas. El proyecto es propiedad de la empresa china Wanbao Mining, junto con la organización, propiedad del ejército, Union of Myanmar Economic Holdings Limited (UMEHL) y el gobierno de Myanmar.
Amnistía Internacional recogió y analizó muestras de suelo de la zona de la fuga de residuos, y sus análisis indicaron que las aguas residuales estaban contaminadas con diversos metales, en especial arsénico, cobre y plomo. Las muestras fueron analizadas después en el laboratorio de Greenpeace en la Universidad de Exeter, Reino Unido. Un científico medioambiental concluyó que el líquido tenía una elevada probabilidad de estar contaminado.
El científico en cuestión dijo a Amnistía Internacional:
“Las muestras del suelo indican que las aguas residuales del alcantarillado en la época del vertido tenían niveles elevados de diversos metales, en particular arsénico, cobre y plomo. Esto señala que existe una alta probabilidad de contaminación del agua causada por agentes contaminantes derivados de la mina.”
El informe de 2015 de Amnistía Internacional titulado Open for Business? Corporate Crimes and Abuses at Myanmar Copper Mine (disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/asa16/0003/2015/en/) exponía cómo el proyecto Monywa se había caracterizado por abusos graves contra los derechos humanos y por una falta de transparencia desde su inicio y durante sus diversos cambios de propietario.
