El ministro de Justicia sudafricano criticó el viernes a la fiscalía por acusar a 270 mineros del asesinato de 34 compañeros huelguistas que murieron por disparos de la policía, señalando que la decisión ha causado “conmoción, pánico y confusión” entre el público general.
Fuente: Reuters
La muerte a manos de la policía de huelguistas de la mina de Marikana este mes fue uno de los peores incidentes de su clase desde el final del régimen de segregación en 1994.
Los mineros arrestados han sido acusados a través de una ley que data del Apartheid, que considera que tenían un “propósito común” en la muerte de sus compañeros.
El Congreso Nacional Africano (ANC, en sus siglas en inglés), cuyos miembros solían morir a manos de la policía del Apartheid en protestas y que sufrían el acoso de leyes draconianas, ha sido muy criticado por utilizar tácticas similares ahora que está en el poder.
El presidente Jacob Zuma ha perdido popularidad y sus enemigos dicen que está más interesado en congraciarse con la industria y los poderosos sindicatos que por los mineros que trabajan bajo tierra.
En un congreso de la Internacional Socialista el viernes, Zuma no hizo comentarios sobre las acusaciones de asesinato. Su ministro de Justicia, Jeff Radebe, pidió respuestas.
“No hay duda de que la decisión ha provocado una cierta conmoción, pánico y confusión entre los miembros de la comunidad y el público general sudafricano. Por lo tanto recae en mi persona buscar claridad”, dijo en un comunicado.
La fiscalía empleó el jueves la ley de “propósito común” para acusar a los 270 mineros, que ya están bajo arresto como sospechosos de asesinato en un tiroteo previo en la mina, del asesinato el 16 de agosto de 34 compañeros de la mina Marikana, propiedad de Lonmin, el tercer mayor productor de platino del mundo.
Los 34 muertos recibieron disparos de la policía en un suceso conocido como la “masacre de Marikana”, y del que se han emitido videos en todo el mundo. La policía no recibirá sanciones hasta que termine la investigación gubernamental a principios del año que viene.
Durante el Apartheid, el Gobierno utilizaba con frecuencia el argumento del propósito común en contra de los negros, para condenar a una multitud de personas por los delitos cometidos por unos pocos.
Mosiuoa Lekota, un ex ministro del ANC y ahora líder del partido opositor COPE, fue encarcelado durante esa época en un caso en el que se empleó la doctrina del propósito común. Lekota dijo que la decisión de acusar a los mineros es un paso atrás para la democracia.
GESTIONAR EL SUCESO
Zuma se enfrenta a la reelección como líder del ANC en diciembre y una pobre gestión del tiroteo reforzaría a sus rivales, que consideran que lidera un Gobierno ineficaz.
El mandatario ha ordenado una investigación sobre la responsabilidad de la policía, Lonmin y los sindicatos enfrentados que provocaron la huelga en Marikana. El informe del comité se espera para un mes después de las elecciones del ANC.
Zuma ha hecho pocos progresos en sus políticas principales desde que asumió el cargo en el 2009. El desempleo sube, la percepción de la corrupción ha empeorado y la brecha entre ricos y pobres, que ya estaba entre las peores del mundo, se amplía.
Muchos de los mineros en huelga han evitado hasta ahora señalar a Zuma, prefiriendo criticar a Lonmin y al Sindicato Nacional de Mineros por no hacer suficiente para ayudarlos.
Expertos legales dicen que es probable que los cargos se derrumben la próxima semana cuando un tribunal celebre las audiencias por la fianza de los 270 detenidos.
Los expertos ven la acusación como un torpe intento de prolongar la encarcelación de los mineros, que sólo ha empeorado una situación tensa de por sí.
